No hay delito, pero sí mentira

Vaya por delante que demostrar la comisión de un delito de prevaricación por omisión de un delegado del Gobierno es extraordinariamente difícil. Atribuir capacidad de dolo a cualquier persona, como causante deliberado del fallecimiento de miles de personas por indolencia, descuido o desaprensión, no es una tarea sencilla ni siquiera para jueces con arrojo. El delegado del Gobierno en Madrid ha visto archivado el procedimiento abierto contra él por no haber movido un solo dedo para prohibir las manifestaciones masivas del 8-M y, por tanto, para impedir la propagación del coronavirus. No hay aparente responsabilidad penal, pero sí quedan el rastro ético de la obediencia debida y un tufo de sumisión política a La Moncloa que, de no haberse producido, probablemente habría reducido el número de fallecimientos. «Ha habido un escrache brusco e inédito a la independencia judicial para controlar la investigación desde Interior» Especular en Derecho no tiene sentido. El Derecho, como la justicia, se basa en pruebas e indicios. Si decaen, decae cualquier acusación. Son las reglas del juego en una democracia, y afortunadamente es un axioma de libertad. Sin embargo, algo temía el Gobierno de Pedro Sánchez y por eso emprendió una brutal campaña de acoso a una juez, Carmen Rodríguez Medel, hasta ahora ampliamente elogiada por la izquierda. Ha sido un escrache brusco e inédito a la independencia judicial para controlar la investigación desde Interior. Si no fuese por el miedo cerval del Gobierno a cualquier repercusión penal en la gestión de la pandemia, jamás se habría producido una purga en la Guardia Civil. Y la Fiscalía o la Abogacía del Estado jamás habrían despreciado a la magistrada como lo han hecho, con una desafección procesal y una antipatía personal solo conocidas contra la juez Mercedes Alaya, instructora de los ERE. La responsabilidad penal es una, y la política otra. Son palabras antiguas de Pedro Sánchez que hoy carecen de efecto porque solo tenían validez cuando la derecha gobernaba. La Delegación del Gobierno sabía de antemano que era un error permitir el 8-M, pero esas manifestaciones eran el icono del laboratorio en el que Sánchez e Iglesias experimentan con los españoles. Y por mucho menos que la acusación archivada ahora contra Franco, fiscales, diputados o ministros renunciaron antes a sus cargos: ocultaron la verdad, mintieron y no delinquieron, pero no salieron como héroes porque no fueron ejemplares. Franco no ha delinquido, pero tampoco ha sido ejemplar porque «las manifestaciones del 8-M incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública». Esa es la verdad judicial. No hay delito, pero sí culpa política y mentira. Por mucho menos, la derecha perdió una moción de censura.

De España https://ift.tt/2MVcMig