
El Govern catalán aprobó ayer un decreto-ley para intentar evitar que no parezca que la Generalitat avala las fianzas de los implicados en el ‘procés’ investigados por el Tribunal de Cuentas (TdC) y cuyo dinero –el de las fianzas– tiene que acabar, finalmente, en las arcas de la administración autonómica, si los acusados son condenados. En apariencia, un fraude de ley en toda regla. La estrategia del Govern presidido por Pere Aragonès (ERC), tras la exigencia del TdC para que 34 altos cargos de la Generalitat depositen, antes del 21 de julio, una fianza de 5,4 millones de euros por el dinero gastado presuntamente de forma indebida por la acción exterior del 1-O, se limita a crear un nuevo fondo...
Ver Más
De España https://ift.tt/3hAFKTu
0 comentarios:
Publicar un comentario