
La deuda que el Gobierno tiene con el secesionismo se mide en cifras que van más allá de las votaciones de investidura o Presupuestos. En tan solo año y medio, los partidos independentistas han evitado la constitución de siete comisiones de investigación en el Congreso por asuntos relacionados con los socios de coalición o su gestión y una treintena de comparecencias de miembros del Gobierno ante el pleno, de las que casi la mitad de ellas -14- se exigían a Pedro Sánchez. Del resto de explicaciones vetadas, tres se reclamaban a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; otras tantas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a los titulares de Justicia, Juan Carlos Campo y antes Dolores Delgado; mientras dos de...
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