«Esto no tienen nada que ver con la política. Mi abuela se murió de pena sabiendo que su marido no iba a estar enterrado con ella». De esta manera expone Juan José Guerrero, nieto de Juan González, el fundamento de la batalla judicial en la que su familia se embarcó para conseguir exhumar los restos de su ser querido del Valle de los Caídos. Lo mismo se podría decir en los casos de Pedro Gil o los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, cuyas familias, en especial la de estos últimos, mantienen batallas legales desde hace casi una década para conseguir las exhumaciones. «Lo primero es sacarlos, lavarlos y recogerlos en un sitio más digno», confirma a este diario Miguel Ángel Capapé, marido de Purificación Lapeña, nieta de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en Aragón. «Los que no quieren que se toque nada igual se piensan que los restos están ahí bien puestos con un ataúd y una flor, pero no, se están pudriendo», clama Capapé días después de conocer el comunicado de Patrimonio Nacional. El organismo, del que depende la gestión del Valle de los Caídos, advirtió el lunes de que no se podría realizar ninguna exhumación si los restos de las personas en cuestión están mezclados con otros. «No me gustó el comunicado», admite Rosa Gil, nieta de Pedro Gil, un agricultor soriano que murió en el frente de Zaragoza:«Pese a todo vamos a esperar a los informes técnicos y confío, soy optimista, en que esto se pueda solucionar. Ahora mismo los restos allí no están bien. Hay que solucionarlo por caridad». Desenterrados Las familias confirman que los restos de sus seres queridos fueron desenterrados «sin avisar» para después trasladarlos al Valle de los Caídos. «A mi padre le contaron que el abuelo había muerto y que estaba enterrado una fosa común a las afueras del cementerio de Zaragoza. Después descubrimos que el abuelo había tenido una tumba particular que aún está vacía después de que en 1961 fuera trasladado al Valle de los Caídos sin conocimiento familiar», comenta Gil, que decidió junto a su familia elevar al ámbito judicial su causa hace apenas dos años. Algo similar, aunque años antes, les ocurrió a los Lapeña, que en 2010 comenzaron una larga batalla legal pionera que les ha llevado incluso a apelar al Tribunal de Estrasburgo, hasta que en 2016, el juzgado de primera instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial emitió un auto que autorizó la exhumación de sus dos familiares: «Ahora nos dicen que hay que volver a reclamar a otras instancias y la verdad es que cansados no estamos, pero sí decepcionados. El proceso se alarga y hay mucha gente que se ha quedado en el camino y no va a poder ver la exhumación».De España https://ift.tt/2vVc52I
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