Hacienda se enfrenta a una ofensiva de las comunidades autónomas por los recursos pendientes por la recaudación de este año. La Abogacía del Estado envió el pasado martes al Ministerio de Hacienda el informe que respalda que el Gobierno, en funciones, no puede actualizar las entregas a cuenta pendientes para transferir 4.739 millones de euros a las comunidades. El Ministerio se escudó en este organismo para retener estos fondos a las regiones, al estar en funciones. No obstante, el Ejecutivo sí podría haber aprobado por decreto-ley antes de las elecciones, cuando tenía plenos poderes, el reparto de estos recursos ya que la Abogacía solo alude a que no puede sacarlo en funciones. El Ministerio ha variado su postura: si hace meses señalaba que las entregas a cuenta solo se podían actualizar aprobando los Presupuestos, -en base a las dudas jurídicas que en sus palabras tenía la propia Abogacía del Estado- ahora sostiene que será lo primero que apruebe si se constituye un Gobierno. La razón, según Hacienda, es que estas dudas se han logrado disipar. Ahora la Abogacía del Estado solo rechaza en su informe, al que tuvo acceso ABC, que un Gobierno en funciones pueda aprobar estos fondos, pero no se opone a la posibilidad de autorizarlo por decreto-ley. «Ya hemos superado una cuestión previa, la Abogacía del Estado sostenía que sin presupuestos no se podía actualizar las entregas a cuenta», abundó ayer mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista a Onda Cero. Precedentes Desde el PP aluden a la presión política del Gobierno para aprobar las cuentas hace meses para explicar este cambio de parecer. Hay precedentes de ello. Sin ir más lejos, en 1996 se aprobó la actualización de las entregas a cuenta por decreto-ley. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenía en sus planes, cuando creía que no iban a salir las cuentas de 2018, sacar las entregas a cuenta por decreto ley, si bien primero rechazó hacerlo hasta que no se aprobasen los Presupuestos. ¿Qué son las entregas a cuenta? El Estado, en los Presupuestos, estima cada año su previsión de ingresos y, en base a ella, distribuye los fondos pertinentes a las comunidades por su participación en tributos como el IVA o el IRPF. Como no se aprobaron las cuentas y se prorrogaron las de 2018, también lo hicieron los ingresos de entonces para las regiones. El problema es que ello deja a las comunidades sin su correspondiente aumento de recaudación prevista de su parte del pastel, de 4.739 millones por entregas a cuenta actualizadas y la liquidación pendiente de 2017. Esta una jugosa parte de ingresos ya estaba contabilizada en sus presupuestos, lo que llevará a que las regiones incumplan su objetivo de déficit y que acometan recortes. La Generalitat de Cataluña recurrió a la vía judicial para reclamar su parte al Gobierno. Posteriormente, fue el Grupo Popular el que pidió por escrito el informe de la Abogacía del Estado que impedía que Hacienda aprobara en funciones este reparto. El informe se ha redactado en los últimos días y se envió el pasado lunes, pese a que Hacienda se escudó en la opinión del organismo desde hace meses para retener estos recursos. Montero argumentó ayer en que los contactos con la Abogacía se articularon mediante «consultas verbales». Hasta la semana pasada, el Ministerio no reclamó un informe como tal a la Abogacía, que tardó días en redactarlo porque «el informe verbal se estaba pasando a informe escrito», apuntó ayer Montero. La Abogacía del Estado recoge que ya había «anticipado a diversas autoridades y funcionarios del Ministerio de Hacienda» los «criterios» redactados. El informe señala que «por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos», que recoge el artículo 21 de la Ley del Gobierno, el Ejecutivo en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta y así repartir los recursos pendientes a las regiones. «La revisión del importe de las entregas a cuenta realizadas a las comunidades autónomas es una actuación que por su fuerte transcedencia cuantitativa y cualitativa es subsumible en dicho concepto», recoge, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de diciembre de 2005. Dudas jurídicas Una opinión discutida por algunos expertos. «Puesto que lo que se persigue con la actualización de las entregas es únicamente que las comunidades reciban sin retrasos los ingresos que les corresponden por ley, no está nada claro que esta medida no tenga encaje dentro del despacho ordinario de los asuntos públicos o de las excepciones por razones de interés general. Pero si así fuera hay otra opción que pasaría por revisar los objetivos de déficit y ofrecer financiación puente a las comunidades mientras llega la liquidación. Se trataría, en particular, de elevar el objetivo de déficit de las autonomías para 2019», señala a ABC el director de Fedea y experto en el grupo para la reforma del modelo de financiación autonómica, Ángel de la Fuente, Fuentes autonómicas señalan que si bien jurídicamente puede ser recurrido, el reparto de las entregas a cuenta en funciones puede articularse mediante un decreto o un acuerdo del Consejo de Política Fiscal: al no contar con oposición política -ningún partido recurrirá ya que todas las autonomías de régimen común están interesadas en esta medida-, el reparto sería viable. Ello explica que las comunidades presididas por el PP -Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León- reclamaran ayer la convocatoria de esta reunión, que lleva más de un año sin producirse. Hay que recordar que el artículo 6 del reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera recoge que este cónclave se celebrará si así lo piden al menos una tercera parte de sus miembros.De España https://ift.tt/2PljtOK
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