Retenciones kilométricas en verano, obras como las del Puente de Rande que se eternizan y precios elevados para los conductores gallegos que no cuentan con una alternativa gratuita para desplazarse por la fachada atlántica de la Comunidad. La autopista AP-9 vuelve al centro de la agenda política después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya desbloqueado el debate para que el Congreso de los Diputados aborde una vieja reivindicación, el traspaso de su competencia a Galicia. Gestionada por Audasa, perteneciente al grupo Itínere, la concesionaria espera ingresar entre 2011 y 2048 (año en el que expira su derecho de explotación) 9.561 millones de euros por el cobro de peajes en la vía que conecta Tui con Ferrol. Según las cuentas publicadas por Audasa, durante el año pasado los conductores gallegos se dejaron 140 millones de euros en peajes en la Autopista del Atlántico. La empresa logró hacerse con un beneficio después de impuestos de 44 millones de euros. Aproximadamente uno de cada tres euros fueron de ganancia a repartir entre sus accionistas. Aplicando la misma proporción al montante total que espera conseguir Audasa hasta el fin de la concesión, prorrogada por última vez por el Gobierno de Aznar, los propietarios se embolsarían unos 3.000 millones de euros de ganancias. Según la estimación de la concesionaria, hasta 2048 la vía necesitará de una inversión de 153 millones de euros en mantenimiento (gastos de reposición) y otros 1.680 millones de euros se destinarán a gastos financieros. Esta semana, los cuatro grupos políticos presentes en el Parlamento gallego aprobaban por unanimidad exigir al Ministerio de Fomento (titular actualmente de la autopista) que realice una auditoría global sobre las «deficiencias del servicio que presta la concesionaria». Además, solicitaron que «en el plazo de tres meses, se elabore un estudio de viabilidad del rescate de la AP-9 para lo público», en el que se incluya tanto su coste económico, como el posible impacto de rebaja de peajes para los usuarios al no tener que abonar el porcentaje de beneficio empresarial. El elevado coste del rescate fue el principal argumento utilizado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para frenar la toma en consideración en el Congreso de las reivindicaciones de Galicia. En marzo de 2016 el Parlamento gallego realizaba su primer intento. Aprobaba una proposición de ley que, además de pedir la transferencia para Galicia, incluía la posibilidad de rescatar la autopista. La factura debería abonarla el Estado. El Gobierno popular ejerció su derecho a vetar que la ley se debatiese en la Cámara española. Según sus cálculos, discutidos por algunos grupos políticos, el coste se dispararía a unos 4.300 millones de euros inasumibles para las arcas públicas. Desde el Hórreo se intentó hasta en dos ocasiones más (en 2017 y este verano) que la ley fuese tomada en consideración. Para lograrlo se eliminó la referencia al rescate. Pero la maniobra tampoco fructificó. El Ejecutivo de Rajoy siguió oponiéndose. La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa ha cambiado el escenario. Pero la proposición de ley que se debatirá será la primera que entró en la Cámara, que incluye en su articulado el rescate. En Galicia, tanto el PSdeG como el PPdeG dudan de su viabilidad, mientras que En Marea y BNG defienden que sería la única manera de acabar con «el expolio a los gallegos» que acomete Audasa con sus elevados precios. En la última auditoria de las cuentas, Audasa no hace referencia en ningún momento a un posible rescate del Estado entre los riesgos o amenazas que afronta la compañía. Los beneficios de la empresa han fluctuado sustancialmente en los últimos años vinculados a la afluencia de vehículos por la AP-9. Según los últimos datos remitidos por Audasa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el primer semestre del presente año han caído 3,5 millones con respecto al mismo periodo de 2017. Aún así las ganancias después de impuestos sumaron unos 15,9 millones de euros. Los ingresos por peajes alcanzaron, en esta ocasión, los 66,4 millones. Los últimos tres ejercicios muestran el impacto de la recuperación de la economía en las cuentas de la autopista, que en los años más duros de la crisis vio descender sustancialmente el balance de resultados, pasando de unos beneficios récord en 2008 de 68 millones de euros a los algo menos de 30 millones que obtuvo anualmente entre 2012 y 2014. En la última década los propietarios de Audasa se han embolsado 482,22 millones gracias a la AP-9. Los intentos de las administraciones públicas por rebajar los peajes en la AP-9 han acabado además en los tribunales. Audasa acumula varios contencioso-administrativos con el Ministerio de Fomento por discusiones sobre los pagos que deberán efectuar los conductores gallegos. El último llegó el pasado 28 de febrero. Según se recoge en la auditoria realizada por KPMG, la sociedad cuestiona la decisión de Fomento de no permitirle aplicar ya el pasado 1 de enero la subida de un 1 % anual prevista para los próximos 20 años. El incremento tarifario responde a las obras de ampliación del puente de Rande y Santiago, por valor de 219 millones de euros, más los intereses de demora. La concesionaria de la AP-9 también ha reclamado en los tribunales la decisión de rebajar a la mitad la cuantía que abona por la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala. Según Audasa, solo en un semestre de 2017 la medida le costó unos dos millones de euros. El pleito más antiguo tiene que ver también con la decisión de poner gratis el peaje de vuelta entre Vigo y Pontevedra, tomada en 2012. La venta La AP-9 tiene además otro importante frente abierto, la venta de Itínere, la empresa matriz de la que depende Audasa. El Gobierno central estimó en más de 4.000 millones de euros la compensación por un eventual rescate de la autopista gallega, pero en los últimos movimientos para el cambio de accionistas Itínere se valoró conjuntamente (gestiona en total 8 vías) en solo 1.300 millones. El posible cambio de dueños de la Autopista del Atlántico también podría acabar dirimiéndose en los tribunales. El fondo estadounidense Corsair, actual accionista mayoritario, y Globalvía (participado por otros tres fondos de inversión internacionales sin presencia de momento en el accionariado) pugnan por hacerse con el control de la empresa. En julio, Globalvía realizó una oferta de compra por valor de 723 millones de euros para adquirir el 55,6% de las acciones que hasta ahora están en manos de Abanca, Sacyr y Kutxabank. Pero el fondo Corsair, que ya tiene el 37,9% de Itínere lanzó su contraoferta sólo a la constructora. Con el 15,51% de sus acciones le bastaría para mantener el control.De España https://ift.tt/2DP7rai
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