Majo, sobre Vestas: «El hielo es menos frío que el cerebro de algunos daneses»

Buena parte de la corporación de la Diputación de León, comité de empresa de Vestas y vecinos de Villadangos del Páramo asistieron ayer al pleno extraordinario convocado para expresar el rechazo al cierre de la planta de Vestas y para lanzar un mensaje reivindicativo en forma de moción aprobada por unanimidad. «Esta zona casi muerta exige a todas las administraciones que se pongan a trabajar ya. Que el trabajo que no hicieron a tiempo lo hagan ahora. Que sean justos de una vez por todas con esta tierra», pidieron. La provincia de León, señala el texto, «se siente de nuevo maltratada por todas las instituciones, como lleva sucediendo en los últimos 35 años. Las crisis sucesivas nos han hecho cada vez más débiles y si esto sigue así, este antiguo reino que en silencio agoniza y que sólo se queja en los bares y tertulias, pronto será un desierto». Vestas, recuerda la moción, es la compañía instalada en el polígono de Villadangos que más ayudas recibió. Por eso, reclaman cambios legislativos que impidan que empresas subvencionadas y que arrojan beneficios «puedan llevar dinero público dejando tirados a sus trabajadores». El acuerdo plenario, que será remitido a diversas instancias de la Unión Europea, al Gobierno, la Junta y a responsables de Vestas, pide el mantenimiento de la planta, ayudas a los promotores de parques eólicos, impulso de las energías limpias y mayores coberturas económicas para los trabajadores involucrados en regulaciones de empleo. Sin respuesta aún al escrito remitido por la Junta y el Gobierno central a los máximos responsables de Vestas para reclamar una reunión «urgente» al más alto nivel, el presidente de la Diputación de León, Juan Martinez Majo, señaló que «nos han engañado a todos y son unos impresentables. El hielo es menos frío que el cerebro de algunos daneses». Con esas duras palabras se manifestó ayer sobre la decisión de la dirección de la multinacional eólica de prescindir de la planta. El cierre, dijo, tendría «dramáticas consecuencias sociales y económicas» para la provincia. Al tiempo, confió en que las gestiones en marcha puedan servir para impedir lo que calificó como «el más duro golpe a la provincia de los últimos años», informa Ical.

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