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Miguel Cabrera totalizó tres imparables y tres impulsadas en un duelo en que los Tigres de Detroit remontaron dos veces para cortar una seguidilla de ocho derrotas, al imponerse el sábado 7-5 sobre...Miguel Cabrera totalizó tres imparables y tres impulsadas en un duelo en que los Tigres de Detroit remontaron dos veces para cortar una seguidilla de ocho derrotas, al imponerse el sábado 7-5 sobre los Nacionales de Washington.
Detroit se recuperó de una desventaja de tres anotaciones en el cuarto acto y otra de dos en el séptimo, cuando Niko Goodrum conectó un sencillo que coronó un racimo de tres carreras.
El puertorriqueño Joe Jiménez repartió un par de ponches en el octavo inning, sin aceptar anotación. Shane Greene dio trámite al noveno y se acreditó su 22do salvamento en 23 oportunidades.
Los Tigres ganaron apenas por tercera ocasión en 24 juegos dentro del Comerica Park.
Anthony Rendón pegó tres inatrapables, incluido un jonrón, pero Washington vio cortada una racha de cuatro triunfos consecutivos.
Tanner Rainey (1-3) cargó con la derrota luego de enfrentar a tres bateadores en el séptimo episodio. Dio un par de boletos y aceptó un sencillo.
El dominicano Víctor Alcántara (3-1) se llevó la victoria.
Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto de 3-0 con una anotada, Víctor Robles de 3-1 con una empujada.
Por los Tigres, los venezolanos Cabrera de 5-3 con dos anotadas y tres impulsadas, Harold Castro de 4-2 con dos anotadas. Los dominicanos Jeimer Candelario de 4-2, Ronny Rodríguez de 4-0.
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La austeridad que predicaron los partidos de izquierdas cuando llegaron al Gobierno valenciano en 2015 ya no parece una prioridad cuatro años más tarde. PSPV-PSOE, Compromís y Podemos-Esquerra Unida se encuentran pendientes de cerrar definitivamente la estructura de un nuevo Ejecutivo que dispara el número de altos cargos para dar cabida a todos los repartos de poder de las fuerzas. El aumento aproximado ya roza el 20% a la espera de que se decida el segundo escalón. Tras varias semanas de negociaciones, las tres formaciones cerraban un pacto que incluía la entrada de Podemos por primera vez en el Gobierno conjunto después de que la pasada legislatura diera su apoyo desde fuera. Ximo Puig y Mónica Oltra acababan accediendo a que los morados ostentaran la vicepresidencia segunda con Rubén Martínez Dalmau al frente. El número de consellerias pasaba de diez a doce tras unas arduas negociaciones para un diseño de Ejecutivo en el que los socialistas querían que se reflejara su holgada victoria en las urnas, los nacionalistas que no se evidenciara una imagen de debilidad ante la pérdida de votos y los podemistas que figuraran como sostén indispensable pese a ser la última fuerza en el territorio. Un juego de equilibrios que finalmente se está traduciendo en un incremento también del segundo y el tercer escalón de la Administración. Por el momento, las secretarías autonómicas pasarán de 22 a 29, mientras que las direcciones generales -todavía sin determinar debido a los desacuerdos entre los socios- se prevé que suban de 61 a más de 70. A ello habrá que añadir los puestos de subsecretarías y de asesores. Nóminas El aumento del gasto público en personal, por lo tanto, se notará. Los consellers cobran un salario de 61.131 euros anuales -a lo que se podría sumar algún complemento-. Los secretarios autonómicos perciben 61.117 euros; los subsecretarios 60.581 y los directores generales 58.787. El presupuesto de la Generalitat del próximo año deberá contemplar este aumento en el capítulo de personal, que ya se ha venido incrementanto durante los últimos años. Desde el Gobierno que dirige Ximo Puig se ha justificado en reiteradas ocasiones que el número de altos cargos es importante «para gestionar bien» y que no se ha llegado a la cifra récord que alcanzó Francisco Camps al frente del Consell. Sin embargo, la última etapa del PP, con Alberto Fabra, supuso un importante recorte del sector público. Mientras se aprueba este engrosamiento de la Administración, el Gobierno central ha advertido recientemente al valenciano de «inconsistencias» en la información sobre el gasto farmacéutico. Un aviso para que controle las finanzas o, de lo contrario, poder cortar el grifo del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica).
El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha interpuesto un recurso de casación contra su procesamiento por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración en una pieza separada del caso Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comunicó la decisión a principios de este mes después de volver a tomar declaración a los cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez-, al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa como testigo y a las dos extrabajadoras de Orange Market Isabel Jordán y Mónica Magariños. La pieza, que investiga el amaño de contratos menores a las empresas de la Gürtel, se reabrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción para determinar el grado de participación de Camps en unos hechos que tuvieron lugar entre 2004 y 2009. En el recurso, la defensa del exjefe del Consell critica la actuación del juez y del fiscal, además de negar todas las acusaciones vertidas contra él. En este sentido, censura la «indefensión manifiesta» que considera que sufre y el «lamentable y falaz» contenido del auto de procesamiento. Sobre las afirmaciones de Isabel Jordán, que llegó a asegurar que Campa matenía una estrecha amistad con «El Bigotes», señala que se trata de una «ignorancia deliberada» y que ella dejó de formar parte del grupo Correa en 2007. «La Sra. Jordán no es perito, ni miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, a pesar de que aporta un escrito que mucho se parece al informe de un detective privado», indica en el recurso. Sin indicios de criminalidad La defensa de Camps incide en que no existen indicios racionales de criminalidad como así lo considera el juez y que la vinculación del expresidente de la Generalitat con la financiación ilegal del PP se encuentra «cerrada jurídicamente» tras investigarse durante diez años en varias causas. Expresa, del mismo modo, que no se ha cumplido con el principio de presunción de inocencia al no poder alegar contra las acusaciones y que el caso tiene un evidente sesgo político-mediático al haber estado impulsado por el PSOE. «Carece del sentido de la imparcialidad debida que la instrucción recaiga, sin la debida abstención, a un magistrado que fuera el más alto cargo público-político del Gobierno de España nombrado por el ministro del PSOE, organización que además ejerce acusación en esta causa», apunta. En el recurso, Camps insiste en que no le unía ninguna amistad con Álvaro Pérez y que no intervino en la adjudicación de contratos con la Gürtel, incluyendo el del stand de Fitur.-kLyG--620x349@abc.jpg)
En la misión española contra el yihadismo de Daesh en Irak también se realizan operaciones que van más allá del mero adiestramiento a las tropas iraquíes (principal cometido desde que se iniciara en enero de 2015). Tales «excepciones» pueden ser el acompañamiento a los efectivos iraquíes entrenados por parte de operaciones especiales a una área designada -«siempre en la distancia», nos advierten- o las evacuaciones médicas. A veces, estas operaciones «menos conocidas» incluyen «uso de la fuerza armada» y dan como resultado acciones que no son reveladas a las 24 ó 48 horas. «Reacción ejemplar» Es el caso de lo acontecido en Tarmiyah el 7 de agosto de 2018, ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno tras haber ganado la moción de censura dos meses antes. Casi un año después, el Ministerio de Defensa informa de la concesión a un capitán y dos soldados de tres Cruces del Mérito Militar con distintivo azul (la segunda en importancia tras la roja). «Como consecuencia de un enfrentamiento entre las Fuerzas de Seguridad iraquíes y el Daesh, la unidad de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas españolas que se encontraba realizando una misión con las citadas fuerzas iraquíes, les prestó apoyo, atendió y procuró la evacuación de heridos y cumplió la misión tal y como se había planeado inicialmente», explican a ABC fuentes oficiales del Estado Mayor de la Defensa (EMAD). En la nota distribuida previamente por el Ministerio de Defensa, se reconocía el «uso de la fuerza armada» en la citada localidad de Tarmiyah, situada a 25 kilómetros al norte de Bagdad. «Todos ellos reaccionaron de forma profesional y ejemplar durante su misión de apoyo a las fuerzas iraquíes que adiestran, demostrando su involucramiento y compromiso con ellos, acompañando en todo momento a las unidades con las que día a día trabajan para incrementar su eficiencia profesional», añaden desde el EMAD. Como consecuencia de los actos descritos, se concedió la Cruz del Mérito Militar con distintivo azul al capitán del Ejército de Tierra Disdier Heyns. Como jefe de la unidad de operaciones especiales española desplegada en Tarmiyah ese día «mostró durante toda la operación unas dotes significativas de mando y serenidad en todas las decisiones que tomó y una acertada dirección y empleo de la unidad, serenidad e iniciativa», destacan. Por su parte, el soldado del Ejército de Tierra Juan Carlos López de Ayala Rubio recibió la misma condecoración: «Como guerrillero del equipo 2 de la unidad, durante la operación lideró las dos asistencias médicas en una situación de bajas múltiples, siendo la primera vez en su vida que se enfrentaba a una situación de este tipo. Supo mantener la calma, dirigir la actuación del resto de componentes de la unidad que le auxiliaron y en general mostrando grandes dotes de iniciativa y valor». Asistencia médica El soldado del Ejército del Aire Nicolás Antonio Castillo Rodríguez recibió la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo azul por prestar «una valiosa asistencia médica y un inteligente y eficaz desempeño de sus cometidos específicos como paramédico siendo la primera vez que se enfrentaba a una situación real de este tipo». Sin querer entrar en detalles de cómo fue la operación, desde el Ministerio de Defensa se informa que en aquel día de batalla en Tarmiyah «perdieron la vida 12 miembros de las Fuerzas de Seguridad de Irak y 18 resultaron heridos». No se especifica el número de bajas causadas al Daesh. Tras cuatro años y medio de misión en Irak frente a Daesh, fuentes militares conocedoras de la situación reconocen los avances obvios logrados en todo el territorio pero advierten, de modo muy gráfico: «En cuanto se retiren las tropas occidentales, vuelta a las andadas».
El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, disuadió ayer al barco de bandera española Open Arms de intentar llevar inmigrantes a Italia después de que la capitán de otro buque humanitario similar, el Sea Watch 3, fuera detenida este sábado tras atracar por la fuerza en el puerto de Lampedusa. «Más vale que no se acerquen a Italia, o de lo contrario les espera el mismo trato», advirtió Salvini dirigiéndose expresamente a la ONG española y a otra alemana, que opera con el Alan Kudi, que en abril desembarcó a 60 personas en Malta tras una semana aislado en el mar. El Open Arms es en estos momentos la única nave humanitaria de rescate en el Mediterráneo Central. Hacia aguas internacionales en esta zona se dirigía ayer, según explicó en declaraciones a Efe el fundador de la ONG del mismo nombre, Óscar Camps, que iba de camino al barco para subir a bordo y poder asumir toda la responsabilidad y proteger al capitán en caso de que Roma actúe contra él como ha hecho con la patrona del Sea Watch 3. Como se recordará, el Open Arms permaneció cien días amarrado en Barcelona después de que el Gobierno de Pedro Sánchez le denegara a principios de año la autorización para navegar hasta las costas libias argumentando que no contaba «con los certificados necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino». El barco terminó zarpando, pero sin autorización para adentrarse en zona SAR (siglas de «Search and rescue», búsqueda y rescate en su traducción al español), y se encontraba en Nápoles cuando se ha tomado la decisión de reanudar esas actividades para las que no tienen permiso. «Acto de guerra» De acuerdo con las palabras de Salvini, de intentar llevar inmigrantes a puertos italianos, la ONG Proactiva Open Arms se enfrentaría a lo mismo que espera ahora al Sea Watch 3, a saber: su capitana detenida, la alemana Carola Rackete, podría ser deportada bajo prohibición de entrar en territorio italiano durante cinco años, pero más allá, el barco será incautado y se le impondrá una sanción de 20.000 euros, que podría crecer hasta los 50.000 si no se paga en plazo, puesto que Roma aprobó recientemente un decreto que prohíbe entrar en sus aguas territoriales sin autorización. Para Salvini, la capitán «ha cometido un acto de guerra» contra Italia, en tanto se enfrentó a buques de ese Estado, por lo que además podría ser condenada a 10 años de prisión. Ante ello, el fundador de Proactiva Open Arms insistió ayer en que, para ellos, están «dentro de la ley» y subrayó que obedecer la prohibición que les fue impuesta «no lleva a nada más que a la muerte de personas».
Una de los efectos que tuvo la aplicación del artículo 155 fue el cierre de las delegaciones del gobierno de la Generalitat de Cataluña en el extranjero. El presidente Quim Torra continúa su desafío al Estado reabriendo «embajadas» que sirven para dar cobertura en el exterior del independentismo. Estas son algunas de las que ha reabierto pese a no contar con el preceptivo informe del Ministerio de Exteriores.
En su discurso de investidura (12 de mayo de 2018), el presidente Quim Torra anunció que la prioridad de su gobierno, aparte de lograr el regreso de Carles Puigdemont, era revertir los efectos de la aplicación del artículo 155, una de cuyas medidas más inmediatas, anunciada por el propio presidente Mariano Rajoy aquel fatídico 27 de septiembre de 2017, fue el cierre de la red de «embajadas» catalanas, oficialmente delegaciones del gobierno de la Generalitat en el extranjero. El propósito del Gobierno era apagar el altavoz del secesionismo en el que se habían convertido las delegaciones; la respuesta de la Generalitat, como el propio Torra explicó, continuar con una «política exterior activa que dé voz propia a Cataluña» con objeto de proseguir con la «internacionalización del caso catalán». Poco más de un año después de la investidura, los planes de la Generalitat siguen adelante, y la red de «embajadas» sigue creciendo, armándose una suerte de «foreign affairs» a la catalana, listos para dar cobertura externa a lo que el secesionismo ya anuncia con un «lo volveremos a hacer». Trece embajadores Así, reabriendo las delegaciones cerradas, con los nombramientos más recientes, la «diplomacia catalana» tiene hasta 13 «antenas»: Washington, París, Bruselas (UE), Roma, Londres, Zagreb (Balcanes), Berlín y Ginebra, todas ellas con delegado o «embajador» y sede física. Más otros cinco delegados ya nombrados, aunque aún sin delegación: Lisboa, Riga (países bálticos), Estocolmo (países nórdicos), Viena (Europa central) y Beirut. Finalmente, la pasada semana, la Generalitat anunció la próxima apertura de tres nuevas delegaciones: Túnez, Buenos Aires y México. El gobierno catalán, en su anteproyecto de cuentas para 2019, estima un gasto para Acción Exterior de 44 millones de euros. Junto a las embajadas, la Generalitat cuenta con una tupida red de oficinas comerciales, unas 40, repartidas por todo el mundo. Ante el anuncio de nuevas delegaciones, que como las anteriores se hicieron sin el preceptivo, aunque no vinculante, informe de Exteriores, el Ministerio ha presentado nuevos recursos, y se trabaja para preparar uno más amplio que además de cuestionar el procedimiento estudie también si se respeta al marco competencial y la Constitución.
El problema del momento político que cruza la actualidad es que requiere diagnósticos psiquiátricos. Ninguna otra ciencia puede explicar lo que pasa. Y la lógica, menos que ninguna. Desde que el «no es no» entró en escena, la terquedad se ha convertido en la conducta dominante de los partidos. ¿Y cómo criticarlo? Llevamos décadas denunciando la falta de fiabilidad de la palabra dada en la contienda política. Hemos asumido que los actores de la vida pública son parlanchines sin escrúpulos propensos a decir una cosa y a hacer la contraria sin que se les mueva un solo músculo de la cara. Su habilidad para la mudanza de criterio, el carácter cambiadizo de sus promesas electorales, han llenado de descrédito su reputación. La idea de que las promesas electorales están hechas para ser incumplidas ha hecho fortuna entre una ciudadanía curada de espanto. Hasta hace unos días, todos dábamos por hecho que Rivera mentía cuando afirmaba categóricamente que jamás apoyaría a un gobierno socialista, que Sánchez haría lo que fuera con tal de seguir en La Moncloa, y que Iglesias evitaría a cualquier precio una repetición electoral que amenaza con sepultarle en la irrelevancia. Y, sin embargo, parece que nos equivocábamos. De momento, la hipocresía de Ciudadanos a la hora de renegar del PSOE y la prisa del PSOE por amarrar la investidura se han demostrado falsas. El «no es no» parece haber llegado para quedarse. Para dejar claro que no cambiará de opinión, Rivera ha aguantado inmóvil como un poste la rebelión interna de muchos de los suyos. El viernes les invitó a fundar un nuevo partido. Queda claro que en Ciudadanos se ha producido un cambio de proyecto que altera sus señas de identidad. Nació para erigirse en árbitro de las mayorías de Gobierno. Quería evitar que las minorías independentistas extorsionaran al Estado y que los dos grandes partidos abrazaran políticas regeneracionistas. Pero ahora ya no quiere condicionar al poder, lo que quiere es acapararlo. El partido bisagra se ha trasmutado en partido cucaña. Más que una cuestión de coherencia, detrás de la irreductible actitud de Rivera de no casarse con el PSOE hay un cálculo de ambición personal. Para disputarle a Pablo Casado la jefatura de la oposición -como paso previo a su asalto al poder- la condición indispensable es quedarse en la oposición y demostrar desde su bancada que tiene más musculatura, más reflejos, más discurso y más cuajo que el líder del PP. También hay más cálculo personal que coherencia política en la postura de Sánchez de negarle a Iglesias un asiento en el Consejo de Ministros. Nunca se comprometió a hacer tal cosa y muchos tenemos la impresión de que no lo haría si viera comprometida su continuidad en la presidencia del Gobierno. Es precisamente esa prioridad la que le lleva a mandar a Podemos al cuarto oscuro de los segundos niveles de la Administración. Con podemitas en el banco azul no tendría ninguna posibilidad de poner en práctica la llamada geometría variable, y Sánchez quedaría condenado desde el mismo momento de su investidura a gobernar con populistas e independentistas en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de la legislatura. Al no garantizarle la mayoría absoluta, Iglesias se convierte en un lastre que le condena a vivir atrapado en la estructura mecánica de Frankenstein para siempre. Así las cosas, la única duda que queda por despejar es si la tercera de las obcecaciones que configuran la situación política actual -el «no es no» de Iglesias a apoyar la investidura de Sánchez si no hay carteras ministeriales para él y los suyos- se mantendrá hasta el final. La lógica dice que no. Sobre esa premisa escribí el pincho de tortilla y caña de la semana pasada, aunque ahora no estoy nada seguro de ganar la apuesta. La situación actual, como decía al principio, no requiere diagnósticos lógicos, sino psiquiátricos. ¿Condenará Iglesias a su partido a una repetición electoral suicida por una simple cuestión de despecho? ¿Tanto vale para él su nombramiento ministerial? Pincho de tortilla y caña a que sí. El aire atufa a nuevas elecciones.
En pocas cosas han coincidido recientemente los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. La última que se recuerda es su común oposición a Pedro Sánchez y su indisimulado apoyo a la candidatura de Susana Díaz en las primarias de 2017. El discurso respecto a Cataluña, el discurso respecto a la relación que debe tener el PSOE con Podemos y, especialmente, su opuesto papel en lo concerniente a la crisis en Venezuela son buen ejemplo de sus diferencias. Dos figuras que por su condición de expresidentes son referentes del PSOE, pero con los que se identifican sectores muy diversos. «Es síntoma de nuestra diversidad», defiende un dirigente socialista. O de sus contradicciones. Un partido en el que el bálsamo del poder permite la convivencia de Emiliano García Page o de Francina Armengol. Hace no tanto esas costuras parecían romperse sin remedio. Esas divergencias traspasan el ámbito político. Una persona cercana a uno de los dos exmandatarios describe su relación como «correcta pero no cercana». A raíz de la cuestión venezolana, hace poco más de un año, González daba cuenta de la poca comunicación entre ambos: «Zapatero no ha hablado conmigo ni media hora sobre Venezuela». En esta cuestión González se ha constituido en altavoz y apoyo de la oposición venezolana frente a las tesis pactistas de Zapatero que han pasado por la legitimación de Nicolás Maduro como interlocutor. Diferente consideración en Ferraz Ambos están, además, distanciados del poder central que emana de Ferraz y Moncloa. Aunque con diferente intensidad. La relación con González es prácticamente inexistente. Mientras que con Zapatero sí reconocen desde el entorno de Sánchez que la relación se ha venido corrigiendo. «Lo ha puesto fácil. Cuando se le ha puesto en la disyuntiva de criticarnos ha sido respetuoso», reflexiona un dirigente. De González, en cambio, se tiene otra consideración. Pero pese a que se opine diferente de uno y otro la actual dirección siempre ha querido limitar su influencia. En la reciente campaña electoral Ferraz decidió no contar con ninguno de ellos para reforzar la campaña del candidato: «El Comité Electoral no ha planteado la participación de los expresidentes», dijo hace meses José Luis Ábalos. Desde la nueva dirección socialista, los nuevos equipos que ascendieron a la planta noble de Ferraz tras las primarias de 2017, y muchos de ellos poco más de un año después a la Moncloa, se reivindica autonomía para la nueva generación. «El PSOE de los barones y en el que todos se ponían firmes con las palabras de Felipe González se ha terminado», zanja un miembro de la dirección federal. Algo se rompió en aquellas primarias entre las bases, de cuyo criterio se consideran depositarios en la nueva cúpula, y los dirigentes históricos. Se rompió y no ha vuelto a subsanarse. González y Zapatero tienen discursos con distinto tono sobre Cataluña. Recientemente Zapatero ha planteado en una entrevista que los independentistas tienen que cambiar «pero el Estado también», abogando por llegar a un punto de encuentro. González llegó a plantear haber aplicado el 155 en 2014. Respecto a la investidura de Sánchez, González parece más partidario de la colaboración de PP y Cs, a los que esta semana recomendó mandar «al rincón de pensar». Mientras que Zapatero se mostró recientemente convencido de que Sánchez alcanzará un acuerdo con Podemos y pidió al independentismo «hacer una reflexión» y «facilitar sin más» la investidura, Esta consideración nace del diferente discurso que ambos han tenido sobre Podemos. También sobre el que Pablo Iglesias ha tenido sobre ellos. El líder populista ha hecho de González foco de sus críticas mientras que a Zapatero lo ha considerado «el mejor presidente de la democracia».
Pese a la debacle del Partido Popular en las últimas elecciones, gracias a los pactos con Ciudadanos, los de Casado han conseguido gobernar al doble de personas en capitales de provincia y autonomía que el ganador mayoritario de los comicios, el PSOE. Los populares han logrado esto gracias a que han recuperado Madrid, que representa la mitad de los ciudadanos que serán gobernados por el PP, junto con ciudades más pobladas como Córdoba u Oviedo. Con las elecciones de mayo los socialistas han conseguido 20 capitales de provincia, frente a las 16 que tenían, en las que gobernarán mediante pactos o en solitario. El PSOE compartirá con Ciudadanos dos ayuntamientos: Albacete y Ciudad Real, gobernando dos años cada uno. Los de Sánchez pierden tres ayuntamientos ante el PP (Alicante, Oviedo y Córdoba) y otros dos ante ERC (Tarragona y Lérida), pero consiguen conquistar siete consistorios a los populares (Burgos, Albacete, Logroño, Jaén, Cáceres, Guadalajara y Cuenca) y arrebatar a Coalición Canaria Santa Cruz de Tenerife y a Compostela Aberta, Santiago de Compostela. Los socialistas se mantienen en Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Castellón, Huelva, Lugo, Toledo, Mérida, Huesca, Soria y Ciudad Real. En cuanto a la población, de las 22 capitales (incluyendo las que comparte con Cs), el PSOE gobierna 3.901.406 personas, cifra ligeramente mayor que en 2015, y aunque está presente en seis ciudades más que en 2015, el 26-M perdió ciudades muy pobladas. Recupera Madrid Para los populares recuperar la alcaldía de Madrid ha salvado su desastre electoral, gracias al pacto con Ciudadanos; pero han perdido diez ciudades, y en Badajoz compartirán la alcaldía con Ciudadanos. El PP arrebata cinco ayuntamientos: el de Madrid, a Más Madrid; el de Zaragoza, a Zaragoza en Común; y los de Oviedo, Alicante y Córdoba, al PSOE. Pero por otro lado pierde nueve ciudades: seis (Burgos, Logroño, Jaén, Cáceres, Guadalajara y Cuenca) frente al PSOE; dos (Albacete y Ciudad Real) frente a Cs y socialistas; Ávila por la escisión de los populares Por Ávila (XAV); y Melilla ante la formación naranja. En esta última ciudad, el único concejal de Rivera fue votado por socialistas y su escisión musulmana CPM (Coalición Por Melilla). El PP gobernará en 12 ayuntamientos (Madrid, Málaga, Murcia, Alicante, Córdoba, Oviedo, Almería, Santander, Zaragoza, Salamanca, Ceuta y Teruel), nueve menos que en 2015. La población que gobernará durante esta legislatura casi duplica a la que gobernarán los socialistas. Sin contar Badajoz la cifra asciende a 6.419.435. La razón principal es que los populares controlan ahora ciudades más pobladas, como Madrid, que supone la mitad de la cifra. En comparación con las elecciones locales anteriores, el PP duplica la población gobernada. Estreno de Ciudadanos La formación de Rivera se estrena por primera vez con tres ayuntamientos: Granada, Melilla y Palencia. En Granada y Palencia Cs gobernarán gracias al apoyo de PP y Vox y en Melilla por el voto de PSOE y CPM. Ciudadanos también gobernará durante dos años en otros tres ayuntamientos: dos con socialistas (Albacete y Ciudad Real) y el tercero con el Partido Popular en Badajoz. La población gobernada por Ciudadanos pasa de cero a 795.544. Formaciones locales han perdido varios consistorios, como es el caso de Zaragoza en Común, Más Madrid, Compostela Aberta, Marea Atlántica –que pierde La Coruña–, Coalición Canaria –pierde Santa Cruz de Tenerife– y EH Bildu –que deja de gobernar Pamplona–. Por otro lado, el PNV mantiene las tres capitales de provincia vascas, que ya controlaban en 2015. De las confluencias de Podemos, en Barcelona Colau se mantiene como alcaldesa, y en Cádiz, José María González, «Kichi», ha vuelto a salir como alcalde de la localidad. En Valencia, Compromís se mantiene en el ayuntamiento; Izquierda Unida arrasa en Zamora con mayoría absoluta; y en Galicia, BNG se mantiene en Pontevedra, y Democracia Ourensana arrebata al PP el Consistorio. En Cataluña, JxCat mantiene Gerona, y Lérida y Tarragona estarán gobernados por ERC. Los independentistas republicanos vuelven a tener capitales de provincia y estos cuatro años gobernarán a 270.155 ciudadanos. Dos ciudades todavía no tienen alcalde. Se trata de León y Segovia, donde se han impugnado los resultados electorales, por el recuento de votos. El próximo 5 de julio se celebrarán los plenos donde se elegirá al que durante los próximos cuatro años será el alcalde.
