La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en coordinación con la Dirección General de Salud Pública y empresas del sector desarrolla una agenda de control sobre lo que se vende en las máquinas ubicadas en centros oficiales. Una de las ecuaciones a despejar por el nuevo Gobierno de Canarias, una tetrarquía integrada por PSOE, Nueva Canarias (Hacienda), Podemos y partido gomero ASG, es aclarar si aplica o no una tasa a las bebidas azucaradas en 2020. La jefa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, María José Guerra Palmero, simpatizante de Podemos bajo dirección del PSOE, ha dicho este verano en «Diario de Avisos»: «La industria alimentaria se ha excedido y hay una falta de reglamentación de los azúcares. Tenemos un problema enorme con la diabetes y la obesidad infantil». Sobre las máquinas expendedoras, Guerra Palmero ha sentenciado: «veo que todos los alimentos son poco saludables y me enfada, porque lo que tenemos que hacer es fomentar el consumo de frutas y no de los ultraprocesados. Aunque esto no me corresponda a mí, creo que habrá que plantear todo esto, porque con una población más saludable, haremos bajar el gasto en Sanidad». En febrero de 2018 Podemos logró la unanimidad del Parlamento de Canarias para que el Gobierno de Canarias instaurase un impuesto «a las bebidas refrescantes hipercalóricas» y en general a todas aquellas que tengan «azúcares añadidos», así como a los «alimentos con alto contenido en grasas saturadas». Ni caso le hizo el Ejecutivo regional al Parlamento de Canarias. Radiografía del mercado En las islas Canarias hay dos grandes operadores en el negocio de las máquinas expendedoras. Una es AMFM (Las Palmas) y otra FSV (Santa Cruz de Tenerife). AMFM Vending, que tiene un plan de acción social desde su creación en los años Ochenta, es la empresa líder del sector en las islas por negocio. Registra unos ingresos de explotación de 11,7 millones de euros y controla sociedades como Explotaciones Amarad, Explotaciones La Montañeta, Explotaciones Martel, Trujillo 2000 o la sociedad limitada Zapilongo. AMFM tiene el servicio de las dos universidades públicas de Canarias. FSV Archipiélago, que ha contado con respaldos de la UE en forma de inventivos regionales, ha indicado al registro mercantil ingresos por 6,3 milones de euros y etá controlada por Karl Uranos Norling, administrador a su vez de Ocs Maquinas Canarias o Servicio Tecnico de Vending Canarias. Hospitales Este verano, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado a AMFM las máquinas expendedoras en centros hospitalarios de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. En el caso majorero, se trata de la instalación de 15 máquinas expendedoras de alimentos sólidos y bebidas calientes y frías y en Tenerife de 37 unidades. Se trata de concursos que estaban en trámite desde diciembre de 2017 en el caso de Tenerife y 2018 en Fuerteventura. Son 37 máquinas expendedoras en el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señorade Candelaria y centros dependientes. Al concurso concurrió FSV Archipiélago y Maxelga 93. Hay un tercer operador en Las Palmas que llama Grupo Dávila, propietaria de la marca de refrescos Nik, y que tiene una línea de negocio de alimentación con máquinas expendedoras en el sector del tabaco y hostelería. ¿Qué pasa con el azúcar? En las islas, las empresas del sector y el Gobierno de Canarias mantienen el desarrollo de un inventario de aquellos centros educativos que disponen de máquinas expendedoras para el fomento de la alimentación sana. En 2018, Podemos pidió establecer un gravamen del 13,5% para la bollería industrial y las bebidas azucaradas. Era para que en 2019 se gravara productos de bollería y alimentos procesados que tengan más de 2,5 gramos o 10 kilocalorías de azúcares por cada 100 kilocalorías de producto. La recaudación deberá destinarse a sanidad infantil, a la investigación sobre la relación salud-alimentación y desigualdad social y a campañas de sensibilización favorables a una dieta saludable, según ha informado Podemos, cuyo diputado Francisco Déniz ha promovido las propuestas. Francisco Déniz ha señalado que «la gente más humilde es la más afectada por el poder patógeno de la comida basura, que es más barata» y ha defendido que este impuesto debe formar parte de una estrategia integral para favorecer una dieta saludable. La moción instaba al Gobierno canario a fomentar campañas para fomentar el consumo de productos locales y para favorecer la prevención desde el punto de vista sanitario, especialmente destinadas a la población de riesgo. Lo que no prosperó fue la propuesta de Podemos para que el ejecutivo regional comenzara una reducción progresiva de las ayudas del Régimen Específico de Abastecimientos (REA) a la importación de azúcares y grasas destinadas a la elaboración de bebidas refrescantes hipercalóricas, respostería industrial y alimentos con alto contenido en grasas saturadas. Según Déniz, el nuevo impuesto es solidario, «porque el problema de la diabetes y la obesidad infantil afecta a las clases populares». Las condiciones socioeconómicas «tienen un poder patógeno oculto, la comida basura es más barata y hay que poner obstáculos a los alimentos perjudiciales para la salud», ha argumentado el diputado, quien ha defendido la necesidad de frenar el «veneno» que es el azúcar. «Hasta los embutidos tienen azúcar, o las pizzas, no sabemos lo que estamos comiendo y hay que recordar que la fructosa también es cancerígena», agregó. La moción pedía al Gobierno canario que regule la venta de alimentos y bebidas ricas en grasas saturadas y azúcares en los centros de Educación Secundaria y que, en un plazo de dos años, aumente hasta cinco horas semanales el tiempo dedicado a la actividad física extraescolar en los centros educativos, sumándolas a las tres horas vigentes dedicadas a la educación física.De España https://ift.tt/2UsUI22
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