La última palabra

Ya hemos visto el tráiler de la legislatura. Ya sabemos de qué va. La línea argumental de fondo es más de lo mismo: el encaje de una Cataluña gobernada por independentistas en una España gobernada por políticos que no tienen una idea clara de la España que quieren. La subtrama es la lucha por el trono de hierro de la Oposición. Pincho de tortilla y caña a que durante el tiempo que tardemos en volver a votar, esas serán las dos cuestiones que capitalicen la atención preferente de la información política. Durante los veintiocho días que han transcurrido de las elecciones generales de nada se ha hablado más que de los políticos presos —y de los nombramientos institucionales dispuestos por Sánchez para tratarlos bien— y del futuro político de Pablo Casado ante el eventual descalabro del PP en las elecciones de hoy. La presidenta del Congreso, elegida el martes, permitió que los acusados de un delito de rebelión adquirieran su condición de padres de la patria ciscándose en el Estado de Derecho que consagra la Constitución que perjuraron. ¿Alguien se cree que Junqueras acató en serio una Constitución que, a su juicio, protege conductas totalitarias? Y lo que es más grave: ¿De verdad piensa Batet que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que permitió la promesa por imperativo legal ampara también la referencia a la existencia de presos políticos, que son propios de las dictaduras? ¿En qué se basa? ¿Acaso lo discutió antes con los miembros de la Mesa? ¿Es que tenía un informe previo de los letrados de la Cámara? ¿Tal vez es una jurista acreditada con ciencia suficiente para dirimir la cuestión por sí misma en décimas de segundo? Batet abusó de su autoridad con una conducta despótica. Y volvió a repetir la misma machada (o necedad, si queremos evitar conflictos con el lenguaje inclusivo) a la mañana siguiente. En rueda de prensa, sin haber reunido antes al órgano colegiado que gobierna el Congreso ni haber evacuado consultas con los expertos, comunicó su decisión unilateral de interpelar al Tribunal Supremo en vez de suspender automáticamente de sus funciones a los diputados que están en prisión preventiva, tal y como exige el cumplimiento de la ley. Pero ahí no acaba la cosa. Si Batet cometió un delito —rayano en la prevaricación— de abuso de autoridad, su homólogo en el Senado, Manuel Cruz, ha cometido otro de falta de respeto a la Justicia. Si ya parecía un exceso que Iceta defendiera el indulto a los líderes del procés (lo que al menos exige una condena previa), ¿cómo calificar la petición de su «sucesor» de una sentencia absolutoria? Sánchez ha mandado el prestigio institucional del Congreso y del Senado al camposanto de la indignidad para que los independentistas tomen nota de su disposición a tratarles lo mejor posible. El que ese mensaje haya sido recibido por sus destinatarios con agrado suficiente ya es harina de otro costal. A lo peor Sánchez ha pagado un alto precio a cambio de nada. ¿Qué más hace falta para entender que ERC no añadirá un codo de estabilidad a esta legislatura si el Gobierno no satisface sus demandas? ¿Y qué más hace falta para darse cuenta de que sin el concurso de ERC no habrá estabilidad? Si Sánchez cree que puede gobernar dándole la espalda aritmética al sumando independentista, una de dos: o es tonto él o cree que lo son los demás. En cuanto a la batalla por el trono de hierro del liderazgo de la derecha, las elecciones de este domingo tienen mucho que decir. De ellas depende que Casado salga de pie, en parihuelas o con los pies por delante. En cualquier caso, el PP estará condenado a mirarse el ombligo bastante tiempo, ya sea apagando incendios, oficiando funerales o buscando sucesor. Mientras tanto Rivera tendrá el camino despejado para ocuparse de hacer Oposición. También ese extremo ha quedado muy claro durante los últimos días. Me temo que el tráiler que hemos visto esta semana ha destripado el argumento la película. Apenas queda hueco para la sorpresa. ¿O sí? La última palabra la tienen las urnas de hoy.

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