Implantar la nueva Ley de Memoria Democrática tendrá un coste desconocido, según se desprende del análisis presupuestario elaborado por el Ministerio de la Presidencia y al que ha tenido acceso ABC. La memoria de la ley señala que en las cuentas solo figuran «las previsiones económicas necesarias para la realización de algunas de las actuaciones», y que la nueva ley «prevé la realización de determinadas actuaciones que afectarán a los Presupuestos Generales e implicarán un impacto en su estado de gastos», que no entra a detallar. La Moncloa no desglosó el coste de las distintas partidas cuando presentó la ley, argumentando que ya estaban previstas dentro del presupuesto de Presidencia de 2021. Sin embargo, la Memoria recoge ahora esas tareas que no están cuantificadas ni presupuestadas. Entre ellas, cita el coste total de los planes de búsqueda, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas; el programa de convenios para la adquisición de documentos referidos a la Guerra Civil o a la represión política que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros; o la retirada de vestigios. Nuevos contratos Estas actuaciones, subraya la memoria, requerirán «en algunos supuestos, de ulteriores desarrollos normativos y en otras ocasiones, de la formalización de instrumentos jurídicos tales como convenios de colaboración o contratos». Y sobre este coste añadido señala que «se realizará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de las anualidades correspondientes, adaptándose a las disponibilidades presupuestarias vigentes en cada momento». La memoria sí detalla las partidas que tienen presupuesto. Son cinco y en conjunto, superan el millón de euros. Es el caso de la elaboración de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra y la Dictadura con un coste asociado de 600.000 euros; la creación del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura con una previsión de entre 300.000 y 500.000 euros, y la creación de un Inventario de Lugares de Memoria Democrática con 50.000 euros reservados. Además, hay otros 100.000 euros previstos para repartir entre dos partidas: el funcionamiento del Consejo de Memoria Democrática y la elaboración de los informes y estudios que prevé la nueva ley. Entre ellas no cita el plan cuatrienal de exhumaciones dotado con tres millones de euros y aprobado el pasado marzo. A este plan pertenece la subvención por un millón de euros concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias para que las entidades locales puedan investigar, localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas en fosas hasta mayo de 2022. El restablecimiento de las pensiones recortadas en 2013 tampoco tiene una cuantificación, si bien la memoria señala que su carácter será «reparador y eminentemente simbólico para los colectivos afectados» por lo que su «impacto económico será prácticamente inapreciable». Las compensaciones contemplan la orfandad, indemnizaciones por prisión, ayudas en caso de cónyuge fallecido en prisión; e indemnizaciones a presos sociales. Más carga de trabajo En lo que sí hace hincapié Presidencia es que la nueva ley no prevé impacto en los gastos del Estado en personal. Es decir, que no dará lugar a la creación de nuevas plazas de funcionarios y serán los actuales los que asumirán la carga de trabajo que se derive del texto. Esta consigna también se aplica al ámbito judicial pese a la creación de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática. «Esta nueva figura no supondrá un incremento de personal en la Administración de Justicia», recoge la memoria. «Si tenemos en cuenta la previsión de amortización de plazas de fiscales de Sala del Tribunal Supremo, el potencial aumento de coste real será cero», añade. Entre las competencias de esta nueva Fiscalía se encuentra la acción pública en cualquier tipo de procedimiento constitutivo de delito por violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos. El funcionamiento del Consejo de Memoria y la auditoría de los bienes expoliados durante la Guerra y la Dictadura franquista también recaerán sobre los actuales funcionarios, fundamentalmente, de Presidencia, así como la «implementación y ejecución de las restantes medidas». «Restantes futuros costes» En cuanto a las cargas administrativas para la población derivadas del nuevo Registro de Entidades y la declaración de los Lugares de Memoria, afectarán a un nicho reducido de unas 250 entidades y expertos con un coste anual de 13.250 euros en total. Sobre los «restantes futuros costes presupuestarios que surjan», Presidencia solo indica que se «adecuarán a los principios de eficacia y eficiencia». «Quedarán completamente justificados atendiendo a razones éticas y democráticas así como al debido reconocimiento y reparación merecidos por todas las víctimas», subraya.De España https://ift.tt/3zXgONG
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