El primer ministro maltés dimitirá por el escándalo de la periodista asesinada

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El primer ministro maltés, Joseph Muscat, avanzó este domingo su intención de dimitir en enero, tras días de presión por los nexos de algunos de sus colaboradores con el caso por el asesinato en 2017 de la periodista Daphne Caruana Galizia.Muscat avanzó en un mensaje televisado que dimitirá del cargo una vez que el Partido Laborista elija un sucesor, en un proceso que se espera para el 12 de enero: "Es lo que el país necesita en estos momentos", señaló tras varios días de silencio.Malta vive un terremoto político por los últimos avances en la investigación del crimen de la periodista, que investigaba vínculos corruptos entre empresarios y políticos malteses y que murió a los 53 años de edad por la explosión de una bomba colocada en su coche.El primer ministro ha informado de sus intenciones al presidente de la República de Malta, George Vella, y adelantó que mientras su partido halla un nuevo líder, continuará en el cargo "para asegurar estabilidad en el liderazgo del país"."Desde mañana debemos mirar adelante. Soy consciente de que para que esto suceda se requiere una señal clara de empezar una nueva página, y eso solo lo puedo hacer yo pues debo asumir las responsabilidades aunque no esté implicado", afirmó.Este mismo domingo por la mañana el Partido Laborista había confirmado por unanimidad su apoyo a Muscat, que gobierna desde las elecciones de 2013 y revalidó el cargo en 2017, en unos comicios adelantados por el escándalo de los Papeles de Panamá, que salpicó a su esposa.Malta lleva ocho días de protestas continuadas después de que fuera arrestado el empresario Yotgen Fenech cuando trataba de salir del país a bordo de su yate y a quien se ha acusado formalmente de ser quien ideó el asesinato de la periodista de investigación.El magnate, en prisión provisional, ha acusado a su vez al jefe de gabinete de Muscat, Keith Schembri, de ser el cerebro del crimen, lo que ha suscitado una enorme crisis política en este pequeño estado insular de la Unión Europea.Además dimitieron el ministro de Turismo, Konrad Mizzi y el de Economía, Chris Cardona, por su presunta relación financiera con el empresario y principal sospechoso, aunque el segundo salió rehabilitado este domingo en el cargo por el primer ministro.Muscat denunció el viernes que el magnate trataba de extorsionarle a cambio de la gracia presidencial, un beneficio que finalmente le ha sido rechazado.Daphne Caruana Galizia fue asesinada con un coche bomba a los 53 años de edad en octubre de 2017. Investigaba los nexos de corrupción en las altas esferas maltesas y publicaba sus conclusiones en su popular portal de internet Running Commentary.El 4 de diciembre de 2017, tras su asesinato, se detuvo a tres hombres acusados de ser los ejecutores del asesinato: eran Vincent Muscat y los hermanos Alfred y George Degiorgio, actualmente enjuiciados. Pero faltaba por saber quién ordenó el atentado.El pasado 19 de octubre fue detenido, en relación con otros hechos, un taxista que aseguró conocer quién era el cerebro tras la muerte de la periodista y al que se le ofreció la gracia a cambio de información.Un día después fue detenido el considerado principal sospechoso del asesinato, Fenech, uno de los hombres más ricos de la isla. Se cree que pagó 150.000 euros a los ejecutores para que pusieran el explosivo, comprado al parecer a la mafia siciliana Cosa Nostra.

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Moncloa reconoce que Sánchez no solicitó compatibilidad para publicar su libro

Pedro Sánchez y su equipo siguen ocultando todo lo relativo al contrato editorial que firmó para la publicación de su libro «Manual de resistencia», que vulneró la legislación vigente, como narró ABC. Este diario reclamó vía Transparencia una copia de la autorización que tendría que haber pedido Pedro Sánchez para, en su condición de presidente del Gobierno, firmar un contrato editorial que incluye remuneración, pese a que se trata de un hecho prohibido expresamente en el artículo 14.1 de la Ley del Gobierno. La petición ha sido denegada con la firma de María Hilda Jiménez Núñez, vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno. La resolución desvela que no hubo petición de compatibilidad alguna por parte del presidente del Gobierno porque, a juicio de Moncloa, «el ejercicio de un puesto calificado como alto cargo es compatible con las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas tal y como se recogen en el artículo 13.2.c). 4ª de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo». Presidencia del Gobierno solo cita una parte del artículo, pues este añade que la creación literaria está permitida «siempre que no sea consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios». Un contrato mercantil firmado con una editorial, en este caso el grupo Planeta, es una prestación de servicios por parte del autor del libro, Pedro Sánchez. Legislación Además, Presidencia el Gobierno añade que «la actividad literaria de D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón es una actividad privada y queda fuera del objeto de la ley 19/2013 dado que no constituye información pública sometida a las obligaciones de transparencia» e insiste en que «es clara la compatibilidad de tal actividad con el ejercicio del cargo de Presidente del Gobierno». Toda la legislación vigente prohíbe taxativamente que un presidente del Gobierno tenga actividades privadas, ya que el cargo es de dedicación plena y, además, esas actividades podrían comprometer su independencia, en este caso firmando un contrato con una empresa que pertenece al mayor conglomerado de medios de comunicación de España De hecho, el artículo 98.3 de la Constitución sostiene que «los miembros del Gobierno no podrán ejercer (...) actividad profesional o mercantil alguna». La Ley 50/1997 de 27 de noviembre, que regula al Gobierno, dice exactamente lo mismo en su artículo 14, «del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno». El Gobierno sigue ocultando el contrato e incluso la fecha en la que se firmó el documento. Como reveló ABC, la «declaración de actividades a la toma de posesión» que suscribió el nuevo presidente del Gobierno en junio de 2018 no declara ninguna actividad «profesionales, mercantiles o laborales, por cuenta propia o ajena» en los dos años anteriores. De esto se extrapola que el contrato debió firmarse después, es decir, en el ejercicio de sus funciones como presidente, lo que vulnera la ley. Si lo hubiera firmado antes, Pedro Sánchez habría mentido en un documento oficial. El presidente del Gobierno cobró en 2018 de Ediciones 62 S.A., empresa del grupo Planeta, un total de 16.666,66 euros por los derechos de autor de «Manual de Resistencia». Dijo haber donado a una ONG la cantidad de 8.990 euros, en concepto «beneficios del libro después de impuestos». Además, Sánchez también vulneró el código ético del PSOE. El artículo 3.4. sostiene que «los representantes en Cortes (él es diputado en el Congreso) renunciarán a las actividades privadas. Aquellas relacionadas con la actividad política que eventualmente puedan ser autorizadas no reportarán al representante ningún tipo de asignación económica o retribución».

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Las dudas sobre el plan para la investidura aumentan en un PSOE sin explicaciones de Sánchez

En el PSOE se percibe la incertidumbre en cuanto se pregunta a cualquier dirigente federal o territorial por las negociaciones de cara a cerrar la investidura de Pedro Sánchez. Solo la «tranquilidad» de que no hay otro candidato posible para alcanzar la mayoría absoluta y arrebatar La Moncloa a los socialistas, unido a que se considera «imposible» el escenario de una nueva repetición electoral, es lo que permite que el ánimo de los socialistas se mantenga alto. Pero cuando se estudia la aritmética que salió de las elecciones del 10-N no se ven soluciones buenas: «Lo que está claro es que la repetición electoral ha sido una pésima idea», apunta un alto cargo del Ejecutivo en funciones. Si no se contemplan las terceras elecciones, solo existe la posibilidad de que Sánchez revalide su cargo. ¿Pero con qué coste? ¿Con qué aritmética? Y lo más urgente: ¿Cuándo? Desde el entorno de los negociadores con ERC, el único plan ahora mismo encima de la mesa, se deja claro ya que la previsión de calendario que tenía inicialmente se ha roto. La investidura en la semana del 16 de diciembre situaría la repetición electoral en Domingo de Ramos. En Andalucía, la región con más población, esa hipótesis saca los ojos de las órbitas. El Gobierno ha dicho que solo irá a una investidura si tiene los apoyos garantizados, lo que aleja la hipótesis de lograrlo antes de las Navidades. «No me fío, puede buscar un golpe de efecto para forzar a ERC. Una vez ya se han sentado a negociar ya tienen presión de su mundo más radical. No tienen alicientes para votar que no», apunta en cualquier caso un dirigente. La falta de comunicación de Sánchez con los órganos del partido hace que pocas personas tengan certezas. Incluso entre dirigentes que ven bien un pacto que obligue a entenderse con ERC no termina de creerse que esta vía sea posible. «Cada vez soy más pesimista. Ya no sé si Sánchez en el fondo no quiere que se convierta en imposible por los socios y forzar al PP para que facilite la investidura», apunta un experimentado dirigente que señala que sería «posible» si queda claro que la otra vía supone «exigencias inasumibles». Desde la línea oficial de Ferraz se emite también como idea fuerza el concepto de «división» dentro de las filas de ERC. «Vamos en serio, y ellos también. Pero ellos tienen internamente una situación mucho más compleja», plantean desde el PSOE. Aseguran fuentes socialistas que, en cualquier caso, su oferta no distará de los planteamientos que ya han hecho en el pasado. Y siguen rechazando la propuesta de ERC de una mesa de negociación entre Gobiernos, aunque sí prometen «entendimiento institucional». Y mucho menos incorporar un calendario con temas pactados y «garantías» de cumplimiento: «No vamos a ir por ahí», insistían ayer en Ferraz. Mientras los más críticos con la dependencia de ERC siguen apelando a las formaciones a la derecha del PSOE , solo desde la federación de Castilla-La Mancha se ha reclamado que sea Sánchez quien «se dirija» a PP y Cs para lograr sus apoyos. Desde el entorno de Sánchez ese intento se ha descartado en estos momentos. Más allá de apelaciones a que los diez diputados de Cs voten a favor. Pero ni siquiera se ha pretendido abrir una negociación para ello con la formación naranja. Mientas que sí hay cita con la formación de Carles Puigdemont.

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Suspenso general a Sánchez por su silencio ante la sentencia de los ERE

Pedro Sánchez ha optado por el silencio y por la falta de explicaciones, desde que en las pasadas elecciones el PSOE retrocedió en las urnas y perdió tres diputados. Esa noche electoral, Pablo Casado llamó a Sánchez, y este no le contestó ni le ha devuelto la llamada. El líder socialista no habla con el principal partido de la oposición, pero tampoco informa al conjunto de los españoles de la negociación con los independentistas, ni da la cara sobre la sentencia del caso ERE, en la que fueron condenados dos expresidentes socialistas, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El silencio de Sánchez sobre un caso de corrupcíón que afecta directamente a su partido no está gustando a los ciudadanos. Según el barómetro de ABC/GAD3 , seis de cada diez censuran la reacción del secretario general del PSOE tras la sentencia de los ERE. Solo el 13,5 por ciento de los encuestados ven positivo su silencio. El suspenso a Sánchez por su reacción ante este caso de corrupción es general, abarca a los votantes de todos los partidos. Incluso entre los electores del PSOE son más (34 por ciento) los que censuran su silencio que los que lo aprueban (33 por ciento). El 48 por ciento de los votantes de Unidas Podemos también tachan de negativa la reacción de Sánchez, y solo el 15 por ciento cree que es positiva. En el centro-derecha, el suspenso es aún mayor:más del 80 por ciento de los electores del PP, Vox y Ciudadanos no aceptan el silencio de Sánchez como respuesta ante la corrupción. En el barómetro se inquiere sobre la dimisión de Albert Rivera como presidente de Ciudadanos, después del desastre electoral del 10-N. El 53 por ciento cree que fue positiva esa renuncia, frente a un 31 por ciento que la vio negativa. Entre los votantes del PP y Ciudadanos, sin embargo, son más los que opinan que fue una mala decisión y solo un tercio de ellos creen que acertó. Respecto a la posible exclusión de Vox de la Mesa del Congreso, cuya composición se elige mañana, martes, casi la mitad del total lo vería positivo, frente al 40,4 por ciento que lo tacha de negativo. No solo los votantes del partido de Abascal rechazan esa exclusión. También la mayoría de los electores del PP y Ciudadanos desaprueban un «cordón sanitario» contra Vox, como el que pide el PSOE. Educación concertada En una pregunta sobre la educación concertada, después de los ataques dirigidos desde el Gobierno en funciones, la mayoría de los ciudadanos expresan su total apoyo a la libertad educativa consagrada en la Constitución. Dos tercios se muestran contrarios a eliminar la concertada, frente a un 24,9 por ciento que apoyaría su desaparición. Por votantes, solo en Unidas Podemos son más los partidarios de acabar con ese tipo de educación que los que defienden la libertad educativa.

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Marta Calvo: perros adiestrados en detectar cadáveres se suman a la búsqueda de la joven desaparecida

Marta Calvo Burón. A medida que pasan los días aumenta el pesimismo en el dispositivo de búsqueda de la joven valenciana desaparecida desde el pasado 7 de noviembre. Un despliegue en el que participan más de un centenar de efectivos y en el que desde esta semana participan perros adiestrados en encontrar cadáveres humanos. El propio delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ya advirtió de que las Fuerzas de Seguridad esperan un final «duro» para un caso que ha convulsionado la pequeña localidad de Manuel, donde este fin de semana han continuado las tareas de búsqueda de Marta Calvo, sin resultado alguno. A partir de este lunes se reforzará el dispositivo desplegado en esta zona de la provincia de Valencia, formado por miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) o especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Cinológico. Durante el fin de semana no han cesado las batidas por la zona. Desde simas y pozos hasta el cauce del río Albaida, que presenta poco caudal pero está repleto de cañas que dificultan las tareas. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que Jorge Ignacio P. J. (el hombre de 37 años con el que se citó Marta Calvo la noche del 6 de noviembre) pudo haber asesinado a la joven. Habría abandonado su cuerpo. Luego limpió cualquier rastro en la casa de Manuel donde quedó con la joven y entregó su coche a un amigo para que lo desguazara. Su último rastro se pierde el día 9 de noviembre, cuando la madre de Marta se personó en Manuel para preguntarle por su hija. Los cuerpos especializados prosiguen la investigación de todo indicio existente alrededor del supuesto responsable de la desaparición de Marta, tanto en la vivienda ubicada en la localidad donde se perdió la pista de la joven y que estaba alquilada por el sospechoso como en los alrededores de la población. Los antecedentes de Jorge Ignacio La ubicación de la casa de Manuel fue enviada por la chica a su madre en la noche en que se perdió su pista, el pasado día 7, y en esa misma vivienda se perdió también el rastro del hombre sospechoso de la desaparición. El sospechoso, de origen colombiano, fue condenado en Italia por narcotráfico, y tiene antecedentes en España por multas y resistencia a la autoridad relacionados con delitos contra la seguridad. Además, la Policía Nacional le investigó el pasado mes de abril por la muerte de una meretriz en Valencia. Jorge Ignacio fue su último cliente antes de que falleciera, pero solo se le pudo atribuir el delito de omisión de socorro.

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150 años de la llegada del Nautilus a la bahía de Vigo

Corría la primera semana de 1869 cuando, en la revista quincenal francesa «Magasin d’Éducation et de Récréation« (de educación y recreo), se publicó el capítulo «La Bahía de Vigo», que forma parte de la novela «20.000 leguas de viaje submarino», de Jules Verne, considerándose además como uno de los más importantes en el desarrollo de la historia. En él, el escritor relata el momento en el que el capitán Nemo, a bordo del submarino Nautilus, llega a la ría viguesa para rescatar el tesoro de Rande, un botín que no se había encontrado hasta el momento. En esta escala de su viaje es donde, además, la embarcación recibe los cuartos con los que financiar su expedición. Con motivo de la celebración de este 150 aniversario, desde la sociedad viguesa que lleva por nombre al escritor francés, han decido recoger la versión original, con ilustraciones de Alphonse de Neuville, en una edición facsimilar, precisamente para «poder festejar este año tan conmemorativo», reconoce Julio Ástor, miembro de la junta directiva de la Sociedad Jules Verne en Vigo. En ella se incluye también una versión en gallego. Sin embargo, no fue sencillo llegar hasta la primera edición de «Magasin» ya que la Biblioteca Nacional de Francia no la tenía como tal, tan solo conservaba el manuscrito de Verne, que tenía correcciones a mano. En este caso, tuvieron que recurrir a la Universidad de Minnesota, donde se digitalizó la obra del escritor francés. Son diez páginas las que componen el facsímil en el que se incluyen las afamadas ilustraciones de Neuville: un mapa de la travesía del Nautilus, los galeones de la ría viguesa y, por último, los buzos del capitán Nemo recuperando el botín sumergido bajo el agua. La relación entre Julio Verne y Vigo «La Bahía de Vigo» resulta ser uno de los capítulos más importantes de «20.000 leguas de viaje submarino», una de las obras más traducidas y reconocidas a nivel mundial del escritor. Precisamente por este motivo, no se queda solamente en palabras vacías, sino que, a través de sus palabras, Verne lleva a todos sus lectores a conocer, por un lado, dónde está la Ría de Vigo, situándola en el mapa para todos aquellos que nunca han escuchado hablar de la ciudad; y, por el otro, qué había ocurrido en la batalla de Rande, ya que el propio autor da una explicación histórica sobre este hecho. Sin embargo, alejado de la ficción, Julio Verne llegó a Vigo dos veces a lo largo de toda su vida, ambas de manera fortuita y algo accidentada. La línea del tiempo debe situarse en el año 1878, nueve años después de la publicación del capítulo con tinte vigués. «Es un temporal el que les obliga a él y a su tripulación a buscar abrigo en la ciudad gallega», relata Antonio Giráldez, vicepresidente de la Sociedad Jules Verne de Vigo. La historia parece repetirse en 1884 cuando, en otro crucero, también con destino el Mediterráneo, el escritor y sus acompañantes se ven obligados a volver a hacer escala en el mismo lugar que seis años atrás. «Esto ocurre porque ya conocían la ciudad y les había encantado, además de que había una famosa empresa gallega que arreglaba calderas de barcos, precisamente el problema que ellos arrastraban», reflexiona Giráldez, para después añadir que también influyó que en Vigo «se encuentra la empresa que hizo la primera caldera de vapor en Galicia». En esas dos visitas, la sociedad viguesa parece disputarse a Julio Verne, dada su fama a nivel mundial, y los habitantes del momento sabía que «podía promocionar la ciudad», tal y como reconoce el vicepresidente de la sociedad. En estos cortos períodos de tiempo, la clase media y alta del momento se deciden a invitar al escritor a cenas, bailes y actos de relevancia. «Incluso llegan a ofrecerle una escafandra por si quiere sumergirse en las aguas de la Ría de Vigo para ver si encuentra algo de lo que él mismo había contado en su novela», incide Antonio Giráldez. Sin embargo, el autor de «20.000 leguas de viaje submarino» se escudó en la edad, unos 50 años y entonces es «alguien de su tripulación quien decide adentrarse en el agua por él», relata el vicepresidente de la sociedad que le ha hecho el facsímil, aunque después reflexiona acerca de esta inversión, mostrando una opinión contraria ante el suceso: «casi mejor que no se hubiese sumergido porque eso le quitaba encanto, no hace falta desvelar el enigma. ¿Estará, no estará bajo la Ría de Vigo? En cualquier caso Verne estaba en el mismo lugar que ha escrito antes en la novela». Vigo guarda con especial cariño el recuerdo de Julio Verne. Así lo demuestra la sociedad que lleva como nombre al autor, y también los símbolos que rodean la ciudad olívica, no solo en conmemoración del escritor, sino también de sus obras literarias. Es por ello por lo que destaca la existencia de una estatua suya, encargada por la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Pontevedra al artista José Morales, quien decidió cederla a la ciudad con motivo del centenario del fallecimiento del autor en el año 2005. Ahora mismo, descansa en los jardines de Montero Ríos, en el que se ve al autor descansando sobre un calamar gigante. Tan solo un año antes, en el 2004, la Xunta de Galicia colocó un conjunto escultórico, realizado por Ramón Lastra y Sergio Portela, en honor al capitán Nemo en Cesantes, Redondela, recreando la escena del «20.000 leguas de viaje submarino», cuando él y su tripulación etsaban a punto de encontrar el tesoro de la Batalla de Rande. Todos estos homenajes no son más que la demostración de que Vigo sabe de la importancia de Julio Verne, «fue una de las mejores agencias de turismo que pudo encontrar la ciudad», reconoce Giráldez. A colación de esto, se han encontrado varios escritos relatando sus aventuras de sus visitas, además de que él mismo ya se había imaginado cómo era la ciudad olívica al tener que escribir sobre ella en el capítulo del que ahora ya hay disponible una edición facsimilar, no solo en su idioma original, sino que también ha sido traducida al gallego.

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Con el pretexto de un homenaje

El pasado viernes, el maestro Indalecio Fernández Groba recibió el homenaje de quienes fueron sus alumnos y discípulos durante los años que permaneció al frente de la banda y de la escuela de música de Lugo, ambas de titularidad municipal. La etapa lucense de Groba duró doce años, desde 1979 a 1991. Cuando ganó la plaza lucense -vacante por jubilación del maestro Francisco Méndez- venía de una fructífera experiencia profesional como director de importantes formaciones suizas. En Lugo, la labor del maestro Indalecio Fernández Groba (alumno de don Julio Gómez, el compositor de la «Suite en La», veraneante en Viveiro) fue enorme. Pese al pie forzado de las limitaciones presupuestarias, amplió plantilla, renovó repertorio, organizó el archivo (en el que llegaron a recuperarse partituras dadas por desaparecidas), consiguió que la sección de educandos pudiese ocupar lo que hoy son locales de la Escuela Municipal de Música y creó una Xoven Banda, ahora en fase de inanición, sino extinguida. La circunstancia de que el área de Cultura esté en manos del grupo municipal del Bloque Nancionalista Galego nos permite abrigar alguna fundada esperanza acerca de la posibilidad de que el Concello de Lugo vuelva a disponer de una banda de música medianamente digna. Hay precedentes (algunos bien conocidos del arriba firmante, perdónennos la inmodestia) que avalan esta opinión. Con ese deseo, que es el de muchos lucenses, finalizamos estas líneas. Sirvan de adhesión personal al homenaje que acaba de recibir el maestro Fernández Groba. Y ojalá que, en la medida de lo posible, alienten cuantas propuestas sirvan para recuperar un Bien de Interés Cultural -oficioso ya que no oficial- que la ciudad de Lugo supo mantener durante más de siglo y medio, y del que ha sido desposeída por la ineptitud y la insensibilidad de algunos de sus gobernantes.

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España da por perdidos 1.500 millones de las indemnizaciones del «Prestige»

Diecisiete años después de que el petrolero «Prestige» se hundiera frente a las costas gallegas, prácticamente nadie ha abonado la factura por la peor marea negra a la que se enfrentó España. En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil de la catástrofe. El impacto económico se cifró en 1.500 millones de euros. Tras añadir los intereses legales y de demora, la cuantía de las indemnizaciones alcanzó los 2.495 millones de euros. Pero tras los pagos ordenados esta semana (51,7 millones) y los ya realizados, por el momento sólo llegarán a los perjudicados 172 millones. La abogacía del Estado litiga en Londres para conseguir otros 855 millones y el resto -unos 1468 millones- se da ya por perdido. La mayor parte de los responsables de la catástrofe medioambiental que tiñó de negro la costa gallega son insolventes. El principal culpable del accidente, para el Tribunal Supremo, fue el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras. Tras el largo proceso judicial, en 2016 fue condenado a dos años de prisión por delito contra el medio ambiente. Se le responsabilizó del vertido de unas 63.000 toneladas de fuel que llegaron también a puntos del País Vasco y la costa francesa. En la sentencia, el Supremo lo consideró responsable civil de la catástrofe y declaró que tendría que afrontar las indenmizaciones. Pero Mangouras, que acaba de cumplir 85 años, no tiene dinero para resarcir a los afectados. También fueron infructuosos todos los intentos realizados para que la armadora del petrolero, Universe Maritine, que ni se presentó al juicio, pagase la factura. «Hace ya diez o quince años intentamos un embargo sobre los bienes de la armadora en Grecia y fue imposible, los griegos no colaboraron en absoluto. También intentamos embargar el seguro de la carga del «Prestige» sin éxito», explica Álvaro García Ortiz, fiscal encargado del caso. Otra vía que se agotó fue la de reclamar dinero a ABS, la sociedad clasificadora —una especie de ITV para los barcos—que certificó que el «Prestige» estaba en condiciones para navegar. Primero el País Vasco y después el Estado español iniciaron un pleito en Nueva York en el que reclamaban unos mil millones de dólares. Pero tras siete años de proceso, los tribunales estadounidenses decidieron que no eran competentes para analizar el tema. A la clasificadora ya nadie le reclama actualmente cantidad alguna por haber permitido navegar a un barco «envejecido y con deficiencias operativas», según lo describe la sentencia del Supremo. La única esperanza abierta para los afectados es que responda la aseguradora The London P&I Club, que el Supremo considera responsable civil directa, como Mangouras. Sobre la propietaria del buque Mare Shipping Inc recayó la responsabilidad civil subsidiaria. Hasta el momento la aseguradora sólo ha hecho frente a 22,7 millones de euros, que depositó ya hace 17 años en el juzgado de Corcubión nada más producirse el accidente. Pero hasta hace unos días, el juzgado no ha ordenado que el dinero llegue a los afectados. «No se podía dar antes», explica Álvaro García Ortiz, dado que hubo que esperar a la sentencia firme y a la que ordenó su ejecución. Para llegar a los 172 millones que recibirán los afectados, hay que sumar los 147,8 que le corresponden al Fondo Internacional para la indemnización de daños causados por hidrocarburos (Fidac) que ya había pagado una parte y ahora debe desembolsar otros 27,1 millones. Y añadir también 1,8 millones de euros que Repsol obtuvo al vender el fuel que recuperó del pecio del «Prestige», hundido a 4.000 metros. España reclama a la aseguradora unos mil millones de dólares —855,5 millones de euros descontados los 22,7 consignados—. Pero la batalla legal, iniciada por la Abogacía del Estado en Londres, para conseguirlos es enrevesada. «En España estamos acostumbrados al tema de los coches, si haces una cosa lo paga la aseguradora y punto. En el derecho inglés no es así», indica García Ortiz. Los británicos funcionan con un principio denominado «pay to be paid», según el cual primero tendría que abonar el dinero Mangouras y después The London P&I Club se lo daría al capitán. Para complicar aún más las cosas, la aseguradora del «Prestige» no reconoce que el Estado español tenga legitimidad para reclamarle nada. Anticipándose a la sentencia del Suremo puso una demanda en los tribunales ingleses que acabaron por darle la razón. Tras el pleito de la Abogacía del Estado, The London P&I Club ha vuelto a demandar a España porque se ve agraviada. Habrá que esperar a ver que decide la justicia británica para ver si la factura impagada del «Prestige» no pasa de los casi 1.500 millones a los 2.323.

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Suspenso general a Sánchez por su silencio ante la sentencia de los ERE

Pedro Sánchez ha optado por el silencio y por la falta de explicaciones, desde que en las pasadas elecciones el PSOE retrocedió en las urnas y perdió tres diputados. Esa noche electoral, Pablo Casado llamó a Sánchez, y este no le contestó ni le ha devuelto la llamada. El líder socialista no habla con el principal partido de la oposición, pero tampoco informa al conjunto de los españoles de la negociación con los independentistas, ni da la cara sobre la sentencia del caso ERE, en la que fueron condenados dos expresidentes socialistas, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El silencio de Sánchez sobre un caso de corrupcíón que afecta directamente a su partido no está gustando a los ciudadanos. Según el barómetro de ABC/GAD3 , seis de cada diez censuran la reacción del secretario general del PSOE tras la sentencia de los ERE. Solo el 13,5 por ciento de los encuestados ven positivo su silencio. El suspenso a Sánchez por su reacción ante este caso de corrupción es general, abarca a los votantes de todos los partidos. Incluso entre los electores del PSOE son más (34 por ciento) los que censuran su silencio que los que lo aprueban (33 por ciento). El 48 por ciento de los votantes de Unidas Podemos también tachan de negativa la reacción de Sánchez, y solo el 15 por ciento cree que es positiva. En el centro-derecha, el suspenso es aún mayor:más del 80 por ciento de los electores del PP, Vox y Ciudadanos no aceptan el silencio de Sánchez como respuesta ante la corrupción. En el barómetro se inquiere sobre la dimisión de Albert Rivera como presidente de Ciudadanos, después del desastre electoral del 10-N. El 53 por ciento cree que fue positiva esa renuncia, frente a un 31 por ciento que la vio negativa. Entre los votantes del PP y Ciudadanos, sin embargo, son más los que opinan que fue una mala decisión y solo un tercio de ellos creen que acertó. Respecto a la posible exclusión de Vox de la Mesa del Congreso, cuya composición se elige mañana, martes, casi la mitad del total lo vería positivo, frente al 40,4 por ciento que lo tacha de negativo. No solo los votantes del partido de Abascal rechazan esa exclusión. También la mayoría de los electores del PP y Ciudadanos desaprueban un «cordón sanitario» contra Vox, como el que pide el PSOE. Educación concertada En una pregunta sobre la educación concertada, después de los ataques dirigidos desde el Gobierno en funciones, la mayoría de los ciudadanos expresan su total apoyo a la libertad educativa consagrada en la Constitución. Dos tercios se muestran contrarios a eliminar la concertada, frente a un 24,9 por ciento que apoyaría su desaparición. Por votantes, solo en Unidas Podemos son más los partidarios de acabar con ese tipo de educación que los que defienden la libertad educativa.

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Estela Grande se sincera sobre Kiko Jiménez en 'GH VIP 7': "Siempre he tenido claros mis sentimientos"

INTERROGATORIO
La concursante vivió un interrogatorio a raíz de su estrecha relación con su compañero, dado lo que había surgido entre Gianmarco y Adara.

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«Sin miedo» a que el voto útil de la derecha vuelva al Partido Popular

En Vox no hay «miedo» a que el voto útil de la derecha vuelva alPartido Popular si hay terceras elecciones. O si no las hay, que el pacto de izquierdas con Podemos y el apoyo de ERC provoque tanto temor en el centro derecha que los votantes apuesten en futuras elecciones por el valor seguro que quizás representen los populares. Tampoco creen que puedan morir de éxito, como le ha sucedido a Ciudadanos, y que hayan tocado techo electoral. El voto útil al PP, aseguran, «tendría que haber sucedido ahora. La gente sabía que votaba a caballo perdedor y no nos han votado con la ilusión de que Vox llegue al Gobierno, sino de que se mantenga en la misma posición. La utilidad de Vox es que exista, independientemente de los votos».

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Ciudadanos aleja por ahora el fantasma de las baronías

Quizá fue Félix Álvarez, alias Felisuco, quien más se aproximó en términos metafóricos al definir la Gestora de Ciudadanos (Cs) constituida ayer: «Hemos alquilado un autobús que nos va a llevar al 15 de marzo». La idea que cala de los integrantes escogidos por Manuel García Bofill para liderar esta etapa es la de un equipo mayoritariamente continuista, pero también con un aire de transitoriedad. García Bofill, como presidente del Consejo General, trasladó ayer la lista de la Gestora a este órgano, que la ratificó con un 91 por ciento de los votos a favor –el partido no facilitó los datos exactos–. Aunque hubo debate y muchas más intervenciones de lo normal en estos cónclaves –hasta diecisiete peticiones de palabra en el turno de ruegos y preguntas–, solo hubo seis abstenciones y cinco votos en contra al validar la Gestora. Ahora, este órgano interino dirigirá el partido hasta la celebración de la V Asamblea General, convocada ya ayer para el próximo 15 de marzo, que completará la sucesión de Albert Rivera con la renovación de las estructuras del partido. Quince días antes tendrán lugar unas primarias en las que se conocerá tanto al nuevo líder de Cs como a su Ejecutiva, por lo que Inés Arrimadas, única que se ha postulado, deberá dar a conocer su posible equipo antes del mes de marzo. Y es ahí, en la guardia de la que se rodeará la jerezana, donde surge el punto de conflicto. La idea de Arrimadas es escuchar a todos los sectores del partido y tratar de hacer una dirección lo más representada posible, pero ayer muchos se esforzaban por ahuyentar la palabra «barón» del léxico de los liberales. La comparación con las federaciones socialistas genera pavor en Cs y Felisuco reivindicó un punto medio como virtud entre «diecisiete reinos de taifas» y el hiperliderazgo que caracterizó la era Rivera. «Esto no es un reparto territorial; es una gestión, una transición», apuntó el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, a su salida del cónclave. Mismos términos en los que se pronunciaron otros como la diputada Marta Martín, que suscribió que el reparto no va de «cuotas territoriales»; o Ignacio Aguado, que garantizó que no le preocupan «los territorios ni los equilibrios territoriales» sino «España y que esto sea un proyecto de centro». Las votaciones sobre la fecha de la V Asamblea General y el reglamento de la Gestora, rápidas y sencillas, se cerraron por unanimidad, pero según ha podido saber ABC el ambiente se enturbió a la hora de posicionarse sobre los nombres de la Gestora. Varios consejeros reclamaron el voto secreto y en urna, y que se realizase de forma posterior al debate y las intervenciones solicitadas. No fue así. Fuentes de la Gestora explican que según los estatutos un tercio del Consejo General debe solicitar formalmente el voto en urna para que se proceda así y que, al no suceder, se votó a mano alzada. Pero fueron varios quienes protestaron, especialmente, por tener que votar antes de que se escuchasen sus argumentos. Los murcianos Miguel Sánchez y José Luis Martínez se negaron a votar como forma de protesta. Voces en contra Los cinco votos en contra fueron Ignacio Prendes –que a su llegada había reclamado que Cs vuelva a ser «útil» y que públicamente ya ha pedido el fin del hiperliderazgo–, Orlena de Miguel, Fernando Navarro, Eduardo de Castro y Luis Armando Fernández. El propio Prendes o el díscolo Francisco Igea, según la versión de consejeros presentes, censuraron la falta de análisis en el partido por el batacazo electoral y recibieron la respuesta de Carlos Carrizosa, hombre fuerte en Cataluña, reacio ayer a la autocrítica. Javier Amador fue más allá y, tras un Consejo «bochornoso», anunció en Twitter su marcha del partido. Igea a su salida dijo estar contento con «muchas» de las personas de la gestora. Voces con asiento en el Consejo General y que estaban en el último Comité Ejecutivo de Rivera cargaron contra el continuismo de la Gestora y llegaron a afirmar que toda la Ejecutiva debería asumir responsabilidades. Entre ese inmovilismo, sin embargo, hay también guiños al futuro del partido con cambios significativos. Marcos de Quinto y Lorena Roldán, presentes en el Comité Permanente hasta ahora, se quedan fuera. La portavocía la asume Melisa Rodríguez, muy cercana a Arrimadas y una de las personas que suena para ocupar una posición de fuerza en el futuro de Cs. Continúa como secretario general José Manuel Villegas, que en marzo dirá adiós a la política. También sigue en Organización, tras haber dimitido el martes, un Fran Hervías con las horas contadas en esta área. La incorporación de Luis Garicano –conciliador ayer en la reunión– se interpreta como una cesión frente al sector crítico con el veto a Pedro Sánchez, y es significativa la entrada Guillermo Díaz y de Beatriz Pino en Comunicación para suplir la baja de Fernando de Páramo. En la Gestora por el momento se defienden de las críticas por la ausencia de confrontación antes de votar, y también de la acusación de continuismo. Fuentes de este órgano justifican que García Bofill no tiene legitimidad para cambiar nada y que no puede haber dos Ejecutivas nuevas en cuatro meses. Será Arrimadas, si así lo estima, quien haga la verdadera renovación.

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La operación Tahmil, primer hito contra el «Califato virtual»

La lucha contra el «aparato de difusión» de Daesh arranca de años atrás y en todo este tiempo la Guardia Civil ha jugado un importante papel. El 5 de julio de 2017 detuvo en Collado Mediano (Madrid) a un marroquí de 31 años, A. H., relacionado con las «estructuras propagandísticas del grupo terrorista Daesh en España». La operación Tahmil, en la que colaboró Europol, tenía importancia porque, según se explicaba entonces, se dirigía contra la difusión y la alimentación de las «apps» (aplicaciones para teléfonos móviles) que había puesto en marcha el Daesh para el adoctrinamiento e incitación a la comisión de atentados terroristas. A. H. no era un experto informático, pero sí se manejaba con facilidad por la web profunda, desde donde extraía el material. Además, el origen de las imágenes era el mismo que el de las que les habían sido ya intervenidas a otros arrestados. La agencia de noticias Al Amaq, cuyas aplicaciones móviles e infraestructura web fueron atacadas en 2016 por Europol, jugaban un papel muy importante. Daesh respondió desarrollando una infraestructura más compleja y segura para poder seguir difundiendo sus contenidos yihadistas. La Guardia Civil contraatacó con la citada operación Tahmil en la que los agentes de Información se desplazaron a Panamá para neutralizar sus servidores. Eso permitió identificar miles de individuos radicalizados en más de 100 países. En las investigaciones participaron ocho estados coordinados por Europol. «La operación Tahmil fue muy importante porque se llegó a los servidores de la agencia Al Amaq, que es clave en el aparato de propaganda, y porque eso permitió obtener muchísima información que ha sido explotada posteriormente», explican a ABC fuentes del Servicio de Información de la Benemérita. «En el caso de la última operación lo que se ha conseguido es neutralizar el flujo de información, pero no se han obtenido datos que permitan la identificación de terroristas. Son las dos muy importantes, pero diferentes.

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