«La Constitución y el Tribunal Constitucional han dejado de ser patrimonio democrático»

El catedrático de Derecho Constitucional de la Pompeu Fabra y consejero del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Marc Carrillo, ha afirmado este pasado martes que actualmente «la Constitución y el Tribunal Constitucional han dejado de ser patrimonio democrático» en Cataluña. En una conferencia pronunciada en la Universidad de Salamanca, bajo el título «El desafío constitucional en Cataluña», Carrillo ha eludido pronunciarse sobre cuestiones políticas y de actualidad, aunque ha insistido en que el proceso independentista se inició «sin la suficiente legitimidad» democrática, en referencia la falta de apoyo social mayoritario a las posiciones secesionista. Ha lamentado que la actual situación sea «igual por no decir peor» a cuando se emprendió el proceso y ha achacado esta realidad a que «no hay indicios racionales de que este problema político pueda ser afrontado con lógica», frente a lo que ha pedido un acuerdo político previo para acometer una reforma constitucional «federalizante» y que «normativice la diferencia» de Cataluña con una disposición adicional similar a la que ampara al País Vasco. Carrillo ha situado como punto de inicio de este camino secesionista la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, ya que supuso una «desactivación del proceso de reforma» del Estatuto de Cataluña que había emprendido el tripartito. Sobre esa sentencia, ha considerado que «había razones» para que el Alto Tribunal emitiera una resolución «de otra naturaleza», para no apartarse de la condición de «referente político y democrático» que la Constitución del 78 había conseguido, y con ella el Tribunal Constitucional, al que se ha referido como «la joya de la corona». «Lamentablemente la Constitución y el TC dejaron de ser ese patrimonio democrático», ha insistido Carrillo, quien ha llamado la atención sobre la paradoja que supone que la Carta Magna y el tribunal que vela por su cumplimiento sean «invocados de forma apologética por los herederos de quienes no la votaron» y ahora se refieren a ella como la «sacrosanta ley del Estado». En su opinión, tanto en Cataluña como en el resto de España la Constitución «corre un riesgo más que latente» de perder legitimidad ante una nueva generación, porque «la realidad que nos rodea» invita a acometer una reforma que «reconduzca la definición de las competencias» entre el Estado y las autonomías y acometa directamente la cuestión catalana. Sobre el diseño de un nuevo marco competencial, Carrillo ha propuesto la supresión de las competencias compartidas, porque son una «fuente inagotable de conflicto», y en cambio ha defendido la virtud de establecer una «lista única de competencias» que delimite de qué parte se encarga el Estado. Esa definición, en su opinión debe avanzar también en el diseño de unas reglas básicas de la financiación de las comunidades autónomas para huir de los «negocios espurios» entre las «mayorías políticas del Estado y algunas comunidades autónomas». En el caso de la disposición adicional específica que ha defendido para Cataluña, ha argumentado que podría encajar con un «esquema igualitario» respecto al resto de autonomías en materia económica, pero debería ofrecer a la Generalitat una «mayor capacidad normativa» en ámbitos como la enseñanza, la cultura, la administración local, sanidad y servicios sociales, con el límite del principio de igualdad entre los ciudadanos.

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