Las autoridades de Bolivia están investigando casos de venta de plasma hiperinmune de pacientes de COVID-19 recuperados que se destinaría a transfusiones de enfermos que, a cambio, abonarían una "bonificaciones" de hasta 3.000 dólares.
El uso de plasma hiperinmune se aprobó como medida terapéutica y fue validado por el Ministerio de Salud en mayo. El tratamiento con plasma se aplicó primero en La Paz hace dos semanas y este 6 de junio mostró que los resultados eran favorables para la vida del paciente.
Este hecho ha provocado que se disparen los anuncios en redes sociales de posibles donantes y de peticiones de plasma para enfermos de la COVID-19, mientras los hospitales carecen de reservas.
El coordinador nacional del Programa de Sangre en Bolivia, Ignacio Alurralde, explicó que el Banco de Sangre de la ciudad de Santa Cruz está saturado. En los almacenes no queda ni una sola unidad de plasma, mientras que en La Paz la última se entregó el 6 de junio.
Arrualde explicó que algunos pacientes recuperados del coronavirus pidieron hasta 3.000 dólares por su aportación. "Es un problema social. Están ofertando su sangre para vender y eso es considerado como tráfico", apuntó, en declaraciones al diario Página Siete. Según la ley las donaciones son gratuitas y la venta de plasma es un delito y se considera como tráfico de sangre.
El director nacional de la fuerza anticrimen, Iván Rojas, aseguró que la División Cibercrimen pondrá en marcha una investigación ante estas denuncias. "Considero que quienes tuvieron la suerte de vencer al virus deberían tener la obligación moral de cooperar a quienes caen", apuntó.
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