A la espera de una confirmación oficial que lo ratifique como candidato a la alcaldía de Ciudadanos por Barcelona, la irrupción del exprimer ministro francés Manuel Valls a la esfera municipal ha disparado, por el momento, el nerviosismo entre las formaciones presentes en el Ayuntamiento y ha reactivado los movimientos de los independentistas por fraguar una candidatura unitaria que consiga así tener la ansiada alcaldía de la capital catalana. La posibilidad de una campaña en la que el proceso soberanista sea el protagonista cobra forma. Lo cierto es que parte de los agentes económicos de la ciudad ven en Valls una oportunidad para reforzar el papel y la marca Barcelona en Europa, tras meses en los que el prestigio de la ciudad se ha tambaleado como consecuencia del proceso independentista y el gobierno populista de Ada Colau. No quieren decirlo en público por no parecer partidistas, pero instan a aprovechar el escaparate global en el que hasta hace poco estaba la capital catalana y en el que se volvería a colocar con el aterrizaje de un líder europeo como el exprimer ministro francés. Todo para no perder comba, entre otros campos, en su aspiración de convertirse en polo tecnológico e innovador de Europa. El propio protagonista pisó esta misma semana Barcelona para recoger el premio de Societat Civil Catalana y no despejó la incógnita sobre su futuro político, aunque eso sí, muchos entendieron que coqueteaba con la idea de ser el alcaldable barcelonés de la formación naranja. A la espera de sus próximos pasos, el grupo municipal de Cs sigue pendiente de si la ejecutiva nacional convoca el proceso de primarias, que difícilmente serían antes de verano. En todo caso, de concretarse y confirmar Valls sus intenciones, Carina Mejías, la actual líder que alabó toda propuesta que sea para «sumar» y mejorar a su formación pero que no ha hablado de ello con el exprimer ministro francés, no se presentaría al proceso, informan fuentes del grupo a ABC. Más activas se han mostrado las formaciones independentistas. Sea por que lo ven como un rival con posibilidades de concentrar el voto de las formaciones constitucionalistas o quizás porque las relaciones entre PDECat y ERC han ido a mejor tras los últimos avances en el Parlamento catalán para conseguir gobierno, sus formaciones municipales empiezan a mostrarse más abiertas a encontrar un candidato que pueda conseguir todos los votos de los soberanistas. El Junts per Barcelona que nunca llegó a existir podría tener ahora su momento. ¿Un tertuliano candidato? En este escenario intenta colarse Jordi Graupera. Periodista y filósofo habitual en tertulias y que ha sido un acérrimo defensor del independentismo en la etapa final del «procés», ha estado años viviendo en Estados Unidos y aterrizó en Barcelona hace poco más de dos meses con la idea de fraguar una candidatura unitaria independentista, una propuesta que ve como obligada para conseguir la suma que permita gobernar la ciudad y ponerla al servicio del «procés». Lo de Graupera causó un gran revuelo en un primer momento, sobre todo mediático. Propuso conseguir 30.000 firmas que avalen su idea de hacer unas primarias abiertas entre todos los soberanistas para dar con el candidato que lidere la Barcelona como capital de Cataluña. El «boom» inicial, con 10.000 firmas conseguidas con sólo conocerse su propuesta, quedó estancado y ganó otras 5.000 firmas en un mes. Curiosamente, desde la aparición de Valls ha vivido un nuevo repunte de apoyos y cuenta ya con 24.000 firmas. El PDECat, inmerso en las primarias y que hace un año imaginaba al ahora encarcelado Joaquim Forn como su candidato, intenta centrar sus esfuerzos en el proceso para escoger a su alcaldable. Fuentes de la formación corroboran que, sea quien sea, esperan que aporte un proyecto abierto y transversal. El exalcalde Xavier Trias, su actual líder, ha comentado en alguna ocasión que quizás en 2015 fue un error no apostar por la suma conjunta de PDECat y ERC. La formación, que reconoce haber tenido algún contacto hace semanas con Graupera, tiene en mente una candidatura aglutinadora. Sus dos aspirantes a primarias, que se batirán en dos semanas, son Neus Munté, exconsejera autonómica que salió del gobierno por sus dudas sobre el 1-O, y Carles Agustí, menos conocido y que está enfocando su campaña, con el nombre «Obrim Barcelona» en defender la candidatura única. Menos claro lo tienen, al menos de puertas afuera, en ERC. Alfred Bosch seguirá como candidato tras no haber tenido rivales en las primarias y pretende seguir haciendo política municipal. Desde el grupo municipal comentan a ABC que «las elecciones de Barcelona, van de Barcelona» y que los acuerdos «de país» pueden llegar si es que hay acuerdos de ciudad. Ellos no han hablado con Graupera, aseguran.De España https://ift.tt/2r9gbQ4
El exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, no quiere ser el candidato de Ciudadanos. «No he salido de un partido francés para meterme en un partido español», dijo ayer en TV3. Desde el principio, la idea de Valls fue encabezar una candidatura unitaria del constitucionalismo en Cataluña, una suerte de movimiento en defensa de la europeismo y de la democracia, pero Albert Rivera, al conocer los primeros movimientos en este sentido, quiso anticiparse y filtró a los medios que le había ofrecido encabezar la candidatura de su partido en Barcelona de cara a las elecciones municipales de 2019. La iniciativa de esta candidatura transversal no habría sido promovida por Sociedad Civil Catalana. El presidente de la entidad ha relatado a ABC que «no es nuestro deseo meternos en política partidista, ni desde dentro, ni desde fuera, diciéndoles a los partidos lo que tienen que hacer, como tantas veces hizo la ANC con Esquerra y Convergència». De todos modos, Sociedad Civil Catalana arrastra un descontento histórico con Ciudadanos, porque considera que siempre ha tratado de fogacitar los actos de la entidad pese a lo mucho que se les ha pedido que no lo hicieran. Fuentes de SCC explican cómo «han acudido a cada manifestación con globos, pancartas y todo tipo de distintivos partidistas cuando expresamente se les había explicado el carácter civil y unitario que las demostraciones tenían», lo que ha causado impotencia y contrariedad en los dirigentes de la plataforma. Por lo tanto, aunque Sociedad Civil Catalana niega tajantemente que haya promovido la hipotética candidatura transversal de Valls, no le extraña la filtración de Rivera, tal como a los dos otros partidos constitucionalistas, el PSC y el PP, no les ha causado tampoco ninguna sorpresa. El Partido Popular estaría dispuesto a participar en esta candidatura si Ciudadanos no intenta apropiársela en exclusiva. El PSC ha explicado a ABC que «de momento, nadie nos ha dicho nada. Si nos hacen una propuesta formal, daremos una respuesta formal». Pero fuentes de los socialistas barceloneses creen «muy difícil» su integración, en tanto que «muchas veces, las uniones de este tipo no significan la suma de votos ni de escaños sino más bien todo lo contrario». En el PSC recelan, además, de una unión entre los partidos españolistas porque animaría todavía más a las fuerzas independentistas a unirse y a convertir unas elecciones municipales, «que tienen que ser sobre Barcelona y sobre el concepto y los problemas la de ciudad, en el enésimo plebiscito sobre la independencia de Cataluña». El independentismo, por su parte, ha permitido que Ada Colau gobernara prácticamente sin oposición desde que llegó a la alcaldía. Xavier Trias, que fue un alcalde con una notable popularidad pero que regaló la ciudad a los populistas con una campaña en que buscó el cara a cara con Colau, concediéndole el protagonismo y la credibilidad que no tenía, no ha designado todavía a su sustituto y ha estado desaparecido durante los últimos tres años. Esquerra, con Alfred Bosch al frente, ha tenido su mayor vigor como oposición a la alcaldesa en los últimos meses, votando en contra de unir el tranvía por la Diagonal. Es todavía una incógnita si los dos partidos acudirán juntos o por separado a las próximas elecciones, aunque de momento han rechazado la propuesta que en este sentido les ha hecho el filósofo Jordi Graupera, que se ofreció como candidato unitario del independentismo. Teniendo en cuenta la actual composición del ayuntamiento de Barcelona, la suma de PP, PSC y Ciudadanos daría 12 concejales, uno más que los 11 con que gobierna en solitario Ada Colau, sobre un total de 41. La suma de Esquerra y Convergència estaría en los 15 concejales.
El estallido de la crisis en el PP de Madrid por los escándalos personales de Cristina Cifuentes ha llevado a Mariano Rajoy a frenar el proceso de designación de candidatos en toda España. El presidente del Gobierno accedió a la demanda generalizada en su partido para que se adelantara a «antes del verano» la elección de sus cabezas de cartel en las elecciones de 2019, y contar así con un mayor margen de preparación de los elegidos. El plan era anunciar «por oleadas» a los aspirantes, los más importantes primero. Pero el descabezamiento del PP madrileño aconseja «prudencia», según admite la dirección nacional. «Todo se retrasa», comentó hace días a ABC el coordinador general de Génova, Fernando Martínez-Maillo. Este dirigente ha recorrido en los últimos meses las organizaciones territoriales –Islas Baleares y seguirá por La Rioja, Cantabria, Asturias o Andalucía– para dirigir la confección de los equipos que se la jugarán en 2019. De momento, Génova solo ha autorizado la proclamación de los candidatos a las capitales de provincia de Andalucía, y porque se cree que Susana Díaz podría adelantar las elecciones a este año. Lo cierto es que dentro del PP existía división de opiniones entre quienes prefieren adelantar cuanto antes la designación y quienes apuestan por reservarse a después del verano, «para empezar el nuevo curso con fuerza». Ese era el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se decantaba por no quemar aún el cartucho del Ayuntamiento. Cifuentes veía con buenos ojos a Pablo Casado para luchar contra Manuela Carmena... Pero ahora todo ha cambiado, admiten en Génova, donde ya no se atreven a aventurar el calendario de designación de candidatos. El PP tiene las principales capitales al descubierto, sin candidato claro –Madrid, Valencia, Zaragoza, Valladolid– y a líderes regionales como Isabel Bonig les sigue preocupando que Rajoy deje hasta el final la elección de cabezas de cartel. Que suceda como en 2015, cuando esperó a dos meses antes de las elecciones a decidir que Aguirre y Cifuentes, en sustitución de Ignacio González, serían las candidatas en Madrid. «Habrá que esperar un poco», repiten en Génova. No quiere prisas El descabezamiento en Madrid cambia forzosamente los planes. Ahora Rajoy no quiere prisas, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera han anunciado que dejarán para otoño la proclamación de sus candidatos de PSOEy Ciudadanos. Entre los colaboradores de Rajoy hay quien apuesta que tras este duro revés de Cifuentes lo volverá a dejar todo para el final. «Conociéndole un poco, el jefe querrá esperar a que otros pongan sus cartas sobre la mesa», sostiene un veterano del PP. «Hay que andar con precaución», repiten en Génova, donde asumen que tal vez es mejor proteger a los aspirantes del foco mediático, que creen que es más severo con el PP que con el resto. «Pongas a quien pongas, nos van a freír, tenemos que dejar que la tormenta de Cristina pase», añaden en la cúpula, donde recuerdan que Pablo Casado ya ha sido sometido a un estrecho marcaje mediático por su currículum, que felizmente supo explicar. Pese a las reconocidas cautelas, Génova apuesta por colocar a Casado al frente de la gestora del PP de Madrid con la idea de que sea candidato dentro de un año, ya sea al Ayuntamiento o a la Comunidad. Falta el visto bueno del jefe a esta operación, para la que quiere darse más tiempo:antes elegirá al relevo en el Gobierno regional. Algunas direcciones provinciales y locales han encargado encuestas para sondear cuáles son los mejores candidatos, tal y como ha hecho el PP de Andalucía. No existen a nivel nacional, pero sí la certeza de que Rajoy será el mejor candidato para defender el proyecto del PP en las municipales y autonómicas. El presidente lleva todo 2018 dedicando los sábados a recorrer el país en actos de partido y su agenda para los dos próximos meses es de «órdago», según desvela un colaborador de La Moncloa.
El Valle de los Caídos, en la falda de la Sierra de Guadarrama, padece realidades contradictorias pero entrelazadas. Lo cierto es que más allá del componente ideológico, que polariza todo elemento relacionado con su simple existencia, recibe cada año una suma notable de visitantes –cercana a los 300.000– pese a que cada vez está más deteriorado; comido por la humedad y la erosión del tiempo. En paralelo, despierta no pocas dudas acerca de su gestión y funcionamiento, señalado por el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades y por una total falta de transparencia. El mausoleo en el que yacen Franco y José Antonio y más de 30.000 asesinados durante la Guerra Civil es susceptible de dos definiciones que, aunque se presentan como el agua y el aceite, se confunden: «Un atractivo histórico y turístico en un paraje único» y «Un paraíso fiscal en plena península». Basta con acercarse hasta el Valle de Cuelgamuros un fin de semana o festivo para comprobar el goteo de visitantes que llegan por su cuenta o en excursiones en grupo, generalmente arrastrados por la curiosidad desde el Monasterio de El Escorial, a apenas un cuarto de hora en coche. «Estábamos por aquí y hemos aprovechado para ver las dos cosas, la verdad es que impresiona», explica una pareja de turistas mientras observan la imponente cruz que se clava en el cielo. La misma que la pasada semana ha ilustrado decenas de informaciones por el primer paso hacia la exhumación de cuatro fusilados, un hecho histórico. El crecimiento en los visitantes, aunque pausado, ha sido progresivo en los últimos cuatro años. Según cifras de Patrimonio Nacional, que es quien gestiona el conjunto monumental, en 2017 recibió a un total de 283.263 personas, frente a las 240.837 de 2014. En los dos años intermedios fueron 254.059 (2015) y 262.860 (2016). Para valorar si son muchos o pocos, basta compararlo con otros lugares de interés, también controlados por Patrimonio. El Valle de los Caídos, aunque lejos del Palacio Real (1.517.887) o El Escorial (520.806), tiene casi los mismos visitantes que el Real Sitio de Aranjuez (293.287). Inversión «urgente» A tenor de este interés turístico, se puede pensar que el conjunto –edificado entre 1940 y 1958 por presos políticos y represaliados del franquismo– presenta un aspecto cuidado, pero nada más lejos de la realidad. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos denuncia que el deterioro es «evidente» y que se debe, sobre todo, a la «falta de mantenimiento» durante años. De hecho, una comisión de expertos ya señaló en 2011 el «grave deterioro» del Valle y la necesidad de una «pacificación social y política que legitime el mantenimiento y cuidado de este conjunto monumental», en clara alusión al conflicto que genera en la sociedad y si es ético o no invertir dinero público en un lugar de tan marcada connotación ideológica. «Patrimonio Nacional emitió un informe hace años que decía que la inversión necesaria no excedía del millón y medio de euros, pero ahora se ha multiplicado porque no se hizo y cada vez es más caro», explica Pablo Linares, presidente de la entidad. Según cálculos de la asociación, son necesarios en torno a 5 millones de euros para los distintos arreglos. La ubicación del Valle, en plena montaña y expuesto a una climatología adversa prácticamente todo el año, es parte del problema. La basílica cuenta con importantes humedades y goteras, hasta el punto de que se han tenido que instalar una especie de cubos para recoger el agua. También las esculturas de la base de la cruz, fracturadas en muchos casos. Además, desde hace diez años el funicular que lleva a lo más alto del monumento no funciona y tampoco tiene visos de que vaya a arreglarse. «Si fuera otro sitio ya se habría arreglado, pero no se ha hecho porque los gobiernos, o por odio o por cobardía, no se atreven», valora Linares; y añade: «Ninguno de los museos tiene beneficios, pero es que ese no es su objetivo, no es una empresa, lo que no entiendo es la fijación que hay con el Valle de los Caídos». Pérdidas millonarias El tema económico, precisamente, da lugar a otra de las realidades del espacio, acaso la más controvertida y con más sombras y recovecos. El total de ingresos en 2017 por la actividad del Valle –según informó la Ser– fue de 1.380.128,87 euros, de los cuales 1.327.879 remiten a la venta de entradas, a 9 euros por unidad. Los gastos, en cambio, ascendieron a 1.741.047 euros, de lo que se desprende que las pérdidas rozan en medio millón cada año. A esto hay que sumar la subvención de 360.000 euros que recibe, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en calidad de beneficiaria de la Fundación homónima, titular y administradora del lugar aunque está controlada transitoriamente por Patrimonio. Pero las dudas no se reducen a este simple balance. Hay mucho más. El abogado Eduardo Ranz, quien defiende a los familiares de los cadáveres a exhumar, señala la «opacidad» del lugar, al que define como «un paraíso fiscal en plena península». «No sabemos nada de la licencia de actividad de la cafetería, ni de su contabilidad, ni la de la hospedería, ni sobre el dinero del cepillo de las misas... No sabemos nada, si fuera un ayuntamiento ya estaría sancionado», dice Ranz sobre el Valle de los Caídos, con un valor catastral de 21 millones de euros. Estas palabras, lejos de ser una apreciación personal, son el grueso del último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Patrimonio Nacional, aprobado en 2016. Así, uno de los epígrafes remite al funcionamiento del Valle de los Caídos, con una enumeración de irregularidades aún sin corregir. El escrito, de carácter consultivo, desvela que no existe inventario de bienes del espacio, no dispone de presupuesto ni tampoco rinde cuentas de su ejecución. Además, sostiene que no ha elaborado nunca una memoria de situación y funcionamiento y que «no existe explicación sobre la conveniencia para el interés público de los gastos asumidos, que benefician a la comunidad de religiosos y no, como debería ser, a patronato o fundación alguna». Las únicas explicaciones a este respecto, aunque insuficientes, las ha dado el Gobierno tras las peticiones de información de la oposición.
En la familia Gorrachategui llevan más de cien años transmitiendo de padres a hijos su particular forma de elaborar churros artesanales. Comenzó Don Florencio, en 1902, y el oficio lo continuó su hijo Félix, su nieto Galo y su bisnieto Gabi, dueño de la Churrería Chocolateria Los Artesanos 1902. Este último es quien mantiene la tradición familiar y cuenta ahora con la ayuda de su mujer Carmen y de sus hijos, Juan Gabriel, Héctor y Alba. Don Florencio llegó a la capital procedente de la zona de Navarra. «Se quedaba en la temporada de invierno en Madrid y en verano regresaba al norte a realizar otros trabajos», cuenta a ABC Juan Gabriel Gorrachategui, la quinta generación. Por entonces no había maquinaria, era todo manual, y una vez que aprendió y perfeccionó el oficio comenzó vendiendo churros y porras por las calles de Madrid, en la esquina de calle Atocha con el Paseo del Prado, con una hornilla fabricada por él mismo. Para calentar el aceite usaba madera y carbón. Ya la segunda generación, encabezada por Félix, «tiene la cumbrera para los churros y porras» y abren una churrería en la calle Ave María. «Mi bisabuelo hacía los churros y mi abuelo y sus primos los vendían por la calle», añade. Eran otros tiempos, «se vendía mucho en los eventos de la calle, eran churros artesanales hechos por verdaderos churreros, no como ahora», se lamenta el joven. Ya establecidos en un local comenzaron a servir chocolate y más tarde se cambiaron a la plaza de Jacinto Benavente. Los cuatro hijos de Galo siguieron con el oficio creando sus propias marcas de churrerías y sus negocios. «Dentro de la familia hay quien pensó que la artesanía pasó de moda, menos mi padre Gabi, que coincide con mi abuelo», resalta Juan Gabriel. Así que Gabi decidió abrir la churrería Los Artesanos 1902, en el 2013, situada en la calle San Martín, muy próxima a la conocida y centenaria churrería San Ginés. «Le decían que estaba loco pero él creía en su producto y en su familia», añade su hijo. Para competir decidió apostar por la calidad, «de lo más alto». No solo en los churros sino también en el chocolate. Los ingredientes de los churros son conocidos: agua, harina y sal. En diez minutos ya está hecha la masa, que se bate con el palo del churrero, y hay que saber dejarla reposar, en función del clima. En esta casa, el aceite de oliva con el que se fríen los churros a 230º se cambia todos los días. Todos los días se cambia el aceite para freir los churros - BELEN RODRIGO En cuanto al chocolate, «tardamos un poco más en conseguir que fuese perfecto pero lo conseguimos», reconoce el churrero. Comenzaron por traer el chocolate de Brasil, Colombia y Perú «y se muele en Madrid, creando nuestro propio chocolate». Tardan más de una hora en espesar el chocolate y cuidan mucho la temperatura para que esté perfecto. Al igual que la mezcla con el azúcar, logrando que no esté ni demasiado dulce ni demasiado amargo. «Durante siete meses, una vez a la semana, cuatro de nuestros clientes habituales de distintas edades venían a probar el chocolate. Fui probando la mezcla hasta conseguir que fuese perfecta», relata Juan Gabriel. Esta quinta generación de churreros comenzó a ayudar en los eventos desde muy pequeños, al igual que sus antecesores. Juan Gabriel recuerda como se divertían haciendo sus masas de churros, con apenas dos años. Fueron creciendo y colaborando con su padre en verano y los fines de semana. «Una vez me quemé el dedo por impaciente y querer hacer todo rápido como mis maestros», recuerda. Después de estudiar Adminsitración y Finanzas, «quise estar al lado de mi padre, como él hizo con el suyo. Es una negocio familiar, de una tradición muy madrileña, y es una pena que desaparezca», reflexiona. Además recuerda que Madrid es de las pocas ciudades en las que se venden churros los 365 días al año y una donde más se consume. También su hermano Héctor, que estudió INEF, trabaja con él y con sus padres, y su hermana Alba, aunque ahora está cuidando de sus dos pequeñas. Su madre, Carmen, «es quien hace los pestiños». Él y su hermano se turnan con el resto de personal para hacer churros, sobre todo en los meses de más trabajo. También se elaboran porras, churros rellenos de crema o dulce de leche o las flores que van cubiertas de miel, azúcar o chocolate. El café con cuatro churros cuesta 2,5 euros y el chocolate con churros, 3,9 euros. Pestiños y flores son también muy solicitados en la churrería - BELÉN RODRIGO Público madrileño «Nos queríamos ganar al público de Madrid, y lo hemos conseguido. Tenemos clientes que vienen todos los días a desayunar o merendar», indica el churrero. Abren a las 7 de la mañana y echan el cierre a la 12:00 de la noche. Hay días como el 1 de enero o los festivos de diciembe en los que se vive una verdadera locura. Al estar tan próximos de Sol es habitual que les lleguen pedios para la Comunidad y el Ayuntamiento. Y entre sus muchos clientes aparecen rostros conocidos como El Mago Pop, Ramoncín, el patinador Javier Fernández y el futbolista Javi Martínez. También se ha podido ver disfrutar de una chocolatada a Don Alfonso de Borbón y su familia, a Emilio Gutiérrez Caba o a Carlos Vives. Padres e hijos disfrutan del oficio que han vivido desde su infancia y quieren seguir formando parte de la historia de una de las tradiciones gastronómicas más simbólicas de la capital. Y lo hacen con un delicioso chocolate y unos esponjosos y sabrosos churros. Churros de chocolate y rellenos de crema o dulce de leche - BELÉN RODRIGO
Ni los presupuestos ni los tiempos políticos aconsejan el desarrollo del proyecto de Ciudad de la Justicia. Lo sabe Ángel Garrido, actual presidente regional en funciones y consejero de Presidencia y Justicia, pero también conoce la necesidad imperiosa de mejorar las instalaciones y las condiciones de trabajo en muchos juzgados madrileños. De ahí que haya abordado la iniciativa de poner en marcha una «miniciudad» que concentrará 56 juzgados en tres edificios muy próximos en el distrito de San Blas, y en la sede «clásica» de la Plaza de Castilla. La idea es que estos nuevos emplazamientos estén funcionando ya después del verano. Supondrán ahorrar muchos desplazamientos y dotar de 12.000 metros cuadrados más a este servicio. El proyecto se ha enfocado a los juzgados relacionados con dos de los colectivos más sensibles en la actualidad: los menores y los casos de violencia de género. El llamado «núcleo penal» se situará en la zona este de la ciudad, en tres sedes situadas muy cerca unas de otras: la de Hermanos García Noblejas para varios de los juzgados de menores; la de Julián Camarillo para juzgados penales, y la de Albarracín, 31, para las causas de violencia contra la mujer. En este último caso, se proveerá al inmueble de una disposición que permita entradas separadas para las víctimas y los acusados. Algo que, aún siendo de sentido común, no se daba hasta ahora en los actuales desplazamientos. Hasta el punto de que era frecuente que se cruzaran por los pasillos o a la entrada de la vista. Ahora, sin embargo, los juzgados de violencia sobre la mujer dispondrán de dos puertas al pasillo de público, una principal que lleva a la oficina de Secretaría -prevista para los funcionarios- y otra opaca que lleva directamente a una sala de espera para víctimas, junto con aseos y despachos del psicólogo y el trabajador social. Cámaras Gesell En el caso de los menores, entre otras ventajas, se pondrán en marcha dos cámaras Gesell, un tipo de habitación con dos espacios divididos entre sí por una ventana que sólo permite la vista desde uno de los lados. Eso da opción a que el menor declare en una sala donde sólo se encuentra un psicólogo, mientras que en la sala adyacente, y a través de esa ventana traslúcida, siguen la declaración el juez, los fiscales y abogados con total confidencialidad, y sin que resulte agresivo para el menor. La declaración será válida y no hará falta que el niño vuelva a acudir al juicio a repetirla, evitándole situaciones estresantes. Una de estas cámaras estará en el edificio de Albarracín, y otra en el de plaza de Castilla. Alquileres Este reparto de juzgados -56 en el núcleo penal del este y 60 en Plaza de Castilla- permiten abandonar el alquiler del inmueble situado en la calle Manuel Tovar, 6, donde ahora se encuentran 5 juzgados de lo penal y 11 de violencia sobre la mujer. Este será desalojado, pero a la vez se alquila otro edificio, mucho mayor en tamaño: el de Albarracín, 31. Al concentrar todos los juzgados de lo penal en dos únicos puntos de Madrid, se reducirá el problema de la dispersión, y además de mejorar la situación para las víctimas, también lo harán las condiciones de trabajo de quienes desempeñan allí sus tareas. Se evitarán las situaciones de colmatación completa que ahora se dan en algunas de las sedes, como las de Fiscalía en Capitán Haya, 53. El nuevo núcleo penal añade 12.000 metros cuadrados a los que actualmente existen para estos servicios. Se han diseñado los juzgados de lo Penal y Violencia sobre la mujer de manera que los detenidos utilizan unos recorridos restringidos que impiden que interfieran con las zonas donde está el público. También existirán recorridos internos específicos para jueces, letrados o víctimas, dotados de aseos propios o zonas de espera. Dado que varios juzgados -concretamente, 5 de los de Ejecutorias Penales- se trasladan a la calle Albarracín desde la Plaza de Castilla, eso liberará espacio en esta última sede y permitirá realizar obras de ampliación -de las oficinas del Registro y el Reparto Penal, de la zona de Información al Público o para crear nuevas salas de vista, juzgados o consultas de la clínica médico-forense-, y también la creación de dependencias nuevas solicitadas por el Decanato y la Fiscalía Provincial. Por la misma razón, el traslado a Albarracín, se ganarán espacios en Capitán Haya, 53 -para dar un poco más de espacio a la Fiscalía-, y en la calle Barquillo, 23. En este último punto, donde ahora está la Oficina de Atención a las Víctimas se establecerán otros espacios para la sede de la Fiscalía Superior de Madrid. A partir de agosto Según explica a ABC Ángel Garrido, los traslados se quieren comenzar en agosto, para intentar estar trabajando ya en las nuevas ubicaciones en septiembre. Son traslados delicados, que es preciso coordinar a la perfección porque afectan a citaciones y a la marcha de muchas causas, explican. «El proyecto lo hemos presentado hace sólo unos días a los decanos y fiscales, y les ha encantado», explicó el presidente en funciones de la Comunidad.
