La alta contaminación en Madrid le podría costar a España desde 2.709 euros al día. La capital y Barcelona, con un expediente abierto, están bajo la lupa de la UE tras superar durante ocho años seguidos los niveles máximos de dióxido de nitrógeno (NO2), una infracción que es responsabilidad exclusiva de las administraciones locales. El nuevo protocolo del Gobierno de Manuela Carmena contra estas emisiones, cuyo borrador se presentó el pasado jueves, es la última medida conocida para evitar la sanción económica. Si bien ambas ciudades son las que figuran en el expediente –Madrid en su conjunto y el área metropolitana de Barcelona y el bajo Llobregat–, el interlocutor con Bruselas es el Gobierno de España. Fuentes de la Comisión explicaron a ABC que «el procedimiento es contra España y, lo que derive, es competencia a nivel nacional». No obstante, la Administración central puede repercutir al ayuntamiento que corresponda la responsabilidad derivada del incumplimiento del Derecho de la UE; por lo que el pago de la sanción sería tarea de Madrid y Barcelona. El procedimiento, a pesar del ultimátum de la Comisión Europea a España y otros países (Francia, Italia, Reino Unido y Alemania), es largo y complejo. Las sanciones, explican desde este organismo, se aplican únicamente al final del proceso, una vez que haya una resolución en firme del Tribunal de Justicia de la UE. Así, tras la advertencia, si no hay una respuesta de los estados, es la Comisión quien decide si lleva el caso ante los tribunales. Después de un 2017 en el que 15 de las 24 estaciones de la capital han rebasado de media los 40 microgramos de NO2 que permite la UE, este año será clave para medir la eficacia de las medidas. Respecto a la amenaza de la sanción, fuentes municipales aseguran que desconocen a cuánto ascendería la multa, ya que no existe ninguna resolución que sirva como precedente. Sin embargo, la Comisión cuenta con una tabla que, conforme al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE, marca las sanciones para este y otros casos hipotéticos. Establece un mínimo de 230 euros al día, que en el caso de España se multiplica por 11.78 (cada Estado tiene asignado una cifra según su capacidad), así como un mínimo global de 6.799 euros. Este expediente sigue abierto mientras el Ayuntamiento de la capital ya ha presentado el borrador del nuevo protocolo contra la contaminación por emisiones de NO2, que vetará la circulación de los casi dos millones de coches que no disponen del distintivo medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). La normativa, que previsiblemente estará vigente después de verano, se basa ahora en este sistema de etiquetas en función del vehículo y entre sus novedades destacan la inclusión de las motos, la introducción de un quinto escenario, su extensión a toda la ciudad y la rebaja de los umbrales máximos de polución permitidos.De España https://ift.tt/2wCU49Q
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