Francisco Correa: el líder de la trama que hizo del PP su «principal y único» negocio

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha sido condenado a 51 años y 11 meses de cárcel por prevaricación, fraude, cohecho activo, falsedad documental, malversación de fondos, blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública cometidos tanto en varios municipios de la Comunidad de Madrid como en Castilla y Léon y la localidad malagueña de Estepona. Se trata de la segunda condena que el organizador del entramado corrupto recibe en menos de un año y medio: en febrero de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le impuso 13 años por la operación urdida para conceder de manera irregular a una de las empresas de la trama varias adjudicaciones de la Generalitat entre 2004 y 2009, cuando el PP gobernaba la Comunidad Valenciana. Entonces ya se le condenó por los delitos de asociación ilícica, cohecho activo y tráfico de influencias. La sentencia de la Audiencia Nacional notificada ayer le sitúa a la cabeza de la trama corrupta. Con el apoyo de los cargos públicos condenados, «sus empresas gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública». El modus operandi era siempre el mismo: inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas para buscar de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público. Esos beneficios se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas o celebraciones. Los magistrados consideran probado que por los hechos juzgados en esta pieza, Correa percibió 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos -indica la Sala- generaron un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado «era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones». Además, Correa ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo. Los jueces establecen en 1996 el inicio de los contactos comerciales de Correa con el PP. Con el paso del tiempo estos acuerdos fructificaron y se intensificaron de tal modo que llegó un punto en el que «la actividad negocial prácticamente principal y única del entramado empresarial» se desarrollaba en torno a este partido. «Correlativa a esta actividad económica, Correa mantenía una estrecha y continua relación personal, incluso de amistad, con altos dirigentes del partido, hasta el punto de dispensársele un trato de preferencia en la sede central de Génova, entrando y saliendo del edificio sin pasar por ninguna clase de control ni escáner, incluso accediendo libremente al parking reservado de dicha sede».

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