Van cayendo los días del mes de abril y el 9 de mayo (fin del estado de alarma) está ya a tiro de piedra, lo que acentúa el desasosiego del Gobierno autonómico que ve cómo a partir de esa fecha no será posible ni el confinamiento perimetral de la comunidad ni el toque de queda a las diez de la noche. La preocupación es mayor aún tras el Consejo Interterritorial del miércoles (que reúne a las comunidades con el Ministerio), que concluyó sin novedad alguna al respecto más allá de la petición al Gobierno de España de algunas comunidades, como el País Vasco, para que se amplíe el estado de alarma. «Me siento más Arisqueta que nunca», señaló ayer el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, apelando así al origen vasco de su segundo apellido (Arisqueta) y a la coincidencia con los planteamientos del Ejecutivo vasco. Además, daba a entender que su postura también es la de prorrogar el cierre de la comunidad y el toque de queda. Igea reconoció que la Junta ya prepara el plan post estado de alarma, aunque no quiso dar detalles al respecto porque «no nos competen a nosotros» y volvió a apelar al Gobierno de España «que es quien tiene la responsabilidad de legislar». «No se puede tener un país paralizado por una campaña electoral; tiene que tomar decisiones», señaló el vicepresidente de la Junta aludiendo de esta forma a las elecciones de la Comunidad de Madrid, por lo que advirtió de la necesidad de actuar ante un escenario con nueve comunidades en riesgo máximo por la propagación del Covid. El número dos del Ejecutivo autonómico reiteró que la posición de la Junta es que se legisle para que las comunidades cuenten con las herramientas necesarias que las permita tomar decisiones y evitar que éstas acaben en los tribunales. «La obligación del Gobierno es legislar, asumir sus responsabilidades y no pasar la pelota a las comunidades, pero estamos paralizados porque estamos en campaña y el Gobierno teme que sus decisiones influyan», insistió. Igea reconoció la preocupación de la Junta ante la apertura de las autonomías dada la elevada incidencia que tienen algunas que, como el País Vasco, son vecinas. Por ello, señaló, «trabajamos en la campaña de vacunación a toda velocidad para que la irresponsabilidad del Gobierno nos pille con la mayor inmunización posible cuando llegue el 9 de mayo». «No se puede elegir vacuna» Una campaña que, según el vicepresidente de la Junta, supone que el 35 por ciento de la población de Castilla y León ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna frente al Covid. Precisamente, a preguntas de los periodistas, advirtió de que los ciudadanos «no pueden elegir» la vacuna que quieren que se les administre, por lo que es su responsabilidad que rechacen una dosis -será considerada una renuncia voluntaria- por pertenecer a una farmacéutica concreta, como ha ocurrido en Salamanca con Janssen. Puntualizó, no obstante, que no hay motivos para dudar de las vacunas porque «todas son seguras». Es más, el rechazo ha sido mínimo y «la gente acude con mucha confianza», con una respuesta positiva en más de un 95 por ciento de los convocados.Sobre la evolución de la pandemia, aclaró que la incidencia acumulada se mantiene «pero no ha comenzado un descenso claro». Ayer se notificaron 390 nuevos contagios y dos fallecidos.De España https://ift.tt/2SgRBgz
0 comentarios:
Publicar un comentario