Tras su primer concierto en Inverfest, celebrado anoche, Marwán se prepara para culminar su doblete en el Circo Price con otro recital que tendrá lugar mañana (19 horas, desde 20 euros), y que también podrá seguirse por streaming de pago, a mitad de precio. El cantautor, que tuvo que aplazar estas fechas por Filomena , canta por fin a su público madrileño las canciones de «El viejo Boxeador», un disco publicado en septiembre, grabado y producido en Sheffield por Colin Elliot (productor de artistas de la talla de Richard Hawley o Kylie Minogue), con algunas canciones coescritas con Luis Ramiro, íntimo amigo y «sospechoso habitual» en sus procesos creativos. —¿Qué tal hacer un doblete en Inverfest? Es más de lo que muchos... Ver MásDe España https://ift.tt/3tfiK1q
En la última década, el éxito de las redes sociales no ha pasado inadvertido a los delincuentes, seducidos, como el resto de los mortales, por «likes» y «followers». Las bandas latinas se retaban entre ellas en YouTube; los grafiteros grababan sus hazañas en autobuses y vagones de tren para luego colgarlas en foros de internet. Pero las plataformas evolucionan. El ocaso de una precede al auge de la siguiente, mientras las fechorías siguen teniendo seguidores. Las reinas, hoy: TikTok y la más veterana Instagram. Un trabajador de una empresa de alquiler de coches aprovechaba hasta hace poco su tirón para obtener publicidad. Con una mano al volante y otra sujetando su móvil, el hombre se grababa conduciendo deportivos de alta... 
Han pasado ya casi 300 años desde que el restaurante más antiguo de Madrid y del mundo, Casa Botín (1725), abriera sus puertas. Como él, otros once establecimientos de la capital superan una centuria de vida. Han atravesado siglos convulsos, pero aspiran a que el capítulo de la crisis del Covid-19 se convierta en uno más que puedan contar, como hasta ahora, desde el otro lado de la barra. Como al resto del gremio, cada jornada que pasa mientras la curva de contagios sigue en ascenso es un reto que cada vez se torna más difícil. «Facturamos menos del 20%, algunos de los restaurantes están en grave peligro. Esto se está alargando más de lo que teníamos previsto de una... 
El lunes 25 de enero, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), y su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), celebraban un acto conjunto para anunciar sus presupuestos para 2021. De las cifras no se supo nada; no dieron ninguna. «El gran acontecimiento planetario que anunciaron fue que se habían puesto de acuerdo Ayuso y Aguado», ironizó Rocío Monasterio. La líder de Vox tiene en su mano la llave para aprobar (o no) los presupuestos: sus votos son imprescindibles a PP y Cs para sacar adelante las cuentas públicas. Pero, para ello, tendrán que cumplir con sus condiciones. Vox ha apuntado las líneas generales de por dónde quiere que se meta la tijera. Pero sin detalles: no concretará, asegura Monasterio, hasta que tenga... 
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) amplió el pasado año su brecha de tráfico respecto al puerto de Barcelona en plena ofensiva de formaciones independentistas como ERC para frenar sus planes de expansión. Los enclaves de Valencia, Sagunto y Gandía resistieron el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus y cerraron el ejercicio con un movimiento de 80,6 millones de toneladas. Un volumen de tráfico similar al de 2019 que constrasta con el descenso del 8,65 por ciento del conjunto de instalaciones de Puertos del Estado y del doce por ciento en el caso de Barcelona. De esa forma, según los datos proporcionados por el Ministerio de Transportes, el tráfico de la Autoridad Portuaria de Valencia supera en más de veintiún millones de toneladas al de Barcelona, su histórico competidor en el arco mediterráneo español. La Autoridad Portuaria de Valencia pretende apuntalar con el proyecto su liderazgo en España en cuanto a tráfico de contenedores En este contexto, y mientras el puerto de Barcelona ejecuta la ampliación de su principal terminal, Esquerra Republicana de Catalunya trata de frenar los planes de crecimiento de la Autoridad Portuaria de Valencia. La formación independentista no cuenta con representación parlamentaria en la Comunidad Valenciana, donde en las últimas elecciones generales obtuvo el 0,23 por ciento de los votos a través de las siglas de ERPV. Sin embargo, el grupo de ERC en el Congreso ha tramitado en los últimos meses iniciativas en las que reclama al Ministerio de Fomento, dirigido por el socialista y valenciano José Luis Ábalos, la «suspensión cautelar» del proyecto para la construcción de una nueva terminal de contenedores de la Autoridad Portuaria de Valencia. La formación separatista reclama un nuevo estudio de impacto ambiental, entre otros argumentos para frenar el proyecto. Los diputados de ERC también piden paralizar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de la capital del Turia. Generación de empleo y riqueza Un estudio liderado por el catedrático de Puertos y Costas Vicent Esteban calculca que la nueva terminal de Valencia genería las creación de 6.000 puestos de trabajo y una riqueza de seiscientos millones de euros en términos de Valor Añadido Bruto (VAB). La Autoridad Portuaria de Valencia pretende apuntalar con el proyecto su liderazgo en España en cuanto a tráfico de contenedores, que el pasado año se elevó hasta los 5,4 millones frente a los 5,1 de Algeciras o los 2,9 de Barcelona. Al respecto, desde las filas del PP y de Ciudadanos se denuncia que «hartos y cansados de las intromisiones de los independentistas catalanes, que quieren que el puerto de Valencia no supere al de Barcelona». Para los partidos de la oposición en la capital del Turia las iniciativas parlamentarias de ERC suponen una «injerencia que demuestra que el debate no es medioambientalista, ni de sostenibilidad, es un asunto de productividad, de competitividad y de crecimiento de las exportaciones y, por tanto, del desarrollo de nuestras empresas y nuestro PIB». La formación independentista también ha formulado recientemente una nueva batería de preguntas al Gobierno con motivo de la licitación de un nuevo estudio del trazado ferroviario entre Sagunto y Teruel, una pequeña parte del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que posibilitaría el transporte de mercancías de Aragón al puerto valenciano en detrimento del de Barcelona. Al respecto, la federación comarcal de ERPV advierte de que sigue «vigilando para que la afección de los espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 no sea malograda por este nuevo proyecto».
«Fue una iniciativa de la Redacción del periódico. ETA actuaba todas las semanas, nos pedían ayuda. Se propuso que se abriese una suscripción pública y a mí me pareció muy bien... siempre es algo delicado, sobre todo si no llega el dinero. Pero llegó de todos los sitios de España. En pequeñas, medianas y grandes cantidades, fue un éxito». Luis María Anson, director de ABC de 1983 a 1997, recuerda así la campaña de donaciones gracias a la que este diario recaudó en tres meses 500 millones de pesetas para contribuir a los fines de la AVT «en favor de los guardias civiles, policías, ertzainas, familiares de todos ellos y ciudadanos que padecen las consecuencias de acciones terroristas». Se ayudó –subraya Anson– a poner en marcha una organización que «ha sido extraordinariamente útil, no solo por la ayuda a las víctimas, sino porque ha mantenido frente a todas las indecencias que se están cometiendo en relación a ETA, empezando por apoyo del Gobierno en Bildu, la dignidad de que no se puede pactar con los que están manchados de sangre». La suscripción fue la portada del diario del 20 de septiembre de 1991. El Gobierno socialista de Felipe González, con Matilde Fernández como titular de Asuntos Sociales, había negado a la AVT una ayuda de 40 millones por considerar que su tarea no era de «interés general». En páginas interiores, se daba cuenta de un debate parlamentario cruel durante el que la ministra reprochó que para reclamar ayudas, la asociación no tenía más que «argumentos emotivos» a falta de otros «reales». ABC documentó que el Ejecutivo sí destinaba «dinero de todos los españoles» a colectivos como la «Asociación Catalana de Brigadistas a Nicaragua» o causas como «Texto rural bilingüe intercultural Quechua-Castellano». Y así hasta 129 cuestiones sociales, que recibían de media 66 millones al año. Para reunir los ingresos, ABC abrió una cuenta, que se estrenó con un millón aportado por su presidente, Guillermo Luca de Tena. «Era un hombre muy excepcional», rememora Anson, que se comprometió a publicar la lista de donantes y a contestarles personalmente por escrito. «La sociedad española se volcó, yo dedicaba una hora todos los días a firmar cartas de agradecimiento a cada uno, aunque hubiese donado cien pesetas... fue muy emocionante». La sensibilidad social e institucional hacia la AVT se disparó. La Audiencia Nacional «abofeteó» –diría este periódico– a Matilde Fernández dos años después obligando a su Ministerio a dotar de fondos públicos a las víctimas.
Cuando el 4 de febrero de 1981 se constituyó la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ETA venía de descerrajar en la boca de una España acobardada el peor de los años de plomo, con días de dos y hasta de tres atentados, taxistas ametrallados, sepultureros ametrallados, niños reventados por bombas, jubilados abatidos a tiros cuando estaban echando la lotería. Por no hablar de la matanza a pares de soldados, policías y guardias civiles. Ejecutaban a quemarropa también la ultraderecha y la ultraizquierda, los Grapo. Se atribuye a Jaime Mayor Oreja, entonces secretario general de la UCD en Guipúzcoa, la expresión de la impotencia. «Nos están cazando como conejos», dicen que dijo. Era el clima del miedo, la violencia en cualquier... 
En el imaginario colectivo y a falta de definición reglamentada, una comisión de investigación parlamentaria es un órgano de apoyo al Legislativo para esclarecer asuntos «de interés público» -eso sí figura en las normas-, depurar responsabilidades políticas y proponer mejoras. Suena a herramienta esencial. Sin embargo, un repaso a las diecinueve comisiones de este tipo celebradas desde la constitución de las Cortes baja el listón. Investigaciones inconclusas, parciales o superficiales casan más con una batalla política que con la búsqueda de la verdad. En algunas, ya de planteamiento: desarrollar una investigación paralela a una causa judicial resta eficacia. Los imputados no tienen por qué contestar y los testigos deben reserva al sumario. En otras, la falta de colaboración de las instituciones impide el acceso a documentos esenciales. Y a veces, quien debe mover ficha, no lo hace. En el pleno que aprobó en 1994 el dictamen sobre los fondos reservados saqueados por Luis Roldán se escuchó esta frase: «Que el Ministerio de Justicia e Interior recoja el guante». Vera y el caso Roldán Esa es una de las comisiones que cumplió su función, aunque nunca llueve a gusto de todos. No se reprobó al Gobierno del PSOE ni al entonces secretario de Estado Rafael Vera, pero sí a Roldán. Las conclusiones evidenciaron fallas en el sistema y tuvieron su plasmación en las leyes. Un año después, se aprobó la regulación de los fondos reservados. Esa, por cierto, que con los años se ha vuelto laxa, a la luz de los hallazgos judiciales de la Operación Kitchen y de la que se hablará en la nueva comisión sobre el tema. La política y el 11 de marzo Una de las comisiones de investigación más sonadas de la historia fue la relativa a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Los trabajos se iniciaron en mayo, con las pesquisas aún en marcha y se prolongaron hasta junio de 2005. Sólo salió adelante por unanimidad la propuesta de medidas, más de un centenar sobre víctimas y prevención de atentados. El presidente del tribunal que condenó a los autores, Javier Gómez Bermúdez, cuenta a ABC que la comisión «nació muerta, porque buscaba responsabilidad política y no la hay». Cree que, en ese sentido, no aportó más que «teorías de la conspiración» porque fue la Justicia quien esclareció los hechos. Eso sí, se actualizaron los controles sobre explosivos y nació el centro coordinador antiterrorismo. Cabe preguntarse si al margen de la comisión habría ocurrido. El dictamen concluyó que Aznar mintió, pero para entonces, gobernaba ya el PSOE. Las víctimas del Alvia La comisión sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 estuvo trabajando desde abril de 2018 a febrero de 2019 y se cerró con el fin de la legislatura sin conclusiones. No se ha retomado. En la Plataforma Víctimas Alvia 04155 cuentan a ABC que se sintieron «utilizados» y «ninguneados» incluso al apuntar que sus señorías partían de una pericial denostada en la UE. Fueron bandera hasta que dejaron de serla. Gürtel, el cerco al PP En mayo de 2017 se constituyó una comisión cuyo objetivo era esclarecer la presunta financiación irregular del PP en la trama Gürtel. La legislatura terminó sin que presentase conclusiones, aunque el PSOE y Cs sí redactaron las suyas. Fue una sentencia judicial, y no la comisión, la que precipitó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Los populares, en respuesta al «acoso» en el Congreso, utilizaron su mayoría absoluta en el Senado para investigar, sin consecuencia, al resto de partidos. Rajoy nunca llegó a declarar en la del Congreso y el expresidente de Cs, Albert Rivera, acusó al PSOE de no llamarlo a cambio de que el PP mantuviese inactiva la comisión de investigación de la tesis de Pedro Sánchez en el Senado, que nunca llegó a arrancar. La crisis del 2008 A la par que la de Gürtel, se creó una comisión sobre la crisis financiera de 2008, que sí finalizó. ABC ha hablado con tres diputados que formaron parte, Fernando Navarro y Francisco de la Torre (Cs), y Joan Capdevilla (ERC). Coinciden en que fue arduo, pero dudan que tuviese efecto. Se reprobó al Banco de España y se criticaron regulaciones de PP y PSOE. «No he visto reformas relevantes, y en los casos en que hay alguna coincidencia menor, temo que se hubiese hecho igualmente aunque la comisión no lo hubiese propuesto», señala De la Torre. Entre los diputados con asiento había dos actuales ministros: Alberto Garzón y Yolanda Díaz. Coinciden con Gómez Bermúdez en que las comisiones sirven, aunque sea colateralmente. «El problema es que se use políticamente cuando lo que tendrían que hacer es trabajar calladamente», apunta el exjuez. Las reglas del juego ¿Quiénes la solicitan? El Gobierno, la Mesa, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de la Cámara pueden solicitar la creación de una comisión de investigación. La Mesa la califica y debe ser aprobada definitivamente en el pleno. Comparecientes Las comisiones de investigación pueden llamar a cualquier persona para ser oída. Al contrario que en un juicio, los comparecientes tienen la obligación de decir la verdad. No obstante, pueden guardar silencio y no responder para no perjudicar a su defensa en procesos judiciales abiertos. Las conclusiones Las conclusiones se plasman en un dictamen que después es debatido en el pleno. No son vinculantes para los tribunales ni afectan a resoluciones judiciales. Sí se pueden trasladar a la Fiscalía para que decida si toma acciones. ¿Secretas? Las comparecencias pueden ser secretas si lo acuerda la mayoría de la comisión o si su objeto guarda relación con materias declaradas reservadas o secretas o con una actuación judicial bajo secreto de sumario.
El coronavirus lo ha cambiado todo, también la repatriación de presos españoles desde cárceles extranjeras, que en 2020 se redujo en un 66 por ciento en comparación con el 2019. Según los datos que maneja el Ministerio de Justicia, y que después proporciona al departamento de Interior, en 2020 se realizaron 25 repatriaciones de este tipo. El dato es muy inferior al de los años precedentes: en 2019 hubo 75, 121 en 2018, 174 en el 2017 o 191 en 2016. La explicación no es demasiado difícil de encontrar. Después de preguntar a varios de los actores involucrados en estos procedimientos, que ya de por sí son complicados, todos coinciden en que la crisis sanitaria ha tenido una incidencia capital. Hay dos factores relacionados directamente con la pandemia en los que coinciden tanto el Ministerio de Exteriores como la Fundación Abogacía Española, que juegan un papel decisivo en estas repatriaciones. Destacan que se haya comprometido la libertad de movimiento en todo el mundo y las dificultades que tuvieron, especialmente durante el inicio de la crisis sanitaria, los distintos centros penitenciarios para evitar que el virus entrara y posteriormente se expandiera entre los reclusos. Suspensión de vuelos «Las medidas restrictivas adoptadas por todos los países para contener la pandemia del Covid-19 han tenido un impacto claro en los operativos de traslado de detenidos, tanto individuales como colectivos», reconocen fuentes oficiales de Exteriores, quienes destacan la incidencia del cierre de aeropuertos: «Las suspensiones de vuelos han provocado retrasos en los operativos previstos, que van siendo retomados conforme las circunstancias lo permiten». Desde el gabinete que dirige Arancha González Laya también destacan que, pese a las dificultades propias de la pandemia, las oficinas consulares «han permanecido en todo caso pendientes de estos operativos y han realizado todas las gestiones y comunicaciones con las autoridades locales y españolas con vistas a acelerar, en la medida de lo posible, los traslados de detenidos». La labor de los consulados es especialmente relevante. Al ser las instituciones que están desplegadas sobre el terreno, son las que mejor información manejan sobre la situación de los españoles allí encarcelados y liberados. Desde la Fundación Abogacía Española, estiman que al cierre del ejercicio pasado había unos 872 españoles en cárceles extranjeras, de los que el 59 por ciento estaba privado de libertad por tráfico de drogas, la causa mayoritaria. No obstante, fuentes oficiales de la Fundación recalcan que es muy difícil conseguir cualquier retorno. Para que llegue a buen puerto, hay que tener constancia de que hay un español en esta situación, que los Gobiernos de los países afectados aprueben el traslado y que el delito exista en el Código Penal de los dos territorios. Es un proceso larguísimo «No merece la pena» «No merece la pena». Así de claro lo tiene, al ser preguntado por si volvería a ser una «mula», una persona que sabe lo que es dormir años en dos cárceles extranjeras por este motivo. La última vez que fue arrestado tuvo la mala idea de intentar pasar un control policial en un aeropuerto de Perú con una maleta cargada con casi ocho kilos de cocaína. Prefiere no dar su verdadero nombre, así que le llamaremos Benito. Este año, pese a todas las dificultades, ha conseguido ser repatriado y lo hizo sólo un mes después de cumplir su pena. De no haberlo logrado, se habría quedado en Perú en una situación casi peor: sin dinero, fuera de su país y con un pasado en la cárcel. Además, cogió el coronavirus. «Pensaba que no nos iban a dejar entrar en España. Tuve suerte de que en la prueba que nos hicieron en la embajada di negativo y pude hacer el viaje», resume este hombre, que todavía se acuerda de cuándo le cazaron -«creo que fue el 28 de agosto», dice- y también lo mal que lo pasó cumpliendo condena fuera de España. «No volveré a hacerlo» «Primero estuve 15 días en una especie de calabozo. Después, otros tres en otro, pero más pequeño. Apenas tenía metro y medio por metro y medio. Por último me llevaron a la cárcel de Sarita Colonia y ahí empezó la guerra psicológica», detalla Benito, quien revela que nada más entrar a dicho penal tuvo que pagar 1.500 soles peruanos. Una vez «instalado» en el adverso ecosistema que es una cárcel peruana, este hombre intentó adaptarse como pudo. «Siempre me porté bien, intentaba hacer cosas para mantener la cabeza ocupada», rememora. Como consecuencia de su mala decisión vivió encerrado la muerte de su madre y de una hermana. «Fue muy duro, siempre las tuve a las dos en la cabeza», reconoce. Ahora, desde un punto perdido de Madrid, Benito sólo piensa en recobrar una vida como la de cualquier persona. «La verdad es que no creo que vuelva a hacer esto nunca más. Ahora tengo unos contactos, buena gente, que me quieren apoyar un poco con unos negocios. Todo legal eh. Pero todavía estoy a la espera de ver si me dicen cuándo empezamos», asegura este hombre que, pese a sus dos tropiezos, pìde una nueva oportunidad: «No he sido una buena persona, pero tampoco tan mala. Siempre he intentado ayudar a los que me rodean». La importancia de la concienciación La Fundación Abogacía Española ha preparado, en estos momentos tan complicados para las repatriaciones, una página web especial en la que se puede ver el cortometraje Mula, creado para intentar concienciar sobre los riesgos que supone para cualquiera aventurarse a caer en manos de las mafias e intentar regresar a España con droga desde otros países. El documental relata las historias de varias personas que, en una situación complicada, cayeron en manos de las redes del narcotráfico. Después de prestarse a ser «mulas» para transportar droga, les pillaron y tuvieron que pagar sus penas en cárceles extranjeras.
Me cuentan espías paraguayos de solvencia acreditada que en el Consejo de Ministros de hace un par de semanas pasaron algunas cosas insólitas. En plena discusión sobre las pensiones, durante el forcejeo con el ministro Escrivá, Yolanda Díaz se levantó de su asiento con cajas destempladas y abandonó la reunión dando un sonoro portazo. Supongo que los gestos, por airados que sean, no forman parte —estricto sensu— de las deliberaciones del Consejo y quedan exentos de la promesa de guardar secreto que formalizan solemnemente los miembros del gabinete cuando toman posesión de sus cargos. Así que la anécdota no forma parte de ningún tráfico de información ilegal. Aunque la verdad es que tampoco añade gran cosa desde el punto de... 
La pandemia no ha interrumpido el proceso de renovación territorial que puso en marcha el PP el año pasado para afianzar el proyecto de Pablo Casado en toda España, y que empezó por abajo, por las provincias. «Ahí está el auténtico poder orgánico del partido en cada comunidad», advierten fuentes populares. Hasta el próximo verano se celebrarán los casi 40 congresos provinciales que siguen pendientes, en muchos casos de forma telemática. Génova medirá sus fuerzas en los territorios, desde las bases hasta las direcciones regionales, en un proceso que se alargará todavía hasta el verano de 2022, cuando previsiblemente culmine todo en el congreso nacional para la reelección de Pablo Casado. Fuentes de la dirección nacional aseguraron a ABC que su... 
El nombramiento de Miquel Iceta para dirigir la política territorial del Gobierno ha puesto en guardia a los presidentes autonómicos, incluidos algunos del PSOE, que recelan del gen plurinacional y federalizante del ministro del PSC. Temen que su marcado perfil catalanista fomente –aún más– la asimetría del Estado en una próxima revisión del modelo territorial, a la que se compromete Pedro Sánchez en el enésimo intento por neutralizar el sarampión separatista. Los barones del PP le reconocen su talante dialogante pero no se fían. «Es como poner a un negacionista al frente de la lucha contra la pandemia», traduce el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien esboza el rechazo mayoritario a una futura reforma del modelo territorial para, básicamente, contentar...