Las aguas del Alberche, a su paso por Ávila y Madrid, más que revueltas bajan escasas. El afluente del Tajo está a punto de desencadenar una «guerra» entre aquellos que beben –y que viven de él– a ambos lados de la provincia abulense y la región madrileña. Con los embalses de San Juan, que comparte orillas entre ambas, y el del Burguillo, plenamente en Ávila, bajo mínimos –al 32,61% y el 36,32% de capacidad, respectivamente– los municipios ribereños de la provincia vecina denuncian estar sufriendo este verano la «ruina del sector turístico». La «culpa», sostienen, la tienen las captaciones de agua que realiza el Canal de Isabel II para las reservas de la región. Así lo recoge una moción del PSOE que será votada en el Pleno Ordinario de la Diputación de Ávila que se celebrará mañana y que, según sus promotores, tiene visos de ser aprobada por «unanimidad». En ella, los socialistas abulenses instan al resto de grupos políticos a mostrar «su rechazo» a lo que consideran un «ejercicio abusivo y arbitrario» por parte del Canal de Isabel II. Encabezados por su portavoz, Pedro José Muñoz González –alcalde de Cebreros–, el texto arremete directamente contra Madrid y el uso que da a las dos concesiones sobre el rí o que tiene autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). «Lo único que estamos pidiendo es que el agua no se detraiga de una forma preventiva», asegura a ABC tras incidir en que, frente a los citados embalses, pantanos madrileños como Valmayor superan el 60% –la última medición disponible era ayer del 59,68%–. «Esa gestión está creando dificultades económicas a todo el desarrollo turístico de la zona, muy enfocado al uso recreativo de las aguas. Son los únicos pantanos, en las cercanías de Madrid, que tienen la autorización para ser utilizados para la navegación, el piragüismo y el baño», destaca. Frente a estas acusaciones, el Canal se defiende asegurando que es «responsable de garantizar el suministro de agua a una población de 6,5 millones de habitantes». «Es la CHT la competente, y no Canal, para determinar las normas de explotación en el sistema del Alberche», reiteran ante las críticas. Para el ente madrileño prima garantizar el abastecimiento frente a «otros usos». Desde la Diputación señalan que los municipios más afectados son El Barraco, San Juan de la Nava, Navaluenga o Cebreros. Más allá de la imposibilidad de practicar deportes náuticos o de refrescarse en sus aguas, alertan de que incluso el abastecimiento a algunas zonas de estas localidades se puede ver «comprometido». «La urbanización cebrereña de Calas de Guisando, situada en la cola del pantano de San Juan, ya está teniendo dificultades porque solo se está abasteciendo del caudal ecológico», explica Muñoz. La vista desde sus casas es realmente desoladora, con embarcaciones encalladas en el fondo seco del embalse. De obtener el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Diputación Provincial de Ávila, la moción contempla solicitar una reunión «urgente» con el presidente del Ejecutivo madrileño, Pedro Rollán –«o con el presidente o presidenta de la misma, en el caso de superar la investidura», señala el texto–. El objetivo es «trasladar el malestar de la provincia de Ávila por el quebranto económico que se está produciendo en los municipios del bajo Alberche». Pero las exigencias de los socialistas van más allá: «Para solicitarle –al Gobierno regional– el pago de la deuda histórica por haber sustentado, en parte, el desarrollo de la Comunidad de Madrid, en un recurso, el agua, detraído y derivado del río Alberche, sin pagar contraprestación alguna para los municipios afectados de la cuenca cedente», añaden. Preguntado al respecto, el portavoz socialista que firma la moción sugiere que, esa contraprestación pueda ser «económica, en atención sanitaria, o infraestructuras de transportes». «El 38,95% del agua que consume Madrid proviene del río Alberche», argumenta. Restricciones Se da la circunstancia añadida de que, ante la sequía que afecta a la zona, la CHT restringió el volumen de la concesión a Madrid al 50% –las dos que tiene autorizadas suman 219,80 hm3–. Fuentes regionales han confirmado a este diario que el Canal de Isabel II presentó un recurso por la vía del Contencioso Administrativo contra esta decisión: «Se utilizan todas las herramientas legales y administrativas para asegurar ese suministro a los madrileños». No obstante, recuerdan que desde la aprobación en noviembre de 2018 del Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Tajo se «han respetado los volúmenes máximos mensuales autorizados». Fuentes de la empresa madrileña señalan que la región no ha salido «especialmente beneficiada» de la decisión de la CHT. «La reducción de volúmenes para abastecimiento en el citado plan especial de sequías ha sido superior a las reducciones contempladas para otros usuarios, incluso aún siendo según la ley de aguas el abastecimiento a la población un uso prioritario frente a regadío o usos recreativos», defienden. Aunque el PP abulense se reserva el sentido de su voto para el pleno de mañana, su portavoz y presidente de la Diputación, Carlos García, señaló a este diario la necesidad de «tomar en consideración la revisión de las concesiones del Alberche a Madrid». «Es necesario que la Comisión de Desembalse de la confederación del Tajo estudie la necesidad real que tiene ahora mismo la provincia de Ávila y la que tiene, en su caso, la Comunidad de Madrid», aseguró. «No tiene sentido desembalsar agua de un pantano que tiene al 30% su capacidad a otro que tiene un 60%», criticó. Más allá de la cercanía de posiciones con los promotores de la moción, el popular destaca que «cualquier partido político y cualquier ciudadano abulense lo primero que va a mostrar es la preocupación por llegar a un entendimiento para lograr un acuerdo que satisfaga las demandas de abastecimiento que tenemos ahora mismo». García señala que, ante esta situación de alarma, se han tenido que modificar las tomas de captación. «Eso es una realidad», destacó. No obstante, reconoció, sobre el recurso interpuesto contra la CHT por el Canal de Isabel II a las restricciones, que «cada uno intenta defender los suyos». Pero advirtió: «Las instituciones abulenses, con la Diputación a la cabeza, van a defender los intereses de nuestra provincia».
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