El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha criticado que el Gobierno se haya «lavado las manos» y deje la «papa caliente» del alquiler vacacional «a otros». Ese «otros» viene porque la norma deja en manos de municipios turísticos donde el PSOE gobierna, por ejemplo, la ciudad de Las Palmas, Guía de Isora, en Tenerife, la decisión de dejar de operar o no en este mercado. El Gobierno de Canarias, empleando una batería de algoritmos, experiencia de otros destinos turísticos y las proyecciones de la industria del alquiler vacacional a largo plazo, ha elaborado un texto legal que pone en manos de las corporaciones locales e insulares la decisión en cada territorio. El consejero canario de Turismo, Isaac Castellano (CC), ha replicado que no se puede hacer un modelo para todas las islas porque son diferentes. Castellano se defendió este miércoles indicando que esta cuestión afecta a la sociedad civil, no solamente a patronales. Torres, que es vicepresidente de un cabildo que demanda más competencias casi siempre para todo, ahora critica Coalición Canaria haya optado por hacerles caso. Turismo de Fuerteventura (PSOE) tenía datos sobre las previsiones del Gobierno de Canarias así como el Cabildo de La Palma desde hacía meses, según ha podido saber ABC. Sin embargo, Torres ha denunciado la existencia de opacidad autonómica. El alcalde de la ciudad de Las Palmas, Augusto Hidalgo, ha defendido el mercado vacacional pero poniendo énfasis en la prioridad que genera empleo a través del negocio tradicional del turismo. Hidalgo dirige un ayuntamieto que tiene un hotel adjudicado recientemente a Barceló. Miguel Jorge Blanco (PP) - ABC La ponencia marco del PSOE canario El decreto autonómico se ha hecho para rescatar de los tribunales la orden de 2015, cuando los socialistas eran parte del Gobierno de Canarias. La ponencia marco con la que Torres ganó de forma ajustada el control del PSOE canario, dice: «Se ha producido un desplazamiento de las personas que trabajan en los municipios turísticos hacia las afueras, haciéndoles perder calidad de vida y congestionando de tráfico las entradas y salidas de las zonas turísticas. Hay graves riesgos a la sostenibilidad del destino, provocándose graves tensiones sobre el suministro de agua y la depuración de aguas residuales, que han hecho frecuentes los problemas de salubridad en nuestras costas». El dirigente socialista ha lamentado que el Gobierno de Canarias «se enfrente a todos» cuando parte del borrador de decreto lo tenían en su poder, por ejemplo, desde patronales a corporaciones locales con intereses turísticos. «Es propio de un Gobierno que teniendo minoría es incapaz de consensuar», ha manifestado Torres. Sí coincide el PSOE con el Gobierno de Canarias una cosa: buscar una fórmula acordada a un problema que no es fácil de resolver. El PP habla de «disparate» El diputado regional del PP, Miguel Jorge Blanco, ha asegurado esta semana que es «inaudito» que una modalidad turística como es el alquiler vacacional se prohíba en suelo turístico, como se hace en borrador de decreto del Gobierno canario. No es la misma opinión que defiende el ayuntamiento (PP) que controla la zona turística de Maspalomas o Playa del Inglés, que incluso ha encomendado a Gesplan un modelo de ordenación del territorio que blinde las áreas turísticas de las residencialess. Para el diputado del PP, el consejero de Turismo de Canarias, Isacc Castellano (CC), se ha «plegado» a los intereses de las patronales con ese borrador de decreto, con el que, ha añadido, se impide que se desarrolle de manera razonable el sector. Las patronales están en contra de algunos aspectos. Para Miguel Jorge Blanco se deja a los ayuntamientos y cabildos la regulación del alquiler vacacional, con lo que «podrán producirse disparates como que en la acera de la derecha se prohíba y en la de la izquierda se autorice» porque son de distintos ayuntamientos.De España https://ift.tt/2s7uHr7
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