España fue usada como plataforma de blanqueo, como «cuenta-puente» por miembros de la mafia rusa Tambovskaya para que el dinero que entraba en Rusia no tuviera ninguna sospecha de proceder de un paraíso fiscal. Es una de las conclusiones que ayer explicó el fiscal Juan Carrau al reanudarse el juicio contra 18 miembros de esta mafia, cuyos cabecillas están huidos. En el banquillo se sientan los colaboradores que armaron las estructuras de blanqueo, entre ellos el diputado de la Duma, Vladislav Reznik y su esposa Diana Gindin. Para ellos dos se pide precisamente la mayor pena: cinco años para él y cuatro años y medio para ella por blanqueo de capitales y asociación ilícita. Una de las novedades es que ya en la fase de conclusiones Anticorrupción ha rebajado su solicitud de pena para los 16 acusados de facto (han quedado exculpados dos). De los 5,6 años que solicitaba para todos se ha pasado a entre 2 y 5 años de cárcel. La menor rebaja para el político y su mujer se debe a que las mayores dilaciones del procedimiento (que motivan este cambio en el Ministerio Público) se les imputan precisamente a ellos. Junto a las penas de prisión, la Fiscalía solicita que se impongan a los acusados multas que superan los 176 millones de euros en atención a la participación de cada uno en las estructuras de lavado de fondos. Carrau, tras evidenciar la amistad y relaciones económicas que unían al político con Gennadios Petrov, considerado uno de los dos cabecillas en España de la Tambovskaya, explicó que conocía de sobra su actividad criminal y compartía con él «negocios y economía a gran escala». La pareja ayudó a «difuminar» el origen criminal de los fondos de Petrov a través de ingeniería financiera y luego, tras las detenciones, buscaron un «cortafuegos» para «evitar su vinculación» con él. Puso como ejemplo el avión privado que compraron Reznik y Petrov por 13 millones de dólares y en el que parte de los fondos fueron aportados en teoría por Diana Gindin. Su defensa presentó ayer un documento (rechazado por el Tribunal) sobre la supuesta venta de la aeronave meses después de las detenciones de la operación Troika. El matrimonio estaba en Rusia y no llegó a ser detenido. Carrau se extendió sobre los antecedentes y la peligrosidad de los personajes de Tambovskaya e ironizó con la imposibilidad de que alguien que vive en San Petersburgo (el político) no se enterara de que a esa mafia se le atribuían los asesinatos de cuatro diputados de la Duma. El fiscal recordó la declaración de un testigo protegido durante el juicio quien se despachó diciendo que es «tan evidente» que la Tambovskaya es una organización criminal «como que en España se come jamón». Denuncia en un juzgado El otro fiscal de la causa José Grinda reveló al comenzar su exposición sobre los bloques de legitimación de las organizaciones criminales y su blanqueamiento económico y social cómo actúan estas mafias, en sentido contrario: ensuciando. Según avanzó, él mismo ha tenido que presentar una demanda en un Juzgado de Pozuelo de Alarcón por ataques contra su honor y anticipó que esas acciones continúan. Fue Grinda quien el primer día de juicio aportó una carta de la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que detallaba a Interior que Grinda y miembros de su familia habían recibido «amenazas directas», procedentes de un dirigente de este grupo criminal, Ilias Traber, conocido como «el Anticuario», contra quien hay orden de busca y captura. Por esta doble amenaza, a partir de hoy, cuando Grinda termine sus conclusiones varios fiscales Anticorrupción se relevarán en la Sala como muestra de apoyo a su compañero amenazado, una imagen inédita que da idea de las amistades peligrosas de quienes se habían asentado en España. El presidente Putin figuraba entre esas amistades, según un escrito de la instrucción.De España https://ift.tt/2qlm4Z3
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