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Klay Thompson se queda en casa con Golden State. Jimmy Butler finalmente tiene un nuevo hogar en Miami. Y la espera continúa para Kawhi Leonard.Thompson anunció su decisión de seguir con los Warriors...Klay Thompson se queda en casa con Golden State. Jimmy Butler finalmente tiene un nuevo hogar en Miami. Y la espera continúa para Kawhi Leonard.
Thompson anunció su decisión de seguir con los Warriors por 190 millones de dólares durante los próximos cinco años, lo que significa que los pentacampeones de la Conferencia del Oeste tienen a su dúo de jugadores perimetrales, Thompson y Stephen Curry, conocidos como los “Splash Brothers”, amarrados a largo plazo.
El anuncio de Thompson llegó mediante las redes sociales, utilizando el hashtag “Warrior4life” (“Warrior de por vida”).
Añadió: “nunca hubo una duda”.
En lo que sí persisten muchas dudas es en el próximo destino de Leonard. Las primeras 24 horas de la agencia libre fueron y vinieron sin un asomo de información sobre el Jugador Más Valioso de la última Final de la NBA, quien se reuniría con los Raptors de Toronto — el equipo al que guio en la temporada recién terminada al título de la NBA — tan pronto como el martes.
Los Lakers de Los Ángeles también parecen permanecer de lleno en la carrera por contratarlo para que juegue junto con LeBron James y Anthony Davis.
Pero ya no hay más dudas sobre el futuro de Butler.
El Heat completó el lunes las negociaciones sobre lo que se convertirá en un canje entre cuatro equipos para obtener a Butler de los 76ers de Filadelfia. Los Clippers de Los Ángeles y los Trail Blazers de Portland están también involucrados en la operación.
Miami obtiene a Butler y Meyers Leonard; los Blazers reciben a Hassan Whiteside; los Clippers a Maurice Harkless y una futura selección de primera ronda, y los 76ers adquieren a Josh Richardson.
El Heat había acordado mandar a Whiteside a Portland por Harkless y Meyers Leonard al inicio del día, pero después quedó esencialmente absorbido en la negociación para adquirir a Butler, quien estará bajo un contrato de 142 millones de dólares durante las siguientes cuatro temporadas. El domingo, el Heat tenía casi listo un principio de acuerdo para un canje entre tres equipos con los 76ers y Dallas, antes de que los Mavericks decidieran ir en otra dirección.
“¿Alguien tiene el número de Kawhi?”, escribió Harkless en Twitter luego de ser enviado a los Clippers en ese canje entre cuatro equipos.
Kyrie Irving se mudó a los Nets de Brooklyn en un acuerdo que se cree valdrá 141 millones de dólares. El astro originario de Nueva York dijo que la tentación de ir a casa era demasiado fuerte para ignorarla.
“El hogar es donde está mi familia”, dijo Irving en un video publicado por su nueva representación, Roc Sports. “El hogar es donde quiero que continúe mi legado. Y estoy feliz de estar en Brooklyn”.
Irving estuvo con los Celtics de Boston. Su reemplazo para la siguiente temporada será Kemba Walker, quien explicó su decisión de dejar Charlotte por Boston en un texto publicado el lunes en The Players Tribune.
“Siento que es una unión hecha en el cielo”, escribió Walker. “Quiero ganar aquí, verdaderamente, y estoy emocionado por probarme a mí mismo como ese tipo de jugador en esta liga. Quiero incorporarme a la tradición ganadora de Boston. Quiero colocar a este equipo de regreso en lo más alto”.
Los Knicks de Nueva York se perdieron de jugadores como Irving y Kevin Durant — quien también se dirige a Brooklyn — pero continuaron la reestructuración de su plantel con la adición de los escoltas Elfrid Payton y Wayne Ellington. Nueva York se convertirá en el noveno equipo de Ellington en 11 temporadas.
Y Seth Curry, el hermano de Stephen, regresa a Dallas. Los Mavericks acordaron un contrato por cuatro años y 32 millones de dólares, con el más joven de los Curry, quien pasó la temporada anterior con Portland. Jugó para los Mavs en la temporada 2016-17, cuando tuvo el promedio más alto de su carrera con 12,8 puntos por encuentro.
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El alcalde de Lérida, Miquel Pueyo (ERC), colgó ayer una pancarta del balcón del edificio consistorial con el lema «Libertad presos políticos y exiliados» (en catalán e inglés). Esta es una de las primeras decisiones del nuevo primer edil del Ayuntamiento, que se alzó con la alcaldía tras las pasadas elecciones municipales desbancando al PSC, que mantenía un pacto de gobierno con Cs por el que Lérida se había mantenido al margen de este tipo de pancartas. Pueyo aseguró que la mantendrá hasta que el Gobierno «entre en un proceso de negociación y de retorno a la política» cediendo a sus exigencias independentistas. El alcalde gobierna Lérida con el apoyo de ERC (su partido), Junts per Catalunya (JpC) y los comunes, cuyas formaciones respaldaron la iniciativa del nuevo alcalde. La edil de Cs Ángeles Ribes lamentó la decisión de Pueyo: «Es un día triste».
El Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo rechazó ayer las medidas cautelares que habían solicitado el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y el que fuera consejero de su ejecutivo regional, Antoni Comín, que pedían que el Parlamento Europeo les reconozca su condición de eurodiputados electos, a pesar de su negativa a personarse en Madrid para recoger su acta. La resolución del Tribunal, la máxima instancia judicial de la Unión Europea, no prejuzga cual será su decisión cuando aborde el fondo del asunto, pero los argumentos utilizados para rechazar las medidas cautelares que se le pedían indican que se trata de un sonoro portazo a las pretensiones de los dos huidos de la justicia. En efecto, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, condenado en su día por actividades terroristas, había celebrado con euforia en las redes sociales que el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, le hubiera respondido por carta a su petición de que Puigdemont y Comin fuera considerado eurodiputados electos, basándose en que sus nombres habían aparecido en el BOE en la listas de las personas que habían obtenido un escaño. Tajani le dijo a Puigdemont que no podía tratarlo como un diputado electo porque su nombre ni el de Comin aparecen en la lista que ha enviado la Junta Electoral Central a la Eurocámara. Estos respondieron denunciando al Parlamento Europeo por perjudicar sus intereses y por ello pedían al Tribunal de Luxemburgo que se ordenara a la eurocámara permitirles tomar posesión de sus escaños. El Parlamento se constituye hoy en Estrasburgo y Puigdemont pretendía forzar su reconocimiento como eurodiputado apoyado por una manifestación que han convocado las entidades independentistas en la ciudad francesa. No está claro si el huido de la justicia se atreverá a entrar en territorio francés y arriesgarse a que España reactive la Euroorden de detención. La decisión conocida ayer tarde indica claramente que «la cuestión de si debería haberse permitido a los demandantes jurar o prometer acatamiento a la Constitución española sin personarse físicamente en la sesión convenida el 17 de junio de 2019 ha de ser resuelta por las autoridades nacionales» españolas y no por la justicia europea. Además, el Tribunal recuerda que los dos demandantes han iniciado un proceso en España para oponerse a esta exigencia de la ley electoral, por lo que no le corresponde dirimirlo al Tribunal de Luxemburgo. En cuanto al hecho de que sus nombres aparecieran en el BOE como candidatos a los que les corresponde un escaño, dicen que «puede ser entendida como un trámite importante y necesario en el procedimiento nacional». Sin embargo, se añade que este paso «aparece, a primera vista, como una etapa intermedia y no como la etapa definitiva que pone fin al procedimiento nacional» para la proclamación de su condición plena de eurodiputados. En su decisión de ayer el presidente del Tribunal se refiere a la legislación europea que data de 1976 y que especifica que para verificar las credenciales de sus diputados, el Parlamento Europeo «ha de tomar nota de los resultados oficialmente proclamados por los Estados miembros y decidir acerca de las controversias que pudieren eventualmente suscitarse en relación con las disposiciones europeas, con exclusión de las disposiciones nacionales a que dicha legislación remita». Es decir que avala que el Parlamento Europeo no entre en la discusión que afecte a las legislaciones electorales nacionales. Ayer mismo, al conocer la decisión, el propio Puigdemont reconoció que «es muy difícil» conseguir medidas cautelares.
Su Majestad el Rey representó ayer a España en el traspaso del mando presidencial de Panamá y volvió a saborear el gusto amargo de los plantones, nada excepcionales en Iberoamérica. La ceremonia empezó casi dos horas y media después de lo previsto porque se retrasó el acto previo celebrado en la Asamblea Nacional. Durante todo ese tiempo, Don Felipe estuvo conversando en una sala del Centro de Convenciones Atlapa, donde se celebró la ceremonia, con los otros mandatarios que asistieron a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Entre otros, estaban los presidentes de Colombia, Iván Duque; Perú, Martín Vizcarra; Bolivia, Evo Morales; Guatemala, Jimmy Morales; Hondurás, Juan Orlando Hernández, y República Dominicana, Danilo Medina. Además de asistir a la ceremonia, que siguió desde un lugar destacado - en el centro de la primera fila-, Don Felipe se entrevistó, por separado, con el presidente saliente, Juan Carlos Varela, y con el nuevo mandatario. Laurentino Cortizo es un veterano político de 66 años, hijo de un inmigrante gallego y fue ministro de Agricultura (2004-06) y presidente de la Asamblea Nacional (2000-01). En la reunión con Cortizo, que se prolongó una hora, el mandatario compartió con el Rey su orgullo por sus raíces españolas y su pasión por el Real Madrid -«mi equipo», dijo-, y le comentó que también se sentía orgulloso de otra coincidencia: nació un 30 de enero, igual que Don Felipe. Cortizo es el 72º mandatario iberoamericano al que Don Felipe ha visto convertirse en presidente de su país, ya que en 1996, cuando era Príncipe de Asturias, empezó a asumir la representación de España en estas ceremonias. Tras el relevo en la Corona, tanto el Rey Don Juan Carlos como la expresidenta del Senado Ana Pastor asistieron a algunas tomas de posesión, representación que ahora ha recuperado Don Felipe con el fin de dar continuidad a los contactos al más alto nivel que se tejen en esas ceremonias. Desde que fue proclamado Rey, ha asistido a las tomas de posesión de los presidentes de Portugal, México y Panamá. Durante su estancia en el país del canal, el Rey también se reunió con el presidente saliente, acudió a la cena que éste ofreció a los jefes de Estado extranjeros, conmemoró el V centenario de la fundación de la Ciudad de Panamá y ofreció una recepción a unos 70 representantes de la colonia española. Antes de regresar a Madrid, asistió al almuerzo (más bien merienda) que ofreció Cortizo a los jefes de Estado extranjeros.
Pablo Casado estuvo ayer en el centro de todas las miradas cuando, tras quedar Mariano Rajoy apartado en 2016, un presidente del PP volvió a participar en el Curso de Verano de la fundación FAES, presidida por José María Aznar. En la conferencia de apertura, que estuvo ayer a su cargo, hizo un análisis del «laberinto» en el que, para él, los socialistas han metido a nuestro país a lo largo de los últimos 15 años mediante un proceso de deslegitimación del centro-derecha que ha convertido en «protagonistas decisivos a quienes antes no lo eran», en referencia a los «radicales y antisistema». Para Casado, el «laberinto socialista» en el que se encuentra España «se resume en el hecho de no poder hacer, o no saber cómo hacer, lo que España necesita». En un discurso leído, el presidente del PP acusó a Pedro Sánchez de «hacernos creer que ni su partido ni él personalmente tienen responsabilidad alguna en el bloqueo en el que nos encontramos» cuando «ellos son los principales responsables». Y se atrevió a poner un origen a este problema: el año 2004. Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, se impulsó una reforma del Estatut que «nadie en Cataluña propugnaba» y que trataba a la comunidad «como una Nación camino de ser un Estado», aseguró Casado. Después de que el Tribunal Constitucional diera la razón al PP y tumbara la reforma, «la reacción del PSOE no fue pedir perdón», sino «convocar a los catalanes a la calle». De aquellos polvos, estos lodos. «El PP nunca ha tenido problema alguno en reconocer la diversidad de España, a condición de que con ello no se quiera decir que España, en realidad, no existe», defendió Casado. Después, aseguró que el objetivo de esta estrategia llevada a cabo por los socialistas tenía un fin concreto: «Deslegitimar al Partido Popular y al sistema del que forma parte lealmente». «El PSOE se planteó elegir entre ser oposición dentro del sistema o romper con él para poder ser Gobierno, y eligió lo segundo», insistió. Y, llegando a la actualidad, Casado hizo un paralelismo entre «el razonamiento que adoptaron los golpistas en Cataluña» y cuando, con la reforma del Estatut, el PSOE «decidió saltar por encima del procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución». Tras esto, defendió que «la predisposición socialista a los indultos» no es más que «el reconocimiento de la ilegitimidad del procedimiento judicial mismo». «Ha dañado al PP» Casado reconoció ayer el «éxito relativo» de esta estrategia: «No ha podido llevar al PP a la irrelevancia, pero lo ha dañado». La ruptura del consenso institucional bajo el «argumento» del «inmovilismo del Partido Popular» ha permitido al socialismo presentarse como víctima. Pero «si se sustituye al PP por el nacionalismo y el radicalismo como socios preferentes», subrayó Casado, «el resultado no puede ser otro que la desestabilización y la fractura social y política». Y, por todo ello, no tenía ninguna duda de que «los procesos de fondo que han debilitado nuestras instituciones, incluidos los partidos, han sido promovidos fundamentalmente por el PSOE». Aludiendo a la investidura, Casado declaró que «hablar de alianzas alternativas a las de la moción de censura implica hablar de una rectificación de rumbo histórico». Hizo una defensa del PSOE y el PP como ejes principales del bipartidismo, reconociendo su actual posición de debilidad frente a los socialistas pero convencido de que «restaurar el pilar derecho del bipartidismo» es hoy más sencillo. Y añadió, rechazando a Sánchez: «Siempre estaré dispuesto a ayudar en esa tarea de fondo, pero no cooperaré ni activa ni pasivamente para que el PSOE siga igual». Pero Casado no fue el único crítico con Sánchez. Antes de él, Aznar pronunció un breve discurso inaugural en el que acusó al presidente del Gobierno en funciones de ser un «viajero sin billete»: «Quien acepta ser propuesto para la investidura debe tener una idea fundada de cuál tiene que ser la mayoría con la que va a gobernar». Recriminó a Sánchez que exigiera «apoyos gratuitos» y que hablara de «una victoria electoral de largo» mientras «advierte de nuevas elecciones». E insistió en esto asegurando que «los juegos tácticos tienen que tener un límite, no estamos para estas diversiones. Quien tenga que negociar, que negocie». Los elogios que tampoco tuvo para Mariano Rajoy en su última etapa se los reservó para Casado, que ocupa el cargo que él ostentó entre 1990 y 2004: «Pablo es una garantía de liderazgo, el único que puede construir más pronto que tarde una alternativa real a la izquierda».
Si algo ha puesto de manifiesto el hackeo de las cuentas de los magistrados y fiscales del «procés» es la escasa protección de la que gozan los profesionales de la Administración de Justicia pese a los asuntos tan sensibles que tienen entre sus manos. La noticia del intento de acceso a sus cuentas cayó como un jarro de agua fría entre los afectados cuando desde el CNI se les avisó de esta circunstancia hace unos días y se les emplazó a que tomaran mayores medidas de protección. El malestar no es porque se ponga en peligro la última fase del procedimiento, que son las deliberaciones que desembocarán en la sentencia del 1-O –previsiblemente a finales de septiembre–, sino por la exposición pública a la que están sometidos por las lagunas o agujeros en las comunicaciones informáticas. Y es que el acceso de los autodenominados «Anonymus Catalonia» no solo se ha limitado a la red del Poder Judicial, sino también a la del Ministerio de Justicia de la que depende el servicio de correo electrónico de todos los fiscales de España. «No estamos preocupados, pero a nadie le gusta que le espíen», señalaba ayer a ABC uno de los afectados por esta intromisión. Recuerdan que a través del correo profesional de uno y otro colectivo sí se tratan obviamente cuestiones relacionadas con su trabajo, pero no creen que corra peligro nada relacionado con el «procés». Y ello porque, precisamente conscientes de la especial trascendencia, interés y sensibilidad de este procedimiento penal, los magistrados ya vienen tomando precauciones en sus comunicaciones sobre este asunto desde hace tiempo, algo que reconocían los propios delincuentes informáticos en su cuenta de Twitter el sábado: «Nos gustaría decir que la sentencia no está escrita, pero no lo podemos saber, ya que Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay NI UNA SOLA (sic) referencia a la causa 20907/2017 (el «procés») en todo su correo...». Ayer mismo Anonymus volvía a publicar un nuevo pantallazo de la bandeja de entrada del presidente del Tribunal. Hay cierto deseo de que la causa se judicialice cuanto antes y en que se tomen medidas contra semejante intromisión en la intimidad.
El Gobierno entiende que la solución en Cataluña es muy a largo plazo y que probablemente se tarde entre diez y quince años en recuperar la plena normalidad institucional. En el todavía breve tiempo que Pedro Sánchez lleva en el poder ha pasado de intentar confiar en Esquerra y gobernar con su apoyo a asumir que el partido de Junqueras está demasiado sometido a los rigores de su guerra fratricida con Puigdemont, como para poder mantener una estrategia sólida y un rumbo estable. Dirigentes republicanos lo admiten con resignación en privado. Sánchez no pretende ahora establecer un cordón sanitario contra los independentistas pero ha aprendido que no puede apoyarse en ellos. Por el ensayo/error, y por las lecciones que siempre... 
La escena puede suceder en un pequeño local de cualquier ciudad. Un individuo se presenta ante un tipo que aparentemente se dedica a un oficio y le dice que quiere mandar una cantidad de dinero a cualquier parte del mundo por el método «hawala», con el objetivo de que la operación no deje rastro. El «comerciante» le da las condiciones –comisión , número de operaciones en las que va a hacer ese envío...– y el plazo en el que las va a realizar. Entre ellos apenas queda un documento manuscrito o informático. En poco tiempo ese dinero habrá llegado a su destinatario sin que los fondos hayan sido realmente enviados, ya que en la otra ciudad alguien dará la cantidad acordada al receptor. Un código común, solo conocido por emisor, destinatario y los «hawaladares», identifica a los implicados en la operación... Un trabajo limpio y eficaz, basado en la confianza y de tradición milenaria. Solo hay una pega: que es uno de los métodos preferidos por las redes terroristas para financiarse. Todos los expertos consultados por ABC coinciden en que para combatir cualquier organización terrorista hay que cortar la incorporación de nuevos militantes, infiltrarse en sus estructuras e interrumpir sus canales de financiación. Por supuesto, ninguno de estos ejes son excluyentes, y de hecho compatibilizarlos hace mucho más eficaz la lucha. Decisión estratégica El terrorismo yihadista no es una excepción y desde finales de 2014 la Comisaría General de Información decidió potenciar la tercera, en esos primeros momentos de forma modesta y actualmente mucho más decidida. El resultado ha sido una serie de operaciones muy interesantes; la última de ellas, Wamor, realizada el pasado 18 de junio y en la que hubo diez detenidos, es probablemente la más importante de las realizadas hasta ahora en este campo. Como consecuencias de las investigaciones cayó una compleja célula familiar de financiación al servicio de una milicia de Al Qaeda, que utilizaba dos o tres círculos de «hawaladares», entre otros recursos, para hacer llegar fondos a la organización. Buena parte de las operaciones de la Comisaría General de Información contra las células yihadistas tienen ya también una rama dedicada a la financiación de los grupos, de la que se encargan agentes muy especializados. Se trata de policías capaces de bucear entre la gran cantidad de documentación que se interviene tras cada servicio y de analizar los movimientos de dinero para detectar relaciones directas entre individuos de cualquier parte del mundo, que de otra forma son imposibles de comprobar. La sentencia 32/2018, la primera de la Audiencia Nacional contra una red de financiación yihadista, es buen ejemplo de ello. Las pesquisas cortaron el flujo de dinero, pero no solo eso; además, se evitó un atentado en Francia gracias a las conexiones financieras internacionales descubiertas, que pusieron sobre la mesa un mapa de individuos de la misma organización que operaban desde distintos países. Se trata de un caso paradigmático y se expone en foros internacionales para explicar la importancia de esta línea de trabajo contra el yihadismo. El método «hawala», ya descrito, es uno de los más utilizados por los yihadistas. En la operación Río, de febrero de 2016, la Policía detuvo a un importante «hawaladar» que había enviado sumas millonarias a zonas de yihad y era clave en el funcionamiento de la red. Su perfil, muy bajo, coincide con el de buena parte de esta gente: son personas que no suelen tener nada a su nombre y que tienen sus cuentas corrientes vacías a pesar de que por sus manos pasan enormes cantidades de dinero. Viven modestamente y tienen algún oficio, de modo que compatibilizan su actividad legal con la otra, que es alegal. Sus ingresos, procedentes de los porcentajes que se quedan –suelen ser de un 5 por ciento– los invierten en patrimonio en sus países de origen. Utilizan remesadoras, e incluso a veces son agentes de ellas. «Muchos saben que cuando envían dinero a determinadas zonas colaboran con la financiación del terrorismo, pero es muy difícil demostrarlo, porque pueden alegar desconocimiento de la persona que va a recibir los fondos o engaño por parte del cliente... La Policía siempre los investiga, pero no es fácil sentarlos ante un juez», dicen las fuentes consultadas. En nuestro país actúa más de un centenar de estos individuos, y las cantidades de dinero que mueven, aunque como es lógico no todas van a parar a la yihad ni a otras actividades criminales, son enormes. «En estas investigaciones, los primeros indicios los dan las intervenciones telefónicas. Normalmente, además, estas personas llevan su contabilidad con las operaciones de cada cliente y sus contactos en los puntos de destino del dinero. Ese análisis nos puede dar la prueba definitiva», explican. En ocasiones hay algunos tan meticulosos que además de los manuscritos tienen también documentos con su contabilidad en el ordenador personal, lo que facilita en gran medida el trabajo a los agentes. «Los ha habido que han enviado un millón de euros en un solo día a Dubai, en cuatro o cinco operaciones... El de la operación Río, por ejemplo, mandó más de 30 millones a Daesh en no mucho tiempo. Hasta ahora es el “hawaladar” más importante que se han neutralizado», precisan las fuentes. Más utilizadas que éstos, si cabe, son las remesadoras a pesar de que colaboran con la Policía y son de los actores privados más implicados en combatir la financiación del terrorismo. Los envíos son muy difíciles de detectar, porque muchas veces se mandan cantidades muy pequeñas en España, –hasta de menos de 200 euros– pero que en Siria son de gran utilidad para un terrorista. «El gran problema de la financiación del terrorismo es que no hay ánimo de enriquecimiento, no es como un grupo criminal al uso que blanquea para lucrarse, y eso dificulta las investigaciones». Por supuesto, los «correos humanos», que llevan el dinero en efectivo, son también muy utilizados y las últimas tendencias apuntan al «paypal», el «crowfunding» e incluso a la utilización de criptomonedas. «Cada vez la sofisticación es mayor, y si queremos ser eficaces en Europa tenemos que hacer las modificaciones legales para que todas las policías tengan acceso, por ejemplo, a las cuentas de cualquier ciudadano europeo, y que exista la misma legislación en todos los países para potenciar la colaboración internacional». Pero eso, claro, lleva su tiempo. ¿Lo tenemos? La respuesta es muy simple: en absoluto, porque los terroristas van a volver a at acar. Bombardeo de la mercancía enviada desde España La célula desmantelada por la Comisaría General de Información enviaba también a Siria diverso material, sobre todo camiones de segunda mano y piezas de estos vehículos. Para ello se aprovechaban de su entramado empresarial, en el que había una sociedad dedicada a la compraventa de camiones y controlaba otra de transporte de contenedores para asegurarse el envío, que se hacía por vía marítima desde algún puerto de Levante. El Gobierno sirio sabe que ese material es utilizado por Al Qaeda, por ejemplo, para artillar camiones, y de ahí que ordenara bombardear alguno de los envíos.
Las tornas han cambiado. En 2016 el PSOE y Ciudadanos (Cs) llevaron al Gobierno de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional por no someterse al control parlamentario durante el mayor bloqueo político vivido en España. Los populares argumentaban que al encontrarse en funciones, el Ejecutivo no tenía por qué dar cuentas de su actividad, pero el Tribunal de Garantías dio la razón a la oposición. La doctrina sentada entonces es ignorada hoy por el PSOE, que diluye en el tiempo la investidura de Pedro Sánchez y perpetúa su interinidad sin responder al control de las Cámaras. El bloqueo de la actividad en el Congreso –ni se han formado las comisiones parlamentarias ni se ha nombrado la diputación permamente para los meses inhábiles de julio y agosto– comienza a incomodar a la oposición. El PP «ya ha transmitido a la presidenta del Congreso su queja y su exigencia de que la diputación permanente esté formada cuanto antes, preferiblemente esta semana». También exigen que las comisiones se conformen antes de final de mes. Después de la reunión del Comité Permanente de Cs, su secretario general, José Manuel Villegas, criticó la ausencia de control al Ejecutivo, «un «gobierno descontrolado», y anunció la presentación de un escrito para exigir a Meritxell Batet que convoque una sesión de control, tal y como exigía Sánchez a Rajoy en 2016. «Los viejos partidos no son tan diferentes entre sí», acusó y dejó caer que si no basta con la resolución del TC, habrá que explorar una reforma legislativa para evitar la inactividad parlamentaria. En el bando de los socios parlamentarios, Podemos también denunció el bloqueo. «Nos llama la atención poderosamente que cuando el PP gobernaba el PSOE liderara las críticas por la parálisis institucional», reprochó la portavoz de Podemos, Noelia Vera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Coordinación del partido. De hecho, la portavoz también apeló al recurso que el PSOEllevó ante el Tribunal de Garantías hace tres años por la inacción de Rajoy. «Esa falta de actividad se vuelve a producir ahora con Sánchez», apuntaló Vera. La dirigente morada explicó que los diputados tienen «muchas ganas de trabajar», pero no pueden porque todavía «no hay actividad ni están instauradas las comisiones». Y con ironía Vera apostilló: «Están pasando cosas muy raras en este país».
Finalmente no habrá hoy reunión entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Pero sí se conocerá la fecha de la investidura. Formalmente es la presidenta de la Cámara Baja quien debe anunciar la fecha tras consultarlo con el candidato a la investidura. Sánchez trasladará por la mañana a Batet cuándo quiere someterse al debate y votación del Congreso. Pero esa comunicación será vía telefónica y no presencial, según confirmaban ayer tanto fuentes socialistas como de la presidencia del Congreso. Al término de ese contacto telefónico, Batet informará a los grupos parlamentarios y posteriormente comparecerá ante la prensa. El motivo de que la reunión finalmente no pueda tener lugar es que Sánchez tendrá que permanecer en Bruselas. Hoy vuelven a reunirse los países miembros de la UE para tratar de desbloquear el reparto de cargos institucionales. Desde el Gobierno aseguran que ante una cita así la permanencia de Sánchez en la capital comunitaria es obligada. Inciden además en que su presencia es «inexcusable» en tanto que es el negociador principal de la familia socialdemócrata europea. Sin perspectivas de acuerdo claro, el Gobierno ha preferido solventar por esta vía la cuestión de la fecha al no saber todavía si por la tarde estará ya en Madrid. No obstante, la cuestión clave del encuentro, conocer la fecha de investidura, se resolverá de igual modo, como estaba previsto. No se ha querido posponer el encuentro al miércoles. Lo que casa con el mensaje de que Sánchez quiere un Gobierno ya, sin más dilación. En estos momentos las dos fechas más probables para que comience el debate de investidura son el 8 de julio o el 22 de julio. En ambos casos la primera votación sería un día después. Pero todo son ideas que tienen en la dirección socialista donde remiten a la decisión del presidente, que la tiene ya decidida. Esa primera votación es la referencia a partir de la que se ponen en marcha los mecanismos constitucionales en caso de repetición electoral. En el primer caso los nuevos comicios serían el domingo 27 de octubre y en el segundo, el 10 de noviembre. En los últimos días, desde el Gobierno se venía a descartar el 15 de julio porque en caso de bloqueo eso llevaría a la repetición electoral al 3 de noviembre, en pleno puente de todos los Santos. «Esa fecha no parece la mejor idea», decían en Moncloa estos días. El convencimiento de los socialistas es que con una fecha concreta empezarán a activarse las tensiones y las presiones en el resto de formaciones. Al contrario de lo que siguen sosteniendo en Podemos, en el PSOE están convencidos de que Pablo Iglesias «no puede permitirse votar no en una investidura». Podemos, «a la espera» Ayer la portavoz de Podemos, Noelia Vera, expresó que Iglesias volverá a acudir a la nueva ronda de consultas de Sánchez «con voluntad de acuerdo» y con el objetivo de recibir una propuesta programática para avanzar en el cogobierno. «Estamos a la espera de que nos contacte», reconoció Vera. En contra de las declaraciones de los socialistas, entre ellos la vicepresidenta Carmen Calvo, en Podemos insisten en que al secretario general no se le trasladó durante ninguna de las cuatro reuniones con el presidente del Gobierno en funciones una propuesta concreta. «Creemos que lo mejor ahora es un gobierno de coalición que pueda generar estabilidad en este país», expresó Vera, una vez más. Podemos reprochó a Sánchez ayer que vaya a convocar el debate de investidura de julio sin los apoyos atados y la portavoz de la formación morada sugirió de nuevo que sin un Ejecutivo de coalición no apoyarán la investidura de julio. «Hay una gran parte del PSOE que quiere conseguir la abstención de la derecha (...) Quieren revalidar el pacto de 2016» entre Sánchez y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Con este escenario, Iglesias tiene marcado en el calendario septiembre como «segundo intento». Podemos lo fía todo a que cuando «se den cuenta» de que el «no» de Rivera es «de verdad» tendrán que buscar con ellos un acuerdo. PP y Cs apremian al PSOE En el discurso inaugural del Curso de Verano de FAES, el expresidente del Gobierno José María Aznar aseguró ayer que quien se presenta a una investidura debe tener claro «cuál tiene que ser la mayoría con la que va a gobernar» y recriminó a Sánchez que exigiera «apoyos gratuitos»: «Los juegos tácticos tienen que tener un límite, no estamos para estas diversiones». Por su parte, Pablo Casado, aunque hablando en un contexto más amplio, señaló que no cooperará «ni activa ni pasivamente para que el PSOE siga igual». Con el «no» a Sánchez ratificado por una amplia mayoría del Comité Ejecutivo de Cs y apuntalado en un Consejo General de reafirmación de Albert Rivera, los liberales parecían ayer desahogados tras una semana complicada. José Manuel Villegas, secretario general del partido, tachó de «teatro» que algunas voces en el PSOE insistan en reclamar una abstención de PP o Cs. En la madrileña calle de Alcalá, donde tiene su sede nacional Cs, están convencidos desde hace meses de que Sánchez ya tiene su gobierno cerrado con sus «socios preferentes». «Está lanzando cortinas de humo para intentar blanquear ese acuerdo», dijo ayer Villegas, que apuró a PSOE y Podemos para cerrar su «gobierno de colaboración».
El Gobierno en funciones entra de lleno al choque con el Vaticano. La número dos del Ejecutivo, Carmen Calvo, anunció ayer que presentará una queja formal ante el Vaticano por las últimas declaraciones del nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, sobre el proceso de exhumación de los restos de Francisco Franco. En la víspera Fratini había concedido una entrevista en la que se preguntaba si «hay tantos problemas en el mundo y en España, ¿por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor; la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil». Además se refería a él en estos términos: «A Franco algunos lo llaman dictador, algunos dicen que ha liberado a España de una guerra civil, que ha solucionado un problema. No continuemos peleándonos sobre si tenía razón o culpa». «Inaceptable» Calvo consideró que se trata de una injerencia «evidente» del representante de la Santa Sede en España. La vicepresidenta del Gobierno ha pilotado todo lo relativo a la exhumación de los restos de Franco. Ha sido uno de los asuntos que con más celo han ocupado su tiempo, además del contacto con el independentismo catalán, en su condición de coordinadora del Ejecutivo. Ayer se encontraba visiblemente molesta con esta cuestión. «Van a tener una respuesta contundente por parte del Estado español», dijo Calvo respecto a estas palabras. «El nuncio se ha manifestado en contra de una ley de nuestro país», dijo Calvo, valorando sus palabras como algo «absolutamente improcedente, inaceptable». Defendiendo que la «exhumación es el cumplimiento de una ley, no otra cosa, y espero que el Vaticano ponga las cosas en su sitio y cumpla lo que acordamos, que no ponga obstaculización a la exhumación». En pleno enfrentamiento y como parte de su respuesta a la Iglesia la número dos del Gobierno volvió a poner encima de la mesa los cambios respecto a la fiscalidad de la Iglesia en España, que pasarán por un aumento de los tributos. El Gobierno ya tiene elegidas, aunque no lo ha anunciado, a las dos personas que serán los interlocutores con la Iglesia en las negociaciones que pretende abrir para abordar esta cuestión. Calvo explicó ayer que la Conferencia Episcopal tiene desde hace meses una propuesta del Gobierno, mediante carta de la propia vicepresidenta, en la que se « advertía de que teníamos que sentarnos ya a trabajar. Hay que rematarlo, porque saberlo ya lo saben», manifestó. Las fuentes populares consultadas por ABC critican que «el Gobierno es experto en meterse en líos con el Vaticano» y recuerdan que «ya el pasado mes de octubre Carmen Calvo hizo el ridículo cuando la Santa Sede tuvo que emitir un comunicado desmintiendo la versión de la vicepresidenta sobre el lugar donde deberían descansar los restos de Franco». Rechazo a las amenazas Sobre el desafío lanzado por Calvo con respecto a la subida de impuestos a la Iglesia, desde el PP manifiestan que «más que con amenazas, el Gobierno debería reconducir las relaciones con el Vaticano y propiciar más ese tipo de diálogos que con partidos independentistas y proetarras». Con ironía, desde la sede de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas recomendó a Sánchez y a Calvo que no sean «tan susceptibles» con las opiniones internacionales contrarias a las suyas. El número dos de Cs criticó la sobrerreacción del Gobierno a la opinión del nuncio, y restó importancia a las palabras del eclesiástico. «No sé si han resucitado a Franco o no, pero como sigan dándole vueltas igual sí acaban resucitándolo», dijo con sorna. Otra cuestión que reprochó Villegas al Gobierno es su incapacidad de llevar a cabo una promesa que realizó a los pocos días de sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. «Llevan un año diciendo que lo sacan al mes siguiente», sentenció el político de Cs; un partido que en la campaña electoral del 28-A hizo bandera de no hablar «ni de Franco ni del aborto». Desde Podemos la portavoz del partido, Noelia Vera, aseguró que el debate de la exhumación ya «se cerró» en el Congreso el pasado verano. «Es una deuda con la memoria histórica del país», apuntaló Vera. La portavoz morada desdeñó además las declaraciones de Fratini y las enmarcó en el terreno de la opinión: «puede opinar lo que quiera opinar», expresó Vera, que subrayó que en el campo de la política un Estado «tiene derecho a hacer justicia con su memoria e historia». Vox también ve injerencia Por su parte, fuentes de Vox coincidieron con sus rivales políticos y abordaron como «poco deseable la injerencia» del nuncio sobre la aplicación de leyes nacionales y política migratoria. Desde el grupo parlamentario recordaron ayer que «hace solo unos días monseñor Fratini criticó también las leyes nacionales de Italia y Hungría». Las mismas fuentes, sin embargo, aseguran que sí coinciden con Fratini en que hay que «respetar los derechos y la voluntad de los familiares».
Que se haya producido una intrusión en el correo electrónico de Manuel Marchena, presidente del tribunal del «procés» y de algunos de los siete jueces y cuatro fiscales del caso «no es un hackeo... sino algo predecible». Lo dicen no sin ironía fuentes cualificadas del ámbito de la ciberseguridad que prefieren no dar su nombre y que subrayan que las contraseñas outlook que manejaban los ahora perjudicados para proteger sus mails «se destripan en cinco segundos». Las conclusiones son, por tanto, que una infiltración así parecía solo cuestión de tiempo y, lo más importante, que ha revelado la necesidad de «imponer directrices básicas de seguridad» en instituciones de Estado, como el Tribunal Supremo. Las fuentes son tajantes. «Si se puede pensar en estulticia, no pienses en otra cosa», reflexión que ofrecen para dar a entender que el ciberataque ha obedecido más a carencias que dejaban las puertas abiertas que a la destreza de los hackers. El episodio en sí les lleva de inmediato a recordar la injerencia rusa de 2016 contra la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, que se inició a partir de una clave de máxima vulnerabilidad –«una clave de cinco letras», recuerdan– tras la que se accedió al correo de su jefe de campaña. Los mismos que han reivindicado la operación de pirateo informático, Anonymous Catalonia, se han jactado de que las contraseñas de los jueces y fiscales ciberatacados tenían «códigos de 7 letras con el nombre de alguien querido». Cuentas expuestas Cabe recordar que en abril de 2018, el Instituto de Ingeniería de Software Carnegie Mellon, financiado por el Departamento de Defensa de EE.UU., descubrió una importante brecha de seguridad en Outlook y poco después, Microsoft admitió que durante el primer trimestre de este mes, miles de sus cuentas estuvieron expuestas, por lo tanto accesibles a cualquiera. En principio, existe una explicación al hecho de que en estos mails profesionales no haya aparecido –como también han admitido los hackers– información alguna sobre el juicio del «procés» o su sentencia, en tanto los jueces optan por trabajar en ordenadores que no están en red ni conectados a internet y por almacenar el trabajo incluso en memorias externas, como pendrives. La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha comenzado a recabar información para determinar si lo ocurrido tiene relevancia penal. Fuentes de la Fiscalía General de Estado confirmaron a ABC esas gestiones, que se están desarrollando en colaboración con las Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional y que constituyen un paso anterior la apertura de diligencias previas de investigación. La decisión se adoptaba mientras en la misma cuenta de Twitter en la que Anonymous publicaba este fin de semana capturas de pantalla para demostrar que habían accedido al correo de Marchena, seguían ayer apareciendo otros «pantallazos» que acreditaban el acceso al correo de otros jueces. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial comunicó ayer que investiga el «origen y alcance» de la brecha de seguridad detectada a raíz de este «hackeo». En un escrito, el órgano de gobierno de los jueces señala que ha trasladado a la Agencia de Protección de Datos la existencia de «una brecha de seguridad», consistente en el ataque a determinadas cuentas de correo del dominio @poderjudicial.es. Según el artículo 33 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el tratamiento de datos personales, se debe notificar cualquier violación de la seguridad de esos datos a la autoridad de control competente en un máximo de setenta y dos horas.
