Si algo ha puesto de manifiesto el hackeo de las cuentas de los magistrados y fiscales del «procés» es la escasa protección de la que gozan los profesionales de la Administración de Justicia pese a los asuntos tan sensibles que tienen entre sus manos. La noticia del intento de acceso a sus cuentas cayó como un jarro de agua fría entre los afectados cuando desde el CNI se les avisó de esta circunstancia hace unos días y se les emplazó a que tomaran mayores medidas de protección. El malestar no es porque se ponga en peligro la última fase del procedimiento, que son las deliberaciones que desembocarán en la sentencia del 1-O –previsiblemente a finales de septiembre–, sino por la exposición pública a la que están sometidos por las lagunas o agujeros en las comunicaciones informáticas. Y es que el acceso de los autodenominados «Anonymus Catalonia» no solo se ha limitado a la red del Poder Judicial, sino también a la del Ministerio de Justicia de la que depende el servicio de correo electrónico de todos los fiscales de España. «No estamos preocupados, pero a nadie le gusta que le espíen», señalaba ayer a ABC uno de los afectados por esta intromisión. Recuerdan que a través del correo profesional de uno y otro colectivo sí se tratan obviamente cuestiones relacionadas con su trabajo, pero no creen que corra peligro nada relacionado con el «procés». Y ello porque, precisamente conscientes de la especial trascendencia, interés y sensibilidad de este procedimiento penal, los magistrados ya vienen tomando precauciones en sus comunicaciones sobre este asunto desde hace tiempo, algo que reconocían los propios delincuentes informáticos en su cuenta de Twitter el sábado: «Nos gustaría decir que la sentencia no está escrita, pero no lo podemos saber, ya que Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay NI UNA SOLA (sic) referencia a la causa 20907/2017 (el «procés») en todo su correo...». Ayer mismo Anonymus volvía a publicar un nuevo pantallazo de la bandeja de entrada del presidente del Tribunal. Hay cierto deseo de que la causa se judicialice cuanto antes y en que se tomen medidas contra semejante intromisión en la intimidad.
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