Cuando empezó su búsqueda, Amiel y Ixchel llevaban horas enterrados. Fue su madre quien guió a la Guardia Civil hasta las fosas en las que se encontraban los cuerpos sin vida de los menores de tres años y medio y seis meses, respectivamente, en el pequeño jardín de la vivienda que la familia ocupaba ilegalmente desde 2017. Los agentes del dispositivo desplegado para dar con sus hijos habían encontrado a la mujer desnuda y escondida dentro de un bidón. Lo que ocurrió la noche anterior en esa casa de campo de la localidad valenciana de Godella escapa a la razón y escribe una de las páginas más oscuras de la crónica negra del país. La Audiencia de Valencia juzga a partir de este lunes, con jurado popular, a María G. y a Gabriel C. por el asesinato de sus dos hijos durante la noche del 13 al 14 de marzo de 2019. Ella reconoce haber enterrado a sus hijos cuando los encontró muertos. Él asegura que estaba dormido mientras su pareja cometía el crimen y que no tuvo conocimiento de los hechos hasta la mañana siguiente, aunque tampoco dio aviso de lo ocurrido a las autoridades. La madre es inimputable porque padece una esquizofrenia de tipo paranoide que le fue diagnosticada como ansiedad meses antes del crimen. Para ella la Fiscalía solicita 25 años de internamiento en un centro especializado. Por tanto, la vista oral se centrará en determinar el grado de implicación del progenitor, para el que el Ministerio Público pide 50 años de prisión -25 por cada asesinato, con la agravante de parentesco- y sobre el que ha quedado acreditado que no sufre ningún tipo de enfermedad mental. Además, el fiscal reclama a ambos una indemnización de 300.000 euros para los abuelos maternos y paternos. Imagen de agentes de la Guardia Civil trabajando en el lugar de los hechos en marzo de 2019 - EFE Amiel y Ixchel recibieron multitud de golpes en la cabeza, bien con un objeto contundente o golpeándolos contra el suelo. En el borde de la piscina de la casa se encontró sangre del pequeño, la misma que se halló en la chaqueta que su madre llevaba ese día. Del padre, sin embargo, no hay ninguna prueba biológica, pero sí indicios de su participación en lo que se considera un ritual. De hecho, el fiscal cree que actuaron de común acuerdo y «haciendo y dejando hacer el uno al otro». Los acusados, pareja de hecho desde 2011, compartían creencias místico-religiosas. Según la acusación pública, Gabriel indujo a María a creer en la regresión y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Ambos estaban convencidos de que una secta, integrada por sus propios familiares, les perseguía, quería secuestrarlos y abusaba sexualmente de su hijo mayor, hasta el punto de que durante las noches estaban en vigilia para evitar ser atacados. Tanto es así que, tras el mácabro suceso, los investigadores recabaron documentos y manuscritos en la casa, que asignan al padre, con referencias a ofrendas o rituales mayas, en los que morían niños. Las alertas previas al infanticidio A principios de 2019 la situación familiar se agravó. Al tiempo que fueron denunciados por la propietaria de la casa que ocupaban, la abuela materna empezó a estar más pendiente de sus nietos. La madre de María estaba preocupada por las actitudes de su hija y la influencia que ejercía su yerno sobre ella. De hecho, llegó a denunciar el peligro que corrían los menores a los Servicios Sociales y a la Policía Local de Godella pocos días antes del infanticidio, tras recibir un mensaje de su hija en el que le decía: «Gracias por todo, Creador. Me voy contigo. Adiós mamá». Las teorías conspiranoicas en las que todo el mundo tenía un complot contra la familia, tal y como declaró la mujer, eran una constante en esa casa. Además, el pequeño Amiel había dejado de ir al colegio porque sus padres tenían la convicción de que allí lo maltrataban. Además, María, antes de sufrir ese «brote agudo» de esquizofrenia que anuló sus facultades, se había negado a ir al psiquatra. La tarde anterior al infanticidio, tras un calvario administrativo que no dio resultado, la abuela materna se sentó ante el juez de guardia de Valencia y relató su temor de que les ocurriera algo a los niños, ofreciéndose a hacerse cargo de ellos. Pero todos los protocolos fallaron y no se decretaron medidas urgentes. Entre las diez de la noche y las cuatro de la madrugada de ese mismo día, según el relato del fiscal en el escrito de hechos justiciables, María y Gabriel bañaron a sus hijos en la piscina para purificarlos. Después, ambos menores fueron víctimas de una brutal agresión por la que sufrieron «traumatismos cráneoencefálicos, con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas, que produjeron un efecto depresor sobre los centros neurológicos vitales que regulan las funciones respiratoria y cardio-cirulatoria, y con ellos la muerte de ambos». Después, los enterraron en dos sitios diferentes de la misma parcela, a 75 y a 150 metros de la vivienda, respectivamente. Los acusados están desde entonces en prisión provisional. A partir del lunes, y durante las dos primeras semanas de junio, serán los protagonistas de un juicio que devolverá a la primera plana un terrible suceso que jamás debió producirse.De España https://ift.tt/3uzisSp
0 comentarios:
Publicar un comentario