
El PSPV-PSOE continúa sumando nuevas imputaciones en la causa por la presunta financiación irregular durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y que también afecta al Bloc (partido mayoritario de la coalición Compromís). El Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha citado a declarar en calidad de investigado el próximo 14 de junio al exalcalde de la ciudad Agustín Navarro por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato de los polémicos opinómetros. Se trataba de unos dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero. El desembolso fue de casi 300.000 euros por 19 máquinas. La adjudicación fue a parar a Opino Media, una empresa dirigida por José Ramón Tíller, quien también tendrá que declarar como imputado. Este trabajó a su vez en Crespo Gomar, la sociedad a la que la juez que ha llevado el caso durante el último año y medio en Valencia coloca en el centro de todo el entramado de la financiación. Era la agencia de comunicación con la que trabajaron los socialistas y los nacionalistas de cara a la campaña y que realizó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. A cambio de estas supuestas prácticas irregulares, habría sido adjudicataria de contratos públicos con un «posible trato de favor», en opinión de la juez, «como pago» de la financiación. Entre ellos, los de varios ministerios durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La sociedad fue presidida por Alberto Gomar, quien también se añade a la lista de investigados en el juzgado de Benidorm que trascendió ayer. Igualmente declarará la exconcejal Mariola Fluviá, quien ostentaba el área de Contratación en el Consistorio. Concejal y diputado Los hechos tuvieron lugar durante la etapa de Agustín Navarro como alcalde de Benidorm, quien sigue manteniendo el acta de concejal y de diputado provincial del PSOE por Alicante. Cercano al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se encuentra investigado en otra causa por malversación, prevaricación y tráfico de influencias al haber enchufado supuestamente a más de 40 personas en el Ayuntamiento. Estas cuatro últimas imputaciones se unen a las que se han conocido durante los últimos días en los juzgados de Madrid. En total, se trata de 17 por el momento, entre las que destaca la de la exdirectora general de Consumo y excandidata socialista en la ciudad de Alicante Etelvina Andreu por los contratos del Ministerio de Sanidad con Crespo Gomar. La investigación judicial se inició después de que un juzgado de Valencia recibiera un informe de la Policía en 2016 –tras una denuncia del PP– en el que se apuntaba a una supuesta financiación irregular de PSPV y Bloc. Al encontrarse prescrito el delito electoral, la juez decidió trocear la causa y remitirla a cuatro juzgados: dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm. Nuevos imputados en la causa Agustín Navarro, una gestión bajo sospecha. El exalcalde de Benidorm es a día de hoy diputado provincial por el PSOE de Alicante y mantiene el acta de concejal en el Consistorio. Durante su etapa al frente del Ayuntamiento se adjudicó el contrato de los opinómetros que investiga un juzgado de Benidorm. La agencia Crespo Gomar, centro de la presunta financiación irregular de los socialistas, también se encargó de servicios de su campaña electoral como candidato. Según la documentación que ha publicado ABC, habría llegado a facturar en B 39.000 euros a las empresas Hospimar 2000 y Quick Meals. El PSPV admitió que hubo donaciones «deficientemente tramitadas» de ambas. Alberto Gomar, el éxito de la firma. Hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antoni Gomar, dirigió la empresa Crespo Gomar, con sede en el municipio valenciano. A cambio de la financiación al PSPV, habría sido adjudicataria de contratos con administraciones socialistas. El auto de la juez de Valencia que ha investigado el caso también destaca cómo diversas sociedades del mismo grupo -e incluso con participación en ellas de personas vinculadas al partido o familiares- optaron a concursos en varios ministerios y en los Ayuntamientos de Benidorm y Gandia. Remarca especialmente la compra de un local en esta última localidad a una mercantil de Gomar subvencionada por el Consistorio. José Ramón Tíller, fuertes vínculos. Actualmente es responsable de expansión internacional y comunicación de la empresa mixta Egevasa, dependiente de la Diputación de Valencia. Fue asesor del expresidente de la Generalitat Joan Lerma y de los exalcaldes de Gandia Pepa Frau y José Manuel Orengo. Este último, cuyo nombre también ha aparecido en la presunta financiación irregular del PSPV, es ahora asesor de Ximo Puig. Tíller trabajó en Crespo Gomar y dirigió Opino Media, adjudicataria de los opinómetros. Además, fue señalado por la Guardia Civil como uno de los supuestos «zombies» de Imelsa por cobrar de la empresa pública pero trabajar para el grupo socialista en la Diputación. Se da la circunstancia de que el PSPV lo nombró como gerente tras la etapa de los escándalos del caso Taula para limpiar su imagen.
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