sábado, 30 de junio de 2018

Las 300 familias de la cooperativa del Taller de Artillería denuncian al Ayuntamiento de Madrid

Las 335 familias que forman parte de la Cooperativa Maravillas, quienes adquirieron en 2014 la parcela del antiguo Taller de Artillería (TPA) del Ministerio de Defensa, en la calle de Raimundo Fernández Villaverde, han denunciado al Ayuntamiento por forzarles a pagar 41 millones de euros a cambio de no ceder el 10 por ciento del terreno para uso público. «El Ayuntamiento valoró la superficie en 13,9 millones de euros, y ahora ha pasado a unos sorprendentes 41,1 millones, en lo que el Consistorio llama “nueva valoración” asignando a esos suelos, destinados a zonas verdes o equipamientos, un valor como si se tratase de suelo residencial», expresa el bufete Verdegay Abogados, que representa a las familias. Los afectados, cuyas viviendas iban a ser entregadas este año y aún no se han empezado, subrayan que la primera valoración emitida por el Ayuntamiento, que fue recogida en el Convenio de Gestión y que incluso sometida a información pública, contemplaba que se trataba de terrenos «de cesión, sin aprovechamiento lucrativo». Según argumentan, tanto sus abogados como la Universidad Autónoma y la Politécnica emitieron sendos dictámenes en los que consideraban que esa nueva valoración «no se ajusta a la ley y es desproporcionada». «Impone a los cooperativistas una carga que quiebra los principios rectores del urbanismo», sostienen. A pesar de que esta impugnación de la valoración no afecta a todo el Convenio, la Cooperativa tiene que ingresar la diferencia para poder construir sus viviendas. Y sólo recuperará el importe en el caso de ganar el proceso judicial. Un nuevo «escollo» Los cooperativistas consideran que este es un «nuevo escollo a salvar de una larga lista», puesto que subrayan que el pasado 25 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso Nº13 de Madrid falló contra el recurso del Grupo Municipal Socialista que impedía demoler el edificio para construir sus viviendas. Las familias recuerdan que adquirieron la propiedad del terreno en subasta pública. Desde entonces, renunciaron a casi 500 plazas de aparcamiento autorizadas en la aprobación inicial del Plan Parcial, para poder obtener el «ok» definitivo.

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