De forma más abierta o más discreta, en los pasillos de la Audiencia Nacional, como en los de la Fiscalía Anticorrupción, hay quien se pregunta qué hace en un juzgado de Instrucción de Madrid una causa que afecta a un partido del Gobierno, que versa sobre su posible financiación irregular y que tiene un alcance internacional claro. La consultora con la que contrató Unidas Podemos en la campaña de abril de 2019 es mexicana y tiene implantación en todo Latinoamérica. Además, el dinero electoral que recibió viajó a aquel país en ocho transferencias gestionadas por un administrador en España por orden de dos mexicanos. Sin embargo, ni el juez se ha inhibido ni nadie le ha reclamado formalmente el asunto; tampoco Anticorrupción ha movido ficha y de hecho, lo que le ha llegado que pudiera estar relacionado, lo ha enviado a la Fiscalía de Madrid, según las fuentes consultadas por este diario. Entretanto, nueve meses después de incoarse el procedimiento por una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, el juez Juan José Escalonilla no ha cruzado el charco para investigar, como tampoco se lo ha pedido la fiscal del caso. Ni ha llamado a declarar a los mexicanos involucrados, especialmente los responsables de Neurona, César Hernández y Andrea Edlin, ni al abogado Germán Cobos o al trabajador Waldemar Aguado, que hacían de interlocutores con la versión española de la consultora. Lo más cerca de México que está la causa es una doble petición cursada a su embajada. Por un lado, para preguntar si se puede organizar la testifical por videoconferencia de los dos últimos mencionados, sin que se haya puesto fecha. Por otro, para averiguar si se expidió un visado al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que justifique que viajó a aquel país. La representación consular respondió que no había visa y que, en todo caso, tenía a su disposición el convenio de colaboración judicial entre ambos países si quería investigar. Monedero ya había aportado los billetes de avión y el pasaporte y la embajada recordaba al instructor que existen las comisiones rogatorias. La duda de Creative Tampoco se ha rastreado el destino final del dinero electoral que fue a México ni los servicios que pudo haber prestado la empresa beneficiaria, Creative Advice Interactive, más allá de conocer, como ha hecho la Udef en fuentes abiertas, quiénes son sus administradores. Y eso, aunque la imputación lo es por delito electoral y/o financiación irregular atendiendo al destino que tuvo aquel dinero. A lo largo de estos meses de investigación, Juan José Escalonilla ha centrado los esfuerzos en desbrozar la batería de indicios de delitos diversos que apuntaba. Algún caso se ha archivado ya, como el sobreprecio en las obras de la sede que apuntaba a irregularidades. Otro se había cerrado pero ha sido reabierto por orden de la Audiencia Provincial: los pagos de la caja de solidaridad del partido a la asociación 404 Comunicación Popular, que el instructor ahora debe seguir investigando. En el resto, o faltan diligencias, como en el caso de Neurona, o el juzgado está a la espera de que se resuelvan los recursos. Eso sí, en esta causa, cada paso que da el juez es recurrido por acusaciones y defensas. Hay un tercer paquete y son los nuevos hechos que puso encima de la mesa la exabogada de Podemos Mónica Carmona. Como ya informó ABC, el partido quería sacarlos de la causa y la Fiscalía, por su parte, analizarlos en piezas separadas. El juez optó por desgajarlos y abrió tres causas independientes con idea de repartirlas a otros juzgados. Le han vuelto a caer a él antes de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre si hizo bien o, como alega Vox, están conectados y deben seguir en la causa principal. Se trata del presunto uso de una empleada del partido como niñera , unas donaciones a un proyecto de escuela popular y unas costas procesales en beneficio del partido que, ahora, van a investigarse.De España https://ift.tt/3cJWM0a
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