De la imponente chimenea de la central térmica de As Pontes, que con sus 356 metros supera en altura a la Torre Eiffel, no sale humo desde el pasado mes de abril. En los últimos meses la preocupación había ido creciendo en la localidad coruñesa, la segunda más rica de Galicia. En una comarca vinculada al carbón desde que empezó a explotarse la mina en los años 40, eran conscientes de que el futuro tendría que dejar de escribirse en negro. La mayor térmica de España —que llegó a aportar el 12% de toda la electricidad que se consumía en el país y era uno de los 20 focos más contaminantes de la UE— tenía los días contados. Pero nadie esperaba que los acontecimientos se precipitasen. En la tarde del viernes, para frenar el impacto en la Bolsa, Endesa comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la parada de la producción de la planta coruñesa y la de Litoral, en Almería, era definitiva. «Suponíamos que la central iba a cerrar, pero no contábamos con que el anuncio fuese comunicado con esta rapidez», indica Luis Varela, presidente del comité de empresa de una central que comenzó a funcionar en los años 70. «Las casi 800 familias que vivimos de esto estamos descolocadas», asegura Varela. Para luchar contra el cambio climático, la Unión Europea lleva años endureciendo su legislación medioambiental. Además de poner un tope a las emisiones, ideó un sistema similar a la Bolsa en el que las empresas y los especuladores compran CO2, el principal gas responsable del calentamiento del planeta. En el último año los precios de la tonelada se han disparado. La electricidad de las centrales térmicas es demasiado cara y se ha quedado fuera del mercado español. Otras fuentes como las renovables o el gas cubren la demanda eléctrica y el carbón ha dejado de ser competitivo. Compañías como Naturgy o Iberdrola se olían el nuevo escenario y apostaron ya hace tiempo por cerrar sus térmicas. Pero a Endesa el encarecimiento del CO2 le llegó a contra pié. La eléctrica había decidido clausurar sus plantes de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) pero apostó por invertir en As Pontes y Litoral para adaptarse a la nueva directiva de emisiones de la UE, que le obliga a reducir otros gases contaminantes como el dióxido de azufre o el óxido nítrico. Teóricamente así podría continuar operativa hasta el año 2035. En la localidad coruñesa, la factura asciende a 220 millones de euros. Hasta el pasado viernes, trabajadores, transportistas y las administraciones locales de Ferrolterra mantenían vivo un hilo de esperanza para que la inversión no cayese en saco roto. En las últimas semanas se han sucedido movilizaciones para pedir una solución de futuro para una comarca que aún no ha superado el castigo de la reconversión naval. Necesitaban tiempo para acometer una transición hacia fuentes menos contaminantes. «Somos conscientes de que Europa está muy comprometida en la lucha contra el cambio climático y que tenemos que ir sustituyendo el carbón por los biocombustibles», explicaba el jueves en conversación con ABC, el alcalde de As Pontes, Valentin González Formoso. El Ministerio de Transición Energética había prometido convocar una mesa de trabajo en la que sentar también a Endesa. Los afectados le iban a pedir tiempo para que la central se reconvirtiese y pudiese formar parte de la denominada economía circular produciendo electricidad gracias a residuos que suponen un problema de gestión ambiental. En los últimos meses, Endesa ya ha realizado pruebas en la planta para ver si era capaz de quemar en sus hornos materiales como los lodos de depuradoras mezclados con carbón, residuos forestales o incluso con el orujillo de la aceituna. Las pruebas, explica Marcos Prieto, vicepresidente del comité de empresa que trabaja en el laboratorio de la central pontesa, confirmaron que «técnicamente puede hacerse». Desde el comité insisten que que la lucha no ha terminado y tratarán que la factoría se reconvierta. Endesa aún no ha puesto fecha al cierre de la planta ni explicado qué va a pasar con las instalaciones. Pero en su comunicación a la CNMV ya ha calculado el impacto en sus cuentas de cerrar las térmicas de As Pontes y Litoral incluido su desmantelamiento, 1.300 millones de euros. Aún así, fuentes de la central de As Pontes precisan que todavía no se sabe qué futuro tendrá el actual emplazamiento y apuntan a que la reconversión hacia una central de biocombustibles podría ser «una salida», bien puesta en marcha por la propia Endesa o por algún inversor interesado. El principal problema, explica el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación Provincial coruñesa es que hay que «hacerlo económicamente viable». El socialista González Formoso pide tanto al Gobierno central como a la Xunta de Galicia implicación para que la central pueda reconvertirse. Formoso también pide un plan de reindustrialización para la comarca. «Espero que los fondos de transición que han sido aprobados por la Unión Europea se destinen a cosas reales», insiste el alcalde. Demandan líneas de ayudas que permitan fomentar la construcción de industrias. «Estamos hablando de una comarca que lo va a pasar muy mal, a los problemas de Alcoa, se suma el cierre de Endesa o el despido de las auxiliares de Navantia mientras no se construyen las fragatas F-110 que pueden tardar un año o dos. La tormenta puede ser perfecta», indica. Desde la central de As Pontes aseguraban ayer que Endesa se implicará en buscar «un plan de futuro y tratar de paliar la situación» y recordaban que la plantilla directa en otros cierres de centrales térmicas nunca ha sido despedida.De España https://ift.tt/2mybQa7
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