«Hasta el día que me muera intentaré recuperar lo que me corresponde». Con esta declaración titulaba este mes la revista «Vanity Fair» una entrevista a Yolanda García Cereceda. Tras la muerte de su padre Luis García Cereceda, el promotor de la lujosa urbanización La Finca, en junio de 2010, la pequeña de sus hijas no ha dejado de recibir golpes. La han ignorado y vapuleado, la han tomado por loca y la han apartado de los negocios familiares. El primer mazazo se lo llevó tres meses después de perder a su progenitor, cuando Susana -su única hermana, la presidenta de Procisa, el imperio inmobiliario que creó su padre, y del resto de sociedades-, consiguió incapacitarla alegando que sufría «problemas psicológicos» y no podía gestionar su fortuna. El siguiente varapalo se lo llevó al poco tiempo de estar tutelada, cuando Susana se compinchó con el exmarido de su hermana, Francisco Amat, y pidió la custodia de sus tres sobrinos. En menos de un año a Yolanda la privaron de su libertad, de su fortuna y de sus hijos. Susana García Cereceda«El halago debilita y la injusticia fortalece», decía Luis García Cereceda. Desde 2010 Yolanda se ha agarrado como a un clavo ardiendo a la segunda enseñanza de su padre cada vez que alguien le ponía un obstáculo en el camino. Esta semana, ha visto cómo el sentido de la justicia -o el karma, como quiera llamarlo cada uno- daba sus frutos. El miércoles por la mañana la Policía detenía a su hermana Susana, quien ese mismo día declaraba ante el juez Diego de Egea en el marco de la investigación abierta al excomisario José Manuel Villarejo. Aunque por la noche era puesta en libertad, a Susana se le acusa de revelación de secretos, cohecho y falsedad en documento mercantil. Al parecer, junto a Francisco Lorenzo Peñalver (otro socio de La Finca), contrató los servicios de Villarejo para conseguir información de su hermana Yolanda y el exnovio de ésta, Jaime Ostos Jr. También de la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara. Con todos los dossiers que le habría pasado Villarejo, Susana habría intentado hacerse con el control de la fortuna familiar, valorada en mil millones de euros. «Yolanda no ha tenido nada que ver con la detención de Susana y de Peñalver, ha sido la Fiscalía la que ha movido pieza en ese asunto», contaban ayer por la tarde a ABC los asesores jurídicos de la pequeña de las García Cereceda. Y añadían: «Ahora se va a personar en la pieza de la operación Tándem para conocer el alcance de las informaciones que manejó su hermana a través de Villarejo». «Lo de Villarejo -aseguran desde el entorno de Yolanda- es solo la punta del iceberg». Aunque seguramente originó todos sus problemas. Un año antes de morir, Luis García Cereceda otorgó testamento. Procisa, la sociedad más importante, se dividió entre Susana (30 %), Yolanda (30 %), Eduardo García Cereceda (30 %), hermano de Luis, y Francisco Peñalver (10 %). Cuando murió el empresario en 2010, se dividió el 9 % que él todavía conservaba. De ahí, la mitad más uno, fue para Susana y la otra mitad para Yolanda: «La versión de Susana es que Luis quiso dejarle un 51 % para que ella tuviera el poder. Lo que Luis quiso evitar es que hubiera un bloqueo societario, pero con ese uno por ciento de más y conforme estaban redactados los estatutos de las sociedades antes de que él muriese, Susana no podía hacer prácticamente nada sin contar con su hermana». Silvia Gómez Cuétara junto a Luis González Cereceda - GCH El empresario quiso dejar todo bien atado -«quería a sus dos hijas por igual»- y Susana y Yolanda estaban destinadas a entenderse. No llegaron a hacerlo. A los pocos meses, Yolanda comenzó a ser tutelada por la Fundación Afal (especializada en llevar a personas con alzhéimer) y estuvo «encarcelada» hasta finales de 2016. «Durante esos cinco años se aceptó la partición hereditaria y los legados. Don Luis era multimillonario, pero a su nombre no tenía casi nada: todo lo que tenía estaba a nombre de sociedades. Después de morir Don Luis se hicieron operaciones para blindar los órganos de administración de las sociedades dejando a Yolanda fuera de ellos». De esta forma, la pequeña de las García Cereceda pasaba a ser un convidado de piedra en las sociedades de su padre. Sin ser miembro de los consejos de administración, Yolanda no podía recibir los dividendos y, por tanto, lo perdió todo. El principio del final del calvario le llegó a Yolanda el 22 de noviembre de 2016, cuando logró que el Juzgado de Primera Instancia e Incapacidades número 65 de Madrid le otorgara «la reintegración plena de su capacidad para gobernar su persona y bienes». Había recuperado su libertad y, poco a poco, volvía a la normalidad con sus hijos, que continúan viviendo con su exmarido. «No tardará en tener la custodia», dicen desde su entorno. Lo que más teme es que los años que ha pasado «enterrada» repercutan en sus hijos en el futuro a la hora de establecer vínculos, ya que «no han crecido con unos pilares sólidos». A Yolanda también le da mucha rabia no haberse podido defender antes. «Siente que todo el mundo ha mirado para otro lado mientras la tomaban por incapaz, cuando nunca lo fue». Para recuperar su posición ha intentado en cuatro ocasiones llegar a un acuerdo con Susana para no llevarla ante los tribunales. Al no ser así, la semana pasada Yolanda comenzó su revancha en un juzgado de Pozuelo de Alarcón: ha denunciado a su hermana mayor y la cúpula de La Finca por delito societario y administración desleal. La guerra de las García Cereceda abre un nuevo frente. Viviendas del proyecto residencial LGC3En la trastienda de la última gran operación inmobiliaria Las cifras que mueve la guerra de los propietarios de La Finca, desatada ocho años atrás tras la muerte del promotor inmobiliario Luis García Cereceda, dan idea de las dimensiones de un conflicto familiar que, esta misma semana, ha llegado a la Audiencia Nacional con la detención de Susana García Cereceda y de Francisco Peñalver, su mano derecha. El pasado enero, y bajo el nombre de LGC3, ambos anunciaban una inversión de 340 millones de euros para la ampliación del enclave con 500 nuevas viviendas, un campo de golf y un centro comercial. En la trastienda de estas y otras ambiciosas operaciones ya había entrado en escena Mercedes López, la madre de Yolanda y Susana. Harta de ver la «injusticia» que en su opinión se estaba produciendo con su hija pequeña, pidió ayuda al abogado experto en asuntos de familia, Francisco Serrano, para sacar a Yolanda del yugo de la Fundación Afal, entidad que tenía su tutela. Al mismo tiempo, la propia Yolanda descubrió que dicha entidad recibía 50.000 euros mensuales de las sociedades de su familia, pues «Susana quería mantenerla aislada», cuenta una fuente de su entorno. La pequeña de las García Cereceda resultó estar tan cuerda que destapó el Caso Afal, en torno a la fundación, que ahora mismo está en los tribunales de Justicia. El 22 de noviembre de 2016, Yolanda García Cereceda recuperó «la reintegración plena de su capacidad para gobernar su persona y sus bienes», así como un régimen de visitas a sus tres hijos, que ahora viven con su exmarido, Francisco Amat: los ve un fin de semana alterno y dos tardes a la semana. Mientras tanto, Mercedes López, la madre de Susana y Yolanda, quien desde hace más de dos décadas reside en La Finca en una de las viviendas a nombre de la sociedad familiar, recibió días atrás un burofax de su primogénita instándola a firmar un contrato de precario. Podría ser desalojada en cualquier momento.De Estilo https://ift.tt/2LNJobP
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