
El Gobierno y sus aliados parlamentarios, de un lado, y PP y Ciudadanos, de otro, libran una encarnizada lucha por el control del legislativo. Los socialistas denuncian que los de Pablo Casado, partido mayoritario, y los de Albert Rivera, que suman mayoría en la Mesa, ejercen un boicot inédito en las Cortes a la acción del Ejecutivo, zancadilleando la tramitación de leyes para retrasar su votación en el Pleno, donde la izquierda y los nacionalistas sí son mayoría. Este argumento ha protagonizado la polémica en torno a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, vital para aprobar los Presupuestos y alargar la vida del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque no es la única proposición de ley paralizada. También el PSOE bloquea lo que quiere. «Inmadurez» El equipo de Pedro Sánchez viene acusando a PPy Ciudadanos de «abusar» de las instituciones, en alusión al control que ejercen en las Mesas del Congreso y del Senado, torpedeando los planes del Ejecutivo, especialmente en harina presupuestaria. La portavoz de La Moncloa, Isabel Celaá, acusó hace unos días a las fuerzas de «la derecha» de actuar con «inmadurez» política y exigió la urgente tramitación del texto que da cobertura a las cuentas. Sin embargo, la realidad en la cocina de la Cámara Baja es bien distinta. El PSOE también ha solicitado de manera sistemática la paralización de media docena de leyes en el Congreso. Cuatro de ellas impulsadas por sus socios PNV y ERC (en el cuadro de abajo la relación de las leyes ralentizadas por los socialistas) En solo tres meses (agosto es inhábil) el PSOE acumula 145 peticiones de prórrogas sobre distintos proyectos En el último mes los socialistas han pedido de manera reiterada más tiempo para repensar su posición sobre la prisión permanente revisable, la justicia universal, la suspensión del calendario educativo de la LOMCE, la reforma del TC, el control al Gobierno en funciones, o la propuesta de despenalización de la eutanasia del Parlament de Cataluña. En solo tres meses de actividad parlamentaria –agosto es inhábil en el Congreso– han presentado más de 145 peticiones de prórrogas de enmiendas a éstas y otras leyes que desde la oposición no dudaron en apoyar pero que, una vez en el Gobierno, les es incómodo tramitar. Congelación «sine die» El Reglamento del Congreso no pone límite a la petición de prórrogas por lo que permite mantener congelada una ley «sine die». El único requisito es que dos grupos parlamentarios lo soliciten y los socialistas está acusando la alianza de PP y Ciudadanos en la oposición. Así pues, la prórroga de las enmiendas es una herramienta perfectamente lícita. La incoherencia del PSOE se produce al utilizarla después de acusar a PP y Ciudadanos de bloquear la actividad legislativa. Una denuncia que viene utilizando desde el inicio de la legislatura. El Pleno vota mañana si endurecer los criterios para pedir prórroga de enmiendas, a propuesta del PSOE El PSOE llevará mañana al Pleno del Congreso una propuesta de reforma del Reglamento para evitar que se eternice la tramitación de leyes. Propone que para acordar prórrogas, será necesario que lo soliciten, como mínimo, dos grupos parlamentarios, pero siempre que estos representen a la mayoría absoluta de la Cámara. Se queja de que en anteriores legislaturas el «criterio» había sido prorrogar ante el deseo de los grupos que representaban la mayoría de los diputados. 17 leyes paradas enponencia Junto a estas seis leyes bloqueadas a mano del PSOE, otras 17 iniciativas legislativas se encuentran anómalamente detenidas después de superar el trámite de enmiendas, dos de ellas de carácter urgente como nuevas medidas sociales o la adaptación de la normativa bursátil a la UE. Las leyes de los seguros privados, para la lucha contra la corrupción, la independencia de los organismos reguladores, la seguridad ciudadana, la reforma de la subcontratación se han quedado congeladas en el siguiente trámite parlamentario, la ponencia. En algunos casos los ponentes que deben elaborar el informe fueron nombrados hace semanas pero no se han reunido aún por primera vez, a pesar de que el Reglamento del Congreso otorga un plazo inicial de quince días para la elaboración del texto. En otros casos, los ponentes ni siquiera han sido elegidos, a pesar de que el trámite anterior acabó hace semanas. El PSOE está contribuyendo a esta parálisis pero no es el único culpable ya que las ponencias no se ponen en marcha porque no hay un interés fuerte de los grupos para continuar tramitando iniciativas que impulsaron en muchas ocasiones al calor de debates públicos que hoy han perdido urgencia o han quedado superados. Cuando la legislatura se acabe y se disuelvan las Cortes, todas las iniciativas que no hayan concluido su tramitación decaerán y tras las elecciones los grupos que las impulsaron deberán comenzar la labor de nuevo. Los socialistas piden tiempo: Prisión permanente revisable El PSOE ha frenado la derogación de la prisión permanente revisable. Sánchez llevó en su programa electoral eliminar la pena máxima cuanto antes, pero desde que está en el Gobierno su grupo ha echado el freno a la propuesta de reforma del PNV que languidece en el cajón desde septiembre de 2016. En este tiempo, PP y Ciudadanos mantenían paralizada su tramitación. Pero ahora es el PSOE el que la bloquea en el trámite de enmiendas y pide esperar a que resuelva el Tribunal Constitucional. En tiempo electoral, los socialistas temen el castigo de su propio electorado, que en buena parte está a favor de esta medida punitiva ante los crímenes más atroces. Justicia universal Esta ley estaba paralizada hasta hace unos días por el grupo de Adriana Lastra. ERC reclamó al inicio de legislatura ampliar la «justicia universal»: que los tribunales españoles puedan juzgar delitos graves ocurridos en otros países. Pero el PSOE ha solicitado reiteradas prórrogas con el argumento de que se trabaja en un plan paralelo desde el ministerio de Dolores Delgado, para el que este verano fichó a cuatro asesores vinculados con el exjuez Baltasar Garzón. Los independentistas registraron su proposición de ley en 2016 con el deseo de derogar los límites impuestos por Zapatero (2009) y Rajoy (2014). En su toma en consideración el PP votó en contra, Cs se abstuvo, mientras que la izquierda y los nacionalistas votaron a favor. Reforma del TC: control previo El PSOE apoyó en diciembre de 2016 impulsar otra propuesta del PNV para reformar la ley del Tribunal Constitucional de manera que se castigue con una multa menor, en lugar de con la suspensión, la negativa de los cargos públicos o funcionarios a aplicar sus resoluciones. Se trata del llamado control previo de constitucionalidad, que introdujo el PP en solitario en 2015, para reforzar al Alto Tribunal y evitar que los altos cargos del independentismo catalán siguieran desobedeciendo sus sentencias. Los socialistas apoyaron tramitar la iniciativa del PNV para cambiar la suspensión cautelar de los cargos a multas menores. PP y Cs se quedaron solos rechazando la tramitación de una ley que ahora el PSOE también está frenando. Control al gobierno en funciones En marzo de 2018 el PSOE apoyó legislar sobre el deber del Ejecutivo a someterse al control del legislativo aunque esté en funciones. El PNV llevó a la Cámara esta propuesta legal después de que el gobierno de Rajoy eludiera comparecer ante el Congreso durante el largo periodo de interinidad surgido en España entre las elecciones de diciembre de 2015 y la investidura de otoño de 2016. Los vascos, con el voto de socialistas, Podemos y los independentistas, defendieron que los altos cargos se sometan al control político de las Cortes Generales estando en funciones y se les castigue con la destitución, pérdida de la compensación por cese o inhabilitación. El texto duerme en el cajón y los socialistas llevan semanas reiterando su solicitud de prórroga para presentar enmiendas. Despenalización de la eutanasia El PSOE ha paralizado junto al PP la tramitación de la proposición de ley del Parlament de Cataluña para reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. En paralelo, han impulsado su propia propuesta legal, cuya tramitación acaba de acelerarse en el Congreso. Calendario de la Lomce El PSOE exigió al inicio de la legislatura paralizar el calendario de implantación de la Ley de Educación del PP. Rajoy ofreció a la oposición un pacto de Estado en materia educativa, lo que llevó a los socialistas y demás grupos de la oposición a congelar su tramitación vía prórroga de enmiendas. Ese pacto quedó en vía muerta en los últimos meses de Gobierno popular pero el PSOE ha seguido pidiendo más plazo para presentar enmiendas.
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