En mayo de 2020 el Gobierno aprobó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), su medida estrella de esta legislatura para amortiguar los efectos de la crisis social y económica causada por la pandemia de coronavirus en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Un año después, esta prestación ansiada por cientos de miles de personas no ha logrado el éxito esperado lastrada por los problemas burocráticos y los errores de concepción de la medida. Asimismo, entidades como Cáritas piden a la administración, y al conjunto de la población, un cambio profundo en la mirada y los prejuicios que prevalecen todavía hoy sobre los más pobres. «Un problema básico de esta ley es que, como sociedad, en España se sospecha de la gente pobre, se piensa que los vulnerables son corruptos, que nos van a engañar y que no son capaces de administrar su vida y no usarán bien el dinero. Por eso se prefiere dar comida o se da dinero con tantos problemas y trabas que se impide salir de la pobreza crónica, mientras eso no cambie, el IMV no funcionará», explica a ABC Mercè Darnell, responsable del programa de necesidades básicas de Cáritas en Barcelona. Además, según alertan desde la mayor ONG eclesial del país, cuanto más complicado es pedir una ayuda, más gente deja fuera, especialmente a las personas que más la necesitan. Menos del 4% de usuarios En estos momentos, el IMV -planteado por el Gobierno como el mayor salto en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006- ofrece 462 euros al mes para cualquier persona adulta de escasos recursos. Además, suma 139 euros mensuales por cada individuo que forme parte de su «núcleo de convivencia» hasta un máximo de 1.015 euros. No obstante, esta prestación deja fuera a amplios sectores de la población como los menores de 23 años, los inmigrantes en situación irregular o las personas sin hogar (desde los sin techo hasta quienes viven realquilados, en pensiones, asentamientos, locales, coches o campamentos ilegales). «El ingreso mínimo no te saca de pobre aunque te lo dieran, cosa que tampoco están haciendo», lamenta Darnell. «Otro gran problema es que se piden los ingresos y la última declaración de la renta es de 2019, cuando muchos de los potenciales beneficiarios del ingreso aún no habían sufrido la crisis de la pandemia», afirma Darnell al alertar que muchos de los que hoy llenan las colas del hambre, hace un año tenían trabajo y casa. Con todo, ese es solo uno de los múltiples problemas de una medida con muy buenas intenciones, pero pésimamente desplegada. Así, Cáritas alertó este mes de marzo que, pasado un año desde su puesta en marcha, la prestación apenas tiene beneficiarios reales. De hecho, menos del 4% de las familias atendidas por la ONG en toda España están ya bajo el manto del IMV. «En Barcelona solo se han aprobado 3 o 4 de las 200 solicitudes que gestionamos en su momento, además, tuvimos que decir que no tenían opción ni de solicitarla a más de 1.000 familias», agrega Darnell. Otros problemas del nuevo IMV es su importe, que en ciudades como Barcelona o Madrid apenas da para pagar un alquiler, así como el proceso burocrático para acceder a él. De hecho, en Cataluña las organizaciones agrupadas en ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social) denunciaron recientemente haberse visto obligadas a dedicar voluntarios a asesorar a los potenciales beneficiarios de la medida, incapaces de cumplimentar todos los pasos sin su ayuda. «Podemos hablar de fracaso, los resultados por ahora son muy malos, pero debemos esperar un poco para ver si esto se va regularizando», apunta a este diario Sira Vilardell, vicepresidenta del ECAS. La ‘brecha digital’, los problemas para acceder a internet, también dificulta el proceso ya que la mayoría de los que requieren del ingreso no tienen ordenador ni red para realizar un proceso que únicamente puede hacerse de forma telemática, agrega desde ECAS. Un calvario para miles de personas sin hogar Si un colectivo vulnerable se siente especialmente maltratado por el nuevo Ingreso Mínimo Vital es el de las personas sin hogar. Los sintecho, tanto si duermen entre cartones como si malviven en pensiones, asentamientos, campamentos o habitaciones realquiladas están fuera del radar del IMV, según su diseño actual. ¿El motivo? Los problemas de empadronamiento. De hecho, aunque la ley permita empadronarse en cualquier lugar, hasta en un coche o un cajero automático, cientos de ayuntamiento impiden a los sintecho registrase en sus poblaciones, algo que les obliga a «comprar» empadronamientos en el mercado negro. Sin empadronamiento, no hay IMV. «Lo que pedimos es que se tenga en cuenta el colectivo de personas de la calle, se reconozca sus dificultades para cumplir los requisitos para no dejar a más gente excluida. Se planteó el IMV como una solución a los problemas de la pandemia, y un año después muchos aún están esperando respuesta. Por ahora, no es una solución», explica Bea Fernández, de la Fundación Arrels, una ONG especializada en ayudar a personas sin hogar.De España https://ift.tt/2Omgmq2
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