A propósito de Iceta

La frustrada elección de Miquel Iceta para sustituir a José Montilla como senador autonómico a propuesta del grupo parlamentario de Socialistes i Units per Avançar da mucho que pensar. La sesión plenaria evidenció que la acritud de los grupos independentistas (Junts per Catalunya, CUP y Esquerra) era comparable, aunque por razones diametralmente opuestas, a la dureza de las intervenciones de los grupos inmovilistas (Ciudadanos y Partido Popular). En efecto, el pleno del pasado jueves puso de relieve de forma descarnada la realidad que se vive en Cataluña, que, obviamente, tiene su reflejo en el Parlament y que se traduce en la existencia de dos frentes irreconciliables (independentismo e inmovilismo) y de un espacio central profundamente incómodo para ambos frentes, razón por la cual es tratado con hostilidad. Es un espacio menospreciado por el independentismo por ser radicalmente constitucionalista y por el inmovilismo por ser abiertamente reformista ante una realidad que, guste o no, debe ser gestionada desde la política, en el seno de las instituciones y, naturalmente, en el marco de la legalidad. Pero el pleno constató algo aun más preocupante que esta compleja y enquistada realidad política: la actitud de menosprecio hacia la norma y hacia las instituciones por parte de los grupos independentistas. Como ya sucedió dramáticamente en la sesión plenaria de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, en el pleno del pasado jueves el independentismo vulneró nuevamente el marco legal, haciendo un uso absolutamente impropio de la mayoría de la que disponen para conculcar el derecho de una minoría. En efecto, con el Estatut, legislación básica y el reglamento en mano, una vez asignada la distribución de los senadores autonómicos a cada grupo parlamentario de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones al Parlament, corresponde a cada uno de ellos escoger la persona o personas que consideren más idóneas. Es una elección que no puede ser condicionada por ninguna mayoría. Por esta razón, y de acuerdo con lo que se viene haciendo desde 1980, solo cabe el voto a favor, la abstención o el voto en blanco del resto de los grupos parlamentarios. Aceptar la posibilidad del voto en contra, como hizo la Mesa del Parlament, es un atropello en toda regla a la libertad que debe asistir a todos los grupos parlamentarios, más allá de su dimensión. Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado, afirmaba Voltaire. En efecto, el Govern anda equivocado. Pregúntenlo, si aún les queda alguna duda, a Miquel Iceta. Ramon Espadaler es secretario general de Units per Avançar

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