¡A la mierda!

Aquella frase --improperio para algunos-- del mítico José Antonio Labordeta lo resumía todo. Su rotunda exclamación respondía a la hartura a la que le llevaron aquellos impertinentes parlamentarios de derechas. El político de Aragón escenificó su molestia porque no le dejaban hablar: “porque era una forma de no dejarme escuchar a la ciudadanía”. Un sentimiento de frustración que, años más tarde, describiría como una forma de estallar por no permitirle reivindicar lo que a los ciudadanos, a los que él estaba representando en aquel hemiciclo, de verdad les preocupaba. Es la misma saturación que sentimos los que, sintiendo que formamos parte del Estado español, que pertenecemos a esta Europa nuestra, no podemos, ni queremos, dejar de defender lo que nos toca, que no es más que un trato digno, igualitario y justo. Sin agravios. Varios sucesos han provocado que recuerde con especial orgullo aquella frase del polifacético baturro. El reciente aniversario de su muerte, un caso familiar de cáncer de próstata o haber comprobado que vuelven a hacer ruido aquellos interesados en desviar la atención para que el problema de la flagrante situación de la infrafinanciación valenciana no sea objeto de actuación inmediata pueden ser algunas de las razones. Nada hay más vil y ruin que desviar la atención con afirmaciones tan crueles como que la Comunidad Valenciana es una de las más beneficiadas por los mecanismos de liquidez. Como seguro exclamaría Labordeta, ¡No te jode! Las comunidades autónomas que reciben financiación por encima de la media (que, por cierto, deberían tener objetivos de superávit y no de déficit y mucho menos simétrico al de las regiones que estamos con el agua al cuello) no recurren a los préstamos del Estado porque no los necesitan. ¡A la mierda! Aquella tarde en el Congreso le salió del alma. Y es lo que ahora me sale a mí. Detrás de ese argumento absurdo de la mala gestión, el descontrol del gasto y el incumplimiento de un déficit al que no es posible ni acercarse, se esconde una pésima gestión de la información que el Estado maneja de las cuentas autonómicas. España nos debe, y mucho, a los valencianos. Y con España, todas las CCAA que llevan recibiendo dinero por encima de la media. Mil millones de gasto ejecutado Citaré como ejemplo que, personalmente, he solicitado al Ministerio un cálculo correcto de los factores que claramente perjudican al PMP valenciano y que son de tipo estructural. Utilizando información pública del propio Ministerio, financiándose en su totalidad tanto el objetivo de déficit como sus desviaciones, hay aproximadamente 1.000 millones de euros de gasto ejecutado sin financiación que tensiona de forma estructural la tesorería de la Generalitat. Otro paradigma claro y que resulta muy de actualidad es la trampa que suponen afirmaciones como la de que el gasto en servicios públicos fundamentales en la Comunidad Valenciana está concurriendo a la media de las autonomías. O incluso, dicen, por encima de ella. Los valencianos hacemos un sobreesfuerzo para poder alcanzar la media del gasto en sanidad, educación y servicios sociales. Y esto supone un desgaste monumental con un distanciamiento abismal con respecto a la media en el resto de gastos y en inversiones. Tanto es así que, siendo nuestra ubicación estratégica a la hora de atraer determinadas inversiones generadoras de empleo, riqueza y tractoras de otras inversiones, nuestra capacidad económica para poder incentivarlas se ve frustrada por un sistema de financiación incapaz de resolver las desigualdades. Ocurre lo mismo cuando nos quejamos a otras comunidades de ‘dumping’ fiscal. Comunidades que no es que consideran ideológicamente que reduciendo sustancialmente los tipos impositivos van a recaudar más que ahora con los ciudadanos actuales, sino que esperan recuperar la pérdida recaudatoria robando las bases imponibles de otras comunidades. Esta deslealtad institucional debería ser corregida en el modelo de financiación, en el sentido que las decisiones fiscales de un territorio afectaran exclusivamente al mismo. Si no fuera así, no sólo no podemos incentivar al mismo nivel las inversiones, sino que nuestros impuestos no pueden ser igual de competitivos por ese mismo problema. ¡A la mierda! Déjense de desviar la atención y preparen de una vez una propuesta, inicien el procedimiento por el cual deben compensarnos más de 30.000 millones de deuda (y cárguenla a otras comunidades que históricamente han estado sobrefinanciadas), establezcan mientras tanto objetivos de déficit, o superávit en su caso, asimétricos que todas las regiones podamos cumplir, acuerden unos presupuestos que permitan iniciar la ejecución de unas inversiones que, por primera vez, preveían los presupuestos del gobierno central y que algunas comunidades no quisieron apoyar. Realicen también algún tipo de actuación que impulse la atracción de inversiones a nuestra comunidad y no las espanten con el bloqueo de infraestructuras que para nuestro desarrollo son estratégicas. Sólo si ponen en marcha estas medidas, no les enviaré, cordialmente, al título de esta disertación.

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