A juicio el misterioso asesinato del alcalde de Polop por negocios

La rutina de un pueblo apacible como Polop de la Marina, de poco más de 4.000 habitantes y con una nutrida colonia de europeos disfrutando del clima mediterráneo a pocos kilómetros de Benidorm, se estremeció hace ahora diez años cuando a su alcalde lo asesinaron a tiros en la puerta de su casa. Un suceso poco habitual en el coqueto municipio encaramado a un cerro, turístico y residencial, y un misterio que en breve se tratará de esclarecer en un juicio con jurado popular que a punto estuvo de no celebrarse, ya que la causa llegó a estar archivada, a falta de pistas y pruebas. Siete sospechosos se van a sentar en el banquillo por esta ejecución más propia de la mafia, urdida con nocturnidad en un ambiente de bajos fondos –un club de alterne– por quien antaño era la mano derecha de la víctima. A Alejandro Ponsoda lo estaban esperando y le dispararon por la ventanilla de su coche tres tiros, uno le impactó en la cabeza y causó su muerte casi una semana después en el hospital. Su sucesor en el cargo y compañero de filas en el PP, Juan Cano, vivió con aparente duelo el funeral, una buena actuación si se confirman las pesquisas que le apuntan como cerebro de la trama. Y fue dos años alcalde hasta su detención por la Guardia Civil. La prueba fundamental es que ofrecieron 35.000 euros por liquidar a Ponsoda a un individuo que rehusó y ahora es el testigo protegido. El entonces concejal, despechado por ser relegado debido a su voracidad urbanística, en una grabación se había delatado tiempo atrás pidiendo dinero a un empresario. Por eso, Cano tenía «inquina» a su alcalde hasta el punto de encargar su muerte, según la Fiscalía, que pide para él y tres empresarios –Salvador Ros (industrial del calzado), Pedro Hermosilla y Ariel Gatto (propietario del club de alterne)– 25 años de cárcel como inductores del crimen. «Alejandro no vale nada más que para ir a misa, no vale para dar un puñetazo en la mesa, no llegará a Navidades», parece que afirmó el político, que luego pasó ocho meses en prisión y que antes de su detención restaba dimensión al caso, cuando solo había dos arrestados y él achacaba cualquier otra hipótesis a «elucubraciones». La juez impuso 334.933 euros de fianza a los siete acusados de asesinato y tenencia ílicita de armas para garantizar las posibles indemnizaciones a la familia del alcalde. Ypara los tres supuestos sicarios –Radim Rakowski, Robert Franek y Raúl Montero Trevejo– la acusación particular ejercida por dos hijas y la exmujer del difunto eleva la condena solicitada al tribunal a 27 años de cárcel.

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