El Ministerio de Beatriz Corredor «favoreció» a la agencia investigada por la financiación del PSPV

«Existen en el expediente una serie de irregularidades de las que indiciarimente parece concluirse que estaba adjudicado antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales». Un peritaje de la Intervención General del Estado que forma parte del sumario de la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 24 de Madrid respecto a la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano alerta de «irregularidades que podrían ser constitutivas de infracción penal» en el contrato por importe de 126.208 euros adjudicado en el año 2009 a la empresa Crespo Gomar por el Ministerio de Vivienda en la etapa en la que estaba dirigido por Beatriz Corredor. Según ha podido conocer ABC de fuentes del proceso, el peritaje ha sido determinante para que la juez encargada de la causa -abierta por los presuntos delitos de malversación y prevaricación- haya citado a declarar el próximo viernes en calidad de imputados a tres técnicos del departamento de Corredor, que en la actualidad forma parte de la Ejecutiva federal del PSOE que dirige Pedro Sánchez y es una de las candidatas a alcaldables por Madrid para las próximas elecciones municipales. La juez investiga si la adjudicación se ajustó a la legalidad y, si no fue así, quién dio las órdenes para contratar a Crespo Gomar y si en última instancia el contrató se concedió como contraprestación por financiar al PSOE valenciano. En el auto de inhibición la juez de Valencia que instruyó la denuncia presentada por el PP por la presunta financiación ilegal del PSPV ya apuntó que era «muy llamativo» que se procediese a la apertura de la oferta económica «sin disponer de los informes técnicos». Denunciaba una «falta de transparencia» ya que, según sostuvo, resulta «mucho más sencillo intentar favorecer» a una empresa, en este caso Crespo Gomar, la agencia de comunicación que contrató el PSPV para sus campañas y que, de acuerdo con la investigación, podría haber facturado servicios al partido de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. En el contrato bajo sospecha del Ministerio dirigido por Beatriz Corredor, la juez -basándonse en el peritaje- apuntó la falta de motivación en el rechazo a uno de los licitadores por baja temeraria, «lo que claramente favoreció a Crespo Gomar». El informe apunta que el expediente «estaba adjudicado» a la agencia de los socialistas valencianos «antes de que se hubieran seguido todos los pasos legales». De acuerdo con el informe, antes de la firma del contrato la Intervención ya había detectado que aparecía el nombre de la empresa como adjudicataria. Para poder suscribir un contrato administrativo (el investigado lleva fecha de 29 dse diciembre de 2008) «se requiere previamente que el Abogado del Estado haya bastanteado los poderes que aporta la persona que comparece a la firma del contrato en representación de la adjudicataria. En el expediente objeto del informe, el bastanteo del Abogado del Estado llevaba la firma del 5 de enero, por lo que «resulta imposible que el 29 de diciembre se firmase el contrato».

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