Dos asociaciones de jueces tachan de imprudentes las declaraciones del presidente del Senado

La jornada de reflexión se vio sacudida ayer por unas declaraciones del recién elegido presidente del Senado, el socialista Manuel Cruz, en las que sugiere la absolución de los independentistas presos por el Tribunal Supremo, como la mejor manera de conseguir una reconciliación y evitar males mayores. Pedro Sánchez ha dejado la puerta totalmente abierta a la concesión de indultos a los que dieron un golpe al Estado si son condenados, y ahora los socialistas dan un paso más, al colocar sobre el tapete del debate político, a unas horas de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, la posibilidad de una absolución por unos supuestos efectos benéficos, a pesar de que el juicio del Supremo está en pleno desarrollo. Manuel Cruz irrumpió en la jornada de reflexión con una entrevista en el diario «El País». En ella, cuando se le pregunta si cree que la situación en Cataluña no cambiará hasta que acabe el juicio y haya sentencia, el presidente del Senado responde así:«Me parece lo más probable. Habría un escenario que podría reconsiderar esto, y es que la sentencia fuera absolutoria. Bueno, es una posibilidad, yo no voy a entrar en eso. Si no es así, parece claro que generará una respuesta en Cataluña porque los sectores independentistas reaccionarán (...)». Según una nota de rectificación que publicó ese diario, en una versión anterior se le atribuía por error de transcripción la frase: «Hay un escenario que podría reconciliar todo y es que hubiera una sentencia absolutoria, es una posibilidad». Al final, el sentido de la respuesta de Cruz es bastante similar. Los políticos de la oposición salieron en tromba por la mañana, en cuanto conocieron las palabras del miembro del PSC, cuarta autoridad del Estado desde el martes pasado a propuesta de Pedro Sánchez. Pablo Casado y Albert Rivera exigieron de manera inmediata una rectificación y tacharon las declaraciones de Cruz de injerencia intolerable en la labor de la Justicia y del Estado de Derecho. El primero en reaccionar en las redes sociales fue el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien exigió a Cruz que retirase sus palabras y respetara el trabajo de los jueces: «El presidente del Senado puesto por Sánchez y el PSOE presiona a los jueces para que absuelvan a los separatistas que dieron un golpe a la democracia. Una injerencia intolerable. Exijo a Manuel Cruz que retire estas palabras y respete el trabajo de nuestros servidores públicos». El líder del Partido Popular, Pablo Casado, calificó de «vergüenza inadmisible para la democracia» la injerencia de Cruz: «El presidente del Senado del PSC reclama hoy a los magistrados del Supremo que absuelvan a los procesados por dar un golpe contra nuestra democracia. Exigimos que se retracte y pida disculpas por tan indecente injerencia. Es una vergüenza inadmisible en democracia». Los populares salieron en tromba para criticar al miembro del PSC colocado por Sánchez en la Presidencia del Senado, tras el intento frustrado de poner ahí a Miquel Iceta. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, denunció que «el presidente del Senado actúa como militante del PSC y no como presidente de la Cámara Alta». «Hemos exigido en la Mesa del Senado que suspenda al senador Romeva inmediatamente y pediremos que se retracte en su intento por presionar a los tribunales a favor de los presos golpistas». El presidente de Vox, Santiago Abascal, pidió la dimisión del presidente del Senado «por sus inaceptables e ilegítimas presiones al Tribunal Supremo, sustentadas además en la falacia de que la cesión arreglaría el problema. Lo agravaría». Los dos socialistas catalanes que Sánchez ha decidido colocar al frente del Congreso y del Senado, todo un gesto hacia los independentistas, no han podido empezar con peor pie su labor al frente de las Cámaras, según critican los partidos de la oposición. Casado ha denunciado durante toda la semana la existencia de un «pacto oculto» entre Sánchez y los separatistas, que resumió en tres palabras:«Escaños por indultos». Recta final del juicio El Tribunal Supremo, el órgano judicial que juzga a los doce líderes del plan secesionista ilegal, no ha expresado ninguna reacción sobre las declaraciones del presidente del Senado. Fuentes jurídicas informaron a ABC que el Alto Tribunal seguirá «a lo suyo», que es continuar la vista oral que se adentra ya en su fase final. A mediados de junio se prevé que quede visto para sentencia el juicio por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La Fiscalía considera que los responsables del «procés» vulneraron el orden constitucional al empujar a la secesión catalana por las vías ilegales, alentando una insurrección contra el Estado, celebrando un referéndum ilegal, creando una arquitectura normativa ilegal y declarando de forma unilateral la independencia catalana. El tribunal formado por siete jueces resolverá si se cometieron o no los delitos en base a las pruebas practicadas en la sala de vistas desde el pasado 12 de febrero. Asociaciones de jueces Las asociaciones de jueces sí consideraron imprudentes las reflexiones de Cruz. En declaraciones a ABC, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, recuerda el único criterio que rige el parecer de los jueces. «Los jueces no actuamos ni resolvemos en función de intereses políticos, sino con arreglo a la ley», manifiesta Almenar, cuya asociación es la mayoritaria del sector judicial, representando a 1.500 jueces de un total de 5.000. «Quiero pensar que se trata de un lapsus. Lo contrario implicaría una grave vulneración del principio de separación de poderes», una de las bases del Estado de Derecho, sostiene el magistrado. Al teléfono con ABC, Raimundo Prado, el portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, descarta cualquier capacidad de los comentarios políticos de influir en el tribunal del caso. «El tribunal hará lo que tenga que hacer, juzgará en Derecho, aplicará la ley, y absolverá o condenará. No va a influir para nada», reflexiona sobre el análisis de Cruz. Prado admite que el recién nombrado presidente del Senado tiene todo el derecho a expresar sus opiniones, «solo faltaba»; pero considera que cualquier representante institucional deber ser «muy cauto», porque puede provocar «crispación». «Hay políticos que creen que pueden influir en los jueces con sus manifestaciones, pero se equivocan», añade. El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria lamenta, eso sí, la utilización de los procesos con fines partidistas y recuerda que los procesados lo son por motivos penales, no políticos.

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