El Recreativo de Huelva aparece como una anomalía en un deporte donde la gestión empresarial se impone en la mayoría de los equipos de las categorías más modestas, aunque algunos conjuntos prefieren hacer bandera del romanticismo y celebran seguir abrazados a proyectos populares donde el que manda es el socio, el aficionado. No es el caso del Decano, aquí la toma de decisiones llega por una tercera vía porque desde 2016 está en manos del Ayuntamiento. Apelando a la amenaza de una posible desaparición del equipo más antiguo de España (declarado en su día Bien de Interés Cultural) por motivos económicos, PSOE, PP y Ciudadanos expropiaron el Recre de manera urgente a Pablo Comas, el empresario que junto al Grupo Gildoy lo había adquirido cuatro años antes, cuando estaba en concurso de acreedores. Después de cinco años de gestión municipal, la situación económica se ha agravado (tiene la deuda es de 26 millones de euros) y paralelamente la deportiva porque los onubenses han firmado un doble descenso y la próxima temporada militarán en el quinto peldaño del fútbol español por primera vez en su historia. Una caía al infierno que intenta evitar Pablo Comas, que ha requerido a la Federación Española de Fútbol para que no incluya al Recreativo en la Tercera División RFEF hasta que el juez comunique el fallo sobre su petición de nulidad de aquella expropiación, un caso que quedó vista para sentencia hace meses. Un lío legal y ahora también deportivo porque si Comas recupera el club quiere que el equipo juegue en la misma categoría en la que lo perdió, no dos por debajo. El Grupo Gildoy recurrió judicialmente la expropiación del Recreativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Huelva y está a la espera de la sentencia para saber si el club es devuelto a Comas, que ha solicitado la nulidad de todos los actos administrativos posteriores a la expropiación y recuperar el equipo en la misma categoría deportiva en la que estaba entonces. En 2016, el año de la expropiación, el Decano jugaba en Segunda división B, el tercer escalón del fútbol español (el equivalente la próxima campaña a la Primera RFEF). Y esa es la categoría en la que Pablo Comas y su grupo piden que milite el próximo curso en caso de que el juez dicte finalmente la nulidad de la expropiación. El ex presidente, sin embargo, confirma a ABC que, aunque recuperase el club, «no tengo la más mínima intención de volver a estar en un consejo del Recreativo, mi club, pero sí de hacer justicia con el mismo y con nosotros, que es exactamente lo mismo». Burofax a la RFEF «Los descensos por deméritos deportivos acarrean a su vez actos administrativos como lo acarrearían los descensos por incumplimientos de carácter económico o referidos al reglamento de esa Federación. Es por ello que, en espera de la sentencia, les conminamos a que cauterlarmente no incluyan al Recreativo en la categoría a la que se ha hecho acreedor deportivamente (Tercera RFEF), debiéndose mantener el mismo, por imperativo legal, en la categoría en la que nos fue confiscado el club, tal y como contempla el art. 101 del Reglamento de esa RFEF en su párrafo primero», reclama el Grupo Gildoy en el burofax enviado a Andreu Camps, el secretario general de la Federación. La que parece inminente solución al caso de la expropiación del Recreativo coincide en el tiempo con la reestructuración en el fútbol acometida por la RFEF, que la próxima temporada sustituirá la Segunda B por una Primera RFEF formada por 40 equipos (en dos grupos de 20). En caso de verse obligada a cumplir la petición del Recreativo por imperativo legal, se daría la circunstancia de que uno de los grupos pasaría a tener a 21 equipos, con los onubenses en uno de ellos. Intereses políticos Pablo Comas explica a ABC que detrás del Decano existen intereses políticos muy fuertes en el Recreativo, una institución a la que considera la más importante de Huelva. Por eso asegura que le duele ver el rumbo que lleva desde hace años una entidad que arrastra más deuda que cuando él estaba al frente de la gestión, actualmente 26 millones de euros, según se puso de manifiesto en la junta general de accionistas celebrada el pasado lunes. «En esa junta se pudo constatar que los tres aspectos en los que se supone se basaban los 'motivos de la expropiación', el deportivo, el económico y el social están indiscutiblemente peor que cuando se cometió aquella ilegalidad», afirma Comas. «Deportivamente estamos dos categorías por debajo que cuando se expropió; económicamente no menos de seis millones de euros peor y con el agravante de que además se trata de dinero público; y socialmente todos los asistentes que no eran Ayuntamiento o la empresa municipal Huelva Deporte censuraron la actuación de la propiedad y del consejo», analiza Comas. «Casualmente en lo único que hubo una ‘impostada’ unanimidad fue en el sometimiento a votación de una imposible petición de acción de responsabilidad hacia mi», añade en la conversación con este periódico. En 2015, bajo la gestión de Comas, el Recreativo bajó a Segunda B y las cuentas del equipo amenazaban con la liquidación. Para evitarlo, el presidente consiguió que el club fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC), pero esa misma declaración sirvió para que el equipo de gobierno socialista, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, consiguiera expropiar la propiedad del Decano, algo nunca visto en el fútbol español, bajo el argumento de que se trataba de un bien público. Cinco años después, el caso sigue en la Justicia y con el club dos divisiones por debajo que cuando se produjo el cambio de propiedad.De Deportes https://ift.tt/3vuwwhs
0 comentarios:
Publicar un comentario