La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha salido con la suya en lo que se refiera a poner el foco parlamentario en la relación entre la falta de controles en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez y los casos de Covid registrados en la Comunidad de Madrid. El pleno de la Asamblea de Madrid, que se reúne por primera vez el próximo 8 de julio, tras la sesión constitutiva del pasado día 8, debatirá la petición de creación de una comisión de investigación que, con toda probabilidad, saldrá adelante. Aunque la izquierda se oponga a la misma, como ya ha advertido, los 65 diputados del Grupo Popular serán suficientes para su aprobación, si Vox no se opone, circunstancia ésta que no se contempla. Los de Abascal votaron a favor de su tramitación en la Mesa de la Asamblea. La Junta de Portavoces de la Asamblea, que se celebró ayer, aprobó la petición de constitución en el orden del día del pleno de la semana que viene, ante la oposición de la izquierda. El reglamento de la Cámara obliga a votar la comisión si hay algún grupo que se opone a su constitución. En la exposición de motivos de la propuesta, los populares recuerdan que «una de las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid en su estrategia de lucha contra el Covid se centró en solicitar controles en Barajas que contuvieran la llegada de casos positivos, la entrada de nuevas cepas y permitieran una contención eficaz de la pandemia, dado el gran número de personas que llegan a la región vía aérea. Las exigencias de controles efectivos han sido reiteradas una y otra vez al Gobierno de la Nación por parte de la presidenta de la Comunidad y del consejero de Sanidad». Emergencia El Grupo Popular afirma que estas exigencias de control «se trasladaron de forma continuada en el Consejo Interterritorial, en la Conferencia de Presidentes, y en cada contacto bilateral. La petición se escuchó en las Cortes Generales, fue exigida y debatida en la Asamblea de Madrid, y pedida una y otra vez en las ruedas de prensa del Gobierno madrileño. Y se ha exigido de forma reiterada mediante peticiones formales del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad. La Comunidad de Madrid planteaba simplemente los criterios de la Organización Mundial de la Salud que fija que, ante una emergencia de salud pública, los países de deben «aplicar controles de entrada o salida a los viajeros que lleguen o partan». A juicio del Grupo Popular, «el Gobierno de la Nación, no sólo no estableció restricciones y controles importantes de vuelos internacionales, especialmente procedentes de Italia, a pesar de la magnitud que la pandemia ya tenía en el país transalpino, sino que estableció tan solo la inspección ocular y controles de temperatura, a pesar de que tal y como ha confirmado un reciente informe (20 mayo 2021) del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el control de temperatura como sistema de control no tiene respaldo científico y era además una medida de alto coste y poca eficacia». Vox pide recortar subvenciones Por otra parte, el pleno también votará la Proposición no de Ley de Vox para reducir el gasto público, recortando las subvenciones a la conferencia de empresarios de Madrid y a los sindicatos. En la exposición de motivos de esta iniciativa, la formación de Abascal señala que «consideramos que los sindicatos, al igual que los partidos políticos, debe ser independientes en su actuación, y no deben suponer un coste injustificado a los españoles, sino que deben financiarse a través de las cuotas de sus afiliados, máxime en este caso en el que participan en el Consejo para el Diálogo Social debe garantizar la independencia total de los poderes públicos en aras de una representación real de los intereses de los trabajadores». Vox recuerda que las subvenciones directas para la realización de actividades es de 600.000 euros a los empresarios, y 300.000 para cada una de las centrales sindicales. Y señala que «cada una de las partes dialogantes subvenciona el coste de la actividad que desarrolla la otra de las partes» y se pregunta: «¿Podemos hablar de diálogo? ¿es defendible que los mencionados agentes sociales actúan realmente en defensa de los intereses de los trabajadores o acaso son una parte más de la red clientelar que unos gobiernos y otros se ocupan de extender y alimentar»De España https://ift.tt/3xa9sVV
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