Las causas pendientes del 1-O

De la planificación del 1-O se encargaron los ahora diputados de ERC en el Parlamento catalán Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Así lo considera el TSJC, que los juzgará cuando la Fiscalía detalle qué pena pide para quienes entonces eran altos cargos del gobierno de Puigdemont. Fueron detenidos en el operativo en el que se incautó a Jové una agenda con anotaciones de la supuesta hoja de ruta para la secesión. La juez señala a este por autorizar partidas que, camufladas con otros conceptos, iban supuestamente destinadas al 1-O. Los cargos contra Salvadó estriban, sobre todo, en sus maniobras para dotar a Cataluña de una Hacienda propia, una «estructuras de Estado» más que preparaba la Generalitat para una Cataluña independiente. Están imputados por malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Los «peones» del 1-O también están pendientes de ser juzgados. Son una treintena de exaltos cargos de la Generalitat, técnicos, empresarios e incluso directores de los medios de comunicación públicos catalanes. Se encargaron de la impresión y almacenamiento de las papeletas, del dispositivo informático para las votaciones o de publicitar la consulta en los medios públicos. Están imputados por desobediencia, falsedad, revelación de secretos y algunos por malversación. El 1-O necesitaba locales para acoger las votaciones y en eso se volcaron muchos alcaldes. La investigación, iniciada por la Fiscalía contra decenas de alcaldes, acabó desinflándose y cercando solo a aquellos de los que hubiera constancia de que habían facilitado locales municipales. Son una decena de alcaldes, investigados en procesos judiciales separados. Entre ellos, el ahora consejero de Exterior, Bernat Solé, entonces alcalde de Agramunt (Lérida). La efímera sindicatura electoral designada por el Parlamento catalán habría de velar por el referéndum pero sus cinco miembros decidieron disolverla en cuanto el Tribunal Constitucional amenazó con sancionarles. Pese a ello, serán juzgados el 4 y 5 de noviembre por desobediencia y usurpación de funciones. La inacción de los Mossos que entonces encomandaba Josep Lluís Trapero fue clave, según la Fiscalía, para consumar la consulta ilegal. El entonces máximo responsable de la Policía catalana y la excúpula política de los Mossos ya fueron juzgados, acusados de sedición, pero la sentencia de la Audiencia Nacional se está haciendo esperar. El fallo condicionará las causas abiertas en varios juzgados catalanes contra mandos de la Policía autonómica de menor rango por haber sido permisivos con el 1-O. El «exceso» de la Policía Nacional en algunas actuaciones concretas para reprimir la consulta también se debate en un juzgado barcelonés, que mantiene a una cincuentena de agentes imputados por el uso desproporcionado de la fuerza contra los votantes. Las dificultades para identificar a los agentes retrasa la instrucción. Ayer trascendió que el juez ha vuelto a imputar, tras poder identificarlo, al agente que dio una «patada voladora» a un votante en un colegio. Al margen del 1-O propiamente dicho aun colean causas del «procés» no resueltas. Por ejemplo, la abierta contra los exmiembros de la Mesa del Parlament, que esperan sentencia. También la imputación del ya exconsejero Miquel Buch por sufragar con fondos públicos la escolta de Puigdemont, además de las causas contra los CDR. Capítulo a parte merecería la situación de los políticos que se fugaron tras declarar la independencia.

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