
El pasado 12 de abril más de 2.500 jueces de tres asociaciones judiciales –todas menos Jueces para la Democracia– enviaron una carta a la Comisión Europea en la que denunciaban el riesgo de violación del Estado de Derecho en España. La referencia a la proposición de ley que rebaja las mayorías parlamentarias en la elección de los vocales de procedencia judicial –cuya retirada anunció ayer Campo– es solo la punta del iceberg de las denuncias que se contenían en aquella misiva. De ahí que, pese al triunfo que supone la presión de Bruselas al Ejecutivo, La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) no estén todavía satisfechas y hayan...
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