Superado el ecuador de la campaña antiincendios, el número de hectáreas arrasadas en los montes gallegos —unas 200, calculando solo los fuegos de más de 20 hectáreas— apunta a un verano benévolo en el que las llamas han cedido su papel protagonista. Un estío anormal, con temperaturas bajas para la época del año y abundantes lluvias, explicaría parte de este triunfo en la batalla contra el fuego. A la fórmula hay que sumar el incremento en el control sobre la masa forestal, con más cámaras y drones vigilando cada rincón del monte y una mayor exigencia a los propietarios de fincas próximas a los núcleos de población. Desde este año, la Xunta obliga al desbroce de estas franjas como medida para impedir que las llamas lleguen a cercar las viviendas, exigencia de la que deben dar cuenta los ayuntamientos. Para facilitar la complicada labor —muchas de estas parcelas no tienen dueño conocido— Medio Rural presentó ayer una herramienta digital que permite a los concellos notificar y actuar en la limpieza de estos terrenos de cara a la época de mayor riesgo. La aplicación, bautizada como Xesbío, ya cuenta con 220 entes adheridos. Según las previsiones del conselleiro del ramo, José González, lo esperado es que haya «más ayuntamientos que se sumen próximamente» a este programa, aunque advierte de que los incendiarios «no deciden si plantan o dónde plantan el fuego» en función de si un municipio u otro lleva a cabo este tipo de acciones. Por el momento, en las 700 aldeas etiquetadas como de alto riesgo incendiario solo se ha limpiado un 30 por ciento de estas franjas sensibles, un porcentaje muy modesto que la Xunta aspira a mejorar mediante concienciación y ayuda. «Los alcaldes gallegos entienden perfectamente, sobre todo los del rural, el problema que tienen encima con la necesidad de que se limpien las franjas», asume el titular de Medio Rural, que ayer recordó que «si no se hace esa limpieza, los ayuntamientos tienen que proceder a notificar y, en su caso, a la ejecución subsidiaria». De acuerdo con la normativa existente, en caso de que el propietario de la finca sea desconocido y el coste de los trabajos supere el valor catastral de la misma, los ayuntamientos podrán llevar a cabo expropiaciones de estos terrenos. La intención, insisten desde la Xunta, «no es la de cobrar ni sancionar a los propietarios», aunque las multas en caso de infracciones reiteradas e imprudencias graves podrían llegar a los 100.000 euros. Atendiendo a los datos ofrecidos por el departamento de Medio Rural, el convenio de protección de las aldeas más conflictivas acordado entre la Consellería, Seaga y la Fegamp se fijó como objetivo desbrozar al término de este año unas 4.500 hectáreas localizadas en las franjas de 700 aldeas de 70 parroquias priorizadas en 35 concellos. Algunos de los últimos en engrosar este listado de puntos calientes son el ayuntamiento coruñés de Rianxo o el orensano de Boborás, donde estos trabajos de control de la maleza cerca de las aldeas ya se han iniciado. Cultivos tras el desbroce La idea es que, una vez despejados todos estos perímetros susceptibles de resultar quemados, se pongan en valor creando actividad agroganadera en ellos. A modo de ejemplo, el conselleiro enumeró cultivos de huerta, cereal, pastos, olivos o árboles frutales de cara a «la Galicia verde que pretendemos». Todo esto funcionará como barrera natural frente al fuego ya que, desarrollando actividad económica en estas franjas, «no será preciso limpiarlas todos los años», asumen desde el Gobierno autonómico como parte de su hoja de ruta.De España https://ift.tt/30DGeyp
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