Se sabía que la llegada del otoño iba a recrudecer notablemente los devastadores efectos de la pandemia, pero no hubo que esperar al 22 de septiembre para constatar una vez más que el virus no entiende de fechas ni estaciones; solo de prevención y previsión. Seguía vivo, y como tal su resurgimiento tras la breve etapa en la que consiguió contenerse a finales de primavera era inevitable, algo que acabaría ocurriendo tarde o temprano. La pregunta era el cuando. Y muchos, como lleva ocurriendo desde marzo con el terrible potencial del SARS-CoV-2, no presagiaron ni por asomo que ese regreso se adelantaría tanto. El patógeno irrumpió de nuevo en Galicia con un primer rebrote a finales de junio, ocho días después de que la Comunidad se convirtiese en la primera autonomía en culminar la desescalada, y desde entonces no se detuvo. En pocas semanas, los focos se contabilizaban por decenas, repartidos en proporción desigual a lo largo y ancho del territorio. Y con ello el efecto dominó de los repuntes (de las casos, primero, de la presión hospitalaria, más tarde, y de los fallecimientos, por último), los cierres y las restricciones de aforo y reunión, entre otros. Las posibles causas son ya conocidas: un cóctel de falta de anticipación, criterios no siempre lo suficientemente acertados para tomar medidas, insuficiencia de rastreadores y capacidad asistencial y una importante relajación a la hora de emprender el retorno hacia la nueva realidad social y económica, tal y como apuntan ahora los expertos al echar la vista atrás y analizar lo ocurrido. Pese a que la incidencia en la Comunidad ha conseguido mantenerse considerablemente por debajo de la media española durante todo este tiempo, la llegada de septiembre y con ello el reinicio de la actividad lectiva ha añadido nuevos frentes a los que la administración ha tenido (y seguirá teniendo) que dar respuesta en el marco de la crisis. Tras un julio y un agosto marcados por el creciente empeoramiento del factor epidemiológico y la preocupación al respecto, la vuelta a las aulas ha entrañado un desafío no menor para la Xunta en lo que a garantizar la seguridad de escolares, familias y personal se refiere. Tanto es así que, con dudas acerca de estas garantías, dio marcha atrás en el último momento y optó por aplazar una semana el arranque del curso para Secundaria, Bachillerato y FP ante la imposibilidad de muchos centros de adecuarse a las medidas de separación entre pupitres con tan poco margen de tiempo (la norma definitiva se impuso apenas 15 días antes del comienzo inicial, previsto para el 16 de septiembre). Pero toda seguridad resulta insuficiente contra un virus tan sumamente sibilino y contagioso, y los primeros positivos no tardaron en aparecer en las aulas. El día 14, solo seis después de reabrir, un colegio de Pontevedra se vio obligado a suspender toda actividad presencial tras detectar ocho casos entre la plantilla. Fue el primero de un incesante goteo de infecciones y cuarentenas que el viernes alcanzaba a 375 alumnos diagnosticados en guarderías y centros de enseñanza y 28 aulas cerradas. La mayor parte de las clases afectadas se concentran en el área de Vigo, mientras que Orense y La Coruña son las que más contagios acumulan. Aunque no es generalizado, algunas Anpas han culpado a los centros de los brotes, denunciando tanto falta de eficacia del protocolo como de coordinación e información a las familias. Del mismo modo, el malestar de parte del personal docente ante la «improvisación» de la Xunta motivó huelgas de poco o ningún calado debido a las elevadas cotas de servicios mínimos fijadas por San Caetano. Asimismo, en algunos centros se produjeron dimisiones en las directivas tras apreciar falta de medios para afrontar las exigencias del nuevo curso. Los desalojos de fiestas universitarias en domicilios con exceso de asistentes y sin medidas de seguridad han sido numerosas Por su parte, y al igual que ha ocurrido con la enseñanza de menor rango, las universidades se han visto obligadas a reiniciar la marcha echando mano de una mayor semipresencialidad en aquellos casos en los que no se pueda asegurar el estricto cumplimiento del protocolo. Los rectorados hacen todo lo que pueden para evitar contagios, y uno de los programas de contención que más ha destacado ha sido el diseñado por UVigo, que efectúa 200 PCR aleatorios a personal y alumnado cada semana a modo de cribado y ha colocado códigos QR en las aulas para facilitar los seguimientos de contactos. Pero también han aflorado las malas noticias a cuenta de una parte de ese alumnado, que a falta de discotecas y bares no ha dudado en trasladar la fiesta a los domicilios sin hacer caso de las medidas sanitarias ni del máximo de participantes permitido. Es, por ejemplo, el caso de Santiago, ciudad que desde hace un mes sufre restricciones especiales con el objetivo de rebajar una incidencia por encima de la media gallega y donde solo el jueves de la semana pasada se practicaron desalojos en una treintena de fiestas privadas. Aunque el caso de la capital gallega es significativo por el alto número de universitarios que acoge, las intervenciones policiales se han extendido también a otros grandes concellos, como Vigo o, en menor medida, La Coruña. Y las autoridades, airadas ante tamaña falta de responsabilidad y concienciación, han pedido más armas para castigar el incumplimiento de las restricciones en situaciones de este tipo. «Ya son mayorcitos» Así, el regidor santiagués, Xosé Sánchez Bugallo, lamentó que, en un escenario de emergencia sanitaria como el actual, la única sanción que se pueda imponer a quienes violen la normativa no pase de una multa de hasta 200 euros por ruido, habida cuenta de que los agentes no están facultados para acceder a las viviendas a pesar de recibir quejas. «Estamos hablando de chicos que el día de mañana van a ser nuestros abogados, profesores, médicos... Ya es hora de que empiecen a ser responsables. Son lo suficientemente mayorcitos para actuar con responsabilidad», llegó a decir el alcalde. Con todo, la cifra de desalojos cayó este jueves en Santiago a solo diez, si bien habrá que esperar aún unas semanas para constatar si se trata o no de una tendencia sostenida, así como de las consecuencias sanitarias que estas fiestas ilegales puedan repercutir en la ciudadanía. Por el momento, la USC contaba este pasado lunes con 14 positivos y 39 personas en cuarentena tras una semana de andadura, un porcentaje ínfimo si se coge como referencia los 25.000 alumnos matriculados el curso anterior. Por encima de todo, septiembre ha sido el mes que ha registrado el pico temporal de la nueva etapa de contagios, iniciada en julio y disparada en agosto. El máximo se alcanzó a comienzos de mes, con una media semanal de 275 casos diarios. Día a día, sin embargo, los positivos detectados se han situado entre los 220 y los 280 –llegando puntualmente a alcanzar las 332 infecciones el día 9–, la fase más cruda desde principios de abril. Y uno de los entornos más golpeados, como no podía ser de otra forma, ha sido una vez más el de las instituciones sociosanitarias. La residencia lucense de O Incio fue intervenida por la Xunta en la penúltima semana de agosto tras un brote que llegó a afectar a casi todos sus usuarios, y desde entonces también otras dos (la DomusVi de Outeiro de Rei, el día 8, y El Pinar de Culleredo, el 20) han caído en la misma desdicha. En paralelo, un repunte de las defunciones vinculadas a ellas: 40 de las 96 muertes registradas por coronavirus en septiembre fueron internos de estos centros. Para detener el avance de la segunda ola, la Xunta ha persistido en su plan de aplicar restricciones especiales en aquellas localidades o áreas que registren una incidencia notablemente superior a la media. Ha sido el caso de Santiago, Pontevedra, Orense y diversos municipios de menor tamaño de las cuatro provincias, con reducciones de aforo y reunión como principal dique de contención. Pero también ha optado por ampliar el enfoque y endurecerlas en aquellas zonas de los propios núcleos urbanos que presenten una peor situación. Fue, por ejemplo, el caso de A Milagrosa, en Lugo, o, más recientemente, el de Orense, donde cuatro calles recibieron limitaciones reforzadas en estos términos. La ciudad de As Burgas, precisamente, se convirtió ayer en la primera ciudad española en activar una restricción única hasta ahora: la prohibición de reunión entre los no convivientes. Quedan todavía muchos meses para la llegada de una vacuna eficaz, y varios más aún para un blindaje masivo. Lo que nos reserva el patógeno hasta entonces (¿en qué momento de la segunda ola estamos?, ¿habrá una tercera?, ¿qué factores intervendrán?) sigue siendo un misterio. Pero es posible hacer vaticinios apoyándose en los expertos. «Yo creo que esta segunda oleada ya debe estar cerca de alcanzar el pico y comenzar a descender, lo que seguramente ocurrirá a lo largo de octubre-noviembre. Cuando esto ocurra, se deben sacar enseñanzas de los aciertos y errores de la gestión de las dos olas anteriores y prepararnos para no volver a fallar en la tercera ola que seguramente vendrá. Por delante tenemos todavía que ver que ocurre en los colegios y universidades, y con la gripe estacional. Dentro de unos días se va a iniciar la campaña de vacunación y este año, más que nunca, como medida de precaución, deben vacunarse al menos todas aquellas personas que pertenezcan a grupos de riesgo», apunta Juan Gestal, epidemiólogo de la USC. Él, como tantos, no imaginó de ninguna manera lo ocurrido en verano. Una vez más, la moraleja de esta crisis se antoja más certera que nunca: lo peor que se puede hacer con este virus es subestimarlo.De España https://ift.tt/3lotQfV
0 comentarios:
Publicar un comentario