A juicio el reparto de potencia eólica en Canarias

El que fuese director general de Energía en del Gobierno de Canarias con Luis Soria (PP) y Marisa Tejedor (CC), Celso Perdomo (PP), entre 2003 y 2005, asiste al inicio del juicio al que se somete por ser acusado de recibir incentivos y presunto trático de influencias, entre otros, a cambio de configurar un pliego de condiciones para adjudicar potencia eólica en las islas. Bajo la sombra: la multinacional alemana Enercon, que estaba negociando la venta de turbinas a una sociedad vinculada a la familia de industriales portuarios Esquivel Astelarra. Enercon no está citada a declarar. Pero los integrantes del grupo empresarial familiar, sí. Este jueves ha sido detenido el abogado Alfredo Briganty, uno de los acusados, sobre el que pesaba una orden de búqueda y captura tras una incomparecencia esta semana para iniciar el juicio, que se realiza con jurado. Briganty, uno de los seis procesados, comunicó con anterioridad a la Audiencia de Las Palmas que no pensaba asistir a la sesión inicial del juicio, en la que se selecciona el Jurado, porque se sentía «indefenso». Briganty se enfrenta a año y medio de prisión por un delito de cohecho, alegaba que sufre una «patente indefensión» y anunciaba que no iba a participar en la sesión de constitución de Jurado, porque los acusados no están «obligados» a asistir a ese trámite. Asalto Los acusados formarían parte de una trama de altos cargos del Gobierno canario y de empresarios del sector de las renovables acusados de haber amañado el concurso de parques eólicos de las islas de 2004 a cambio de sobornos. La Fiscalía acusa a Perdomo, en el cargo entre 2003 y 2005, de haber facilitado información secreta sobre el concurso a empresas del sector antes de que este se convocara, con detalles sobre las condiciones en las que se iba a licitar y sobre los terrenos elegidos para ubicar los parques eólicos. El Ministerio Público sostiene que Perdomo cobró sobornos de dos grupos empresariales que participaron en el concurso a cambio de prometerles la adjudicación de potencia eólica, así como de haber corrompido a un alto funcionario de su departamento, el acusado Honorato López, también a cambio de comisiones, para asegurarse de que sus compromisos seguían adelante cuando él perdió el cargo. Comisiones La acusación sostiene que Perdomo continuó con sus planes incluso cuando el Gobierno canario decidió a finales de 2005 no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a que había anulado el concurso por apreciar irregularidades, con lo que este decaía definitivamente. Entonces, añade el fiscal, el ya exdirector general de Industria planeó con el funcionario López Torres, jefe de área de la Consejería de Industria, que los pactos se mantenían y que las empresas que presuntamente los habían comprado a ambos obtendrían un trato privilegiado en la asignación de parques fotovoltaicos. La Fiscalía asegura que Celso Perdomo cobró casi 24.000 euros en efectivo, más una participación accionarial en una empresa, del acusado Enrique Guzmán, que en el concurso de parques eólicos de Canarias de 2004 «representaba los intereses de la sociedad Generaciones Especiales, vinculada a Hidrocantábrico». Tonga de acusados Siempre según la acusación, el entonces director general de Industria y Energía recibió de los acusados José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty 12.700 euros por favorecer en el concurso a la empresa Promotora de Recursos Eólicos 2004. Para López Torres, la Fiscalía asegura que se vendió a la trama a cambio de cobrar 12.000 euros de entrada, 24.000 euros cuando se realizaran los informes previos que iban a valorar las distintas propuestas presentadas al concurso y 6.000 euros por cada megavatio autorizado. La lista de cargos contra Celso Perdomo se cierra con un delito de malversación, porque presuntamente compró con cargo a la Consejería de Industria material de papelería y oficinas por valor de 740 euros. La Fiscalía pide siete años de cárcel para Celso Perdomo (cohecho continuao , d violación de secretos y malversación), tres años y medio para Mónica Quintana (cohecho y malversación), dos años para Honorato López Torres (cohecho) y año y medio para Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel (cohecho, en los tres casos). El juicio se prolongará hasta el 12 de julio a lo largo de 18 sesiones, que arrancan mañana con la selección del Jurado y la exposición inicial del caso por parte de la Fiscalía y las defensas.

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