Núñez Bolaños, la juez que desactiva los escándalos de corrupción de la Junta

Si el caso ERE fuera una bomba, el trabajo de la juez María Núñéz Bolaños se asemejaría mucho al de un Tedax. El símil no es exagerado. La onda expansiva del fraude de las prejubilaciones ha alcanzado a dos expresidentes, seis exconsejeros y otros 14 ex altos cargos autonómicos que se sientan hoy en un banquillo. Durante los tres años y medio que está a punto de cumplir al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada ha desactivado buena parte de la carga explosiva alojada en los sumarios con los que su antecesora, Mercedes Alaya, acorraló judicialmente al Gobierno andaluz hasta el punto de hacer dimitir a José Antonio Griñán por la «erosión» del caso ERE. El presidente que precedió (y puso) a Susana Díaz al frente de la Junta. Nada ha vuelto a ser igual en el juzgado tras el desembarco de Núñez, una apuesta personal del entonces consejero andaluz de Justicia Emilio de Llera, amigo de su marido «desde chiquititos», como admitió el también fiscal. Alaya aspiraba a seguir investigando las macrocausas que han puesto bajo la lupa al PSOE andaluz tras su marcha a la Audiencia de Sevilla. Pero el Consejo General del Poder Judicial la apartó tras cuestionar la imparcialidad de su sustituta por la amistad «notoria» que le une al político. Nada más aterrizar, Núñez dio un vuelco a las causas de los ERE y Formación, que dividió en piezas más pequeñas con la idea de agilizarlas. La realidad es que sólo ha concluido tres piezas (las ayudas irregulares al chófer de Guerrero, Cenforpre y ABB) y las tres están pendientes de la resolución de recursos. El juez de apoyo Álvaro Martín cerró otras tres piezas desgajadas de la causa matriz, incluida la del «método ERE» que afecta a 22 ex cargos autonómicos, la única que se está juzgando de las 270 que debe abrir. Riesgo de prescripción El «retraso» de esta instrucción —en enero cumplirá ocho años— es una queja recurrente en los escritos de las fiscales Anticorrupción. El pasado 20 de septiembre alertaron de que desde 2014, 2015 y 2016 permanecían en su juzgado 18 informes de la Guardia Civil y los peritos judiciales sobre empresas que no estaba investigando. Núñez reaccionó abriendo diez piezas. El tiempo corre en contra de la Justicia y favorece la impunidad de los corruptos. Se investigan ayudas concedidas desde 2001 y el riesgo de que prescriban los delitos es alto. De hecho, ya se han archivado más de una veintena de causas por caducidad. Si preocupante es la demora, a la Fiscalía aún le inquieta más la desimputación masiva de ex altos cargos en las piezas relativas a cada una de las ayudas irregulares. Núñez ha logrado algo tan insólito como poner en su contra a todas las acusaciones. Anticorrupción, el PP e incluso la Junta –que se retiró de la pieza política para no acusar a Chaves y Griñán– recurren todos sus autos de exclusión. La juez ha hecho suyo el criterio de la Audiencia de Sevilla, que estableció que si un cargo político está acusado por el sistema ilícito de reparto de fondos no puede ser enjuiciado por cada una de las subvenciones de forma aislada. La Fiscalía ha puesto el grito en el cielo por esta tesis por ser un «intolerable espacio de impunidad». Los letrados de la Administración andaluza temen que los delitos queden impunes al no dejarles acusar en las piezas separadas de cada ayuda. Archivos de corta y pega Este hábito de archivar le ha jugado algunas malas pasadas. En un auto de corta y pega, Núñez llegó a desimputar dos veces al exdirector de Trabajo Javier Guerrero por la misma ayuda. El caso ERE está menguando de imputados a marchas aceleradas. En sus autos «indulta» también a beneficiarios de ayudas con la tesis de que son «víctimas» de la macrocausa en lugar de delincuentes. Ha exculpado a dos exconsejeros delegados de la empresa pública Egmasa con el argumento de que la firma de la póliza subvencionada no implica que pudieran «ni siquiera intuir, la existencia de irregularidades» en la concesión. En el enésimo giro que da al caso ERE, Núñez defiende ahora que las subvenciones sociolaborales «son ayudas a los trabajadores y no a la empresa». Echa por tierra la doctrina jurídica de los peritos que estudiaron las 270 ayudas, del Tribunal de Cuentas, y del Supremo, que las consideran ayudas a empresas porque la Junta corrió con gastos de despidos que debieron asumir las sociedades elegidas arbitrariamente.

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