Nada más bajar del avión que la traía ayer de vuelta a España tras pasar unos días en Sudáfrica, Susana García Cereceda era detenida por la Policía. A la primogénita del promotor de la lujosa urbanización La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y actual presidenta de la sociedad y el grupo Procisa, se le acusa de revelación de secretos, cohecho y falsedad en documento mercantil. Ayer por la tarde, tras registrar su casa de La Finca, la empresaria fue trasladada por los agentes de Policía hasta la Audiencia Nacional, donde prestó declaración ante el juez Diego de Egea, quien investiga la causa abierta contra el excomisario José Manuel Villarejo a raíz de la operación Tándem. Junto a Susana, también declaraba uno de sus más estrechos colaboradores: Francisco Lorenzo Peñalver, socio de Procisa y consejero de La Finca, quien fue arrestado la tarde del pasado martes. Tras la repentina muerte de Luis García Cereceda, en junio de 2010, comenzó una guerra sin cuartel entre sus familiares, sobre todo entre sus hijas Susana y Yolanda, por el control de un patrimonio familiar valorado en mil millones de euros. Al parecer, Susana García Cereceda habría contratado entonces los servicios del excomisario Villarejo para conseguir información sobre su hermana y el exmarido de esta, Jaime Ostos Jr., así como de la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara. Todo ello con el fin de hacerse con la herencia de su progenitor. Enfrentamiento El inicio de la batalla entre las García Cereceda comenzó tres meses después de la muerte de su padre, cuando Susana pidió la incapacitación legal de su hermana Yolanda alegando que padecía «problemas psicológicos». «Desde entonces y hasta finales de 2016, Yolanda ha estado tutelada y su fortuna la ha controlado su hermana Susana», contó ayer a ABC un miembro del despacho de abogados que defiende ahora a Yolanda. Lo mismo ocurrió con la custodia de sus tres hijos -fruto de su primer matrimonio con Francisco Amat-, que también la solicitó Susana y se la concedieron. Desde el entorno de Yolanda afirman que «lo ha pasado muy mal durante los últimos años»: no ha podido ver a sus hijos y, al estar tutelada por la Comunidad de Madrid, tampoco podía disponer libremente de su herencia. «Hasta el día que me muera intentaré recuperar lo que me corresponde», declaraba Yolanda a «Vanity Fair» semanas atrás. A la espera de conocer si el juez De Egea decide poner a Susana en libertad o no, Yolanda prefiere no hacer comentarios a los medios: «Ella sabía que tarde o temprano tenía que suceder esto. A ella la Justicia y el sistema le han hecho mucho daño, no solo patrimonial si no moralmente. Para Yolanda la detención de su hermana Susana no ha sido ninguna sorpresa».De Estilo https://ift.tt/2IZvBBm
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