Entre el nerviosismo que cunde en las filas de los socialistas valencianos por la investigación judicial sobre la presunta financiación irregular de cara a las elecciones de 2007, existe una especial preocupación por la rama de Benidorm. Un juzgado de esta localidad indaga -tras la inhibición en enero de la juez de Valencia- en uno de los contratos más polémicos que contiene la instrucción: el de los opinómetros. La adjudicación fue a parar a Opino Media, una empresa que percibió la mayor parte de sus ingresos del Ayuntamiento de Benidorm. Un total de 19 dispositivos, cuya función era medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal y sus dirigentes, fueron instalados en la localidad en 2010. El Consistorio, gobernado en ese momento por el actual diputado provincial y concejal Agustín Navarro -investigado en la causa-, se gastó cerca de 300.000 euros para su instalación. De ellos, un total de 223.880 provenían del segundo Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero. Opino Media -una de las empresas investigadas en la red de los socialistas por haber sido beneficiaria de adjudicaciones públicas- estaba dirigida por José Ramón Tiller, quien también trabajó para Crespo Gomar, la agencia de comunicación a la que la juez ha situado en el centro de toda la financiación del PSPV-PSOE y también del Bloc (partido mayoritario de la coalición Compromís), aunque el delito electoral se encuentra prescrito. Crespo Gomar realizó servicios para ambas formaciones de cuyo pago, según la investigación judicial y policial, se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. A cambio, habría sido adjudicataria de contratos públicos en administraciones socialistas -tres ministerios y dos ayuntamientos- con un «posible trato de favor», en opinión de la juez, «como pago» de la financiación. Como presidente figuraba Alberto Gomar -hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antoni Gomar-, quien a su vez fue administrador posteriormente de Opino Media. Unas vinculaciones entre ambas empresas y también con el partido puestas de manifiesto por la juez, la Policía y la Intervención General del Estado, la cual hace mención en un informe incluido en el sumario de la causa. Opino Media se constituyó en julio de 2009, el mismo año en el que fue contratada por el Ayuntamiento de Gandia para la instalación de los dispositivos de manera experimental. Meses después (ya en 2010) fue cuando el Consistorio de Benidorm le adjudicó el contrato. Intervención remarca que en ese año «declara ingresos por un importe total de 442.105 euros, de los que los más importantes con diferencia son los correspondientes al Ayuntamiento de Benidorm». En el siguiente año, añade el informe, su volumen de operaciones se reduce drásticamente». Un pliego a medida Una línea que sigue la juez en su auto de inhibición, en el que apunta que en el pliego de licitación se hacía constar, entre las condiciones exigidas, que la empresa que optara al contrato debía acreditar solvencia técnica y profesional mediante la colocación de los dispositivos en al menos dos municipios. Lo consiguió en Gandia previamente, pero en ninguno más, por lo que este requisito no habría sido demostrado. Pese a ello, señala, no se le excluyó de la oferta. Resulta igualmente llamativo para la juez lo concretas que aparecían las características exigidas por el ayuntamiento. De hecho, fueron calcadas de la propia web de Opino Media, de la que incluyó palabra por palabra los requisitos con los que la propia empresa se presentaba. Un hecho que, para la juez, lleva a pensar en «una acomodación del pliego a la mercantil adjudicataria».De España https://ift.tt/2KTMeeP
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