Epix renueva 'Pennyworth' por una segunda temporada

RENOVACIÓN
La renovación llega un mes después de la emisión en la cadena de cable premium del último episodio de su primera temporada.

Epix renueva 'Pennyworth' por una segunda temporada

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Pilar de Lara «abandonó los más elementales deberes» como juez, según el CGPJ

El pasado 26 de septiembre, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ratificó por unanimidad la sanción de siete meses y un día impuesta por la Comisión Disciplinaria a la juez de Lugo Pilar de Lara, en virtud de una falta muy grave una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales. Los miembros del Pleno respaldaron la propuesta de resolución elevada por la vocal ponente, Mar Cabrejas, y que desestimaba el recurso de alzada contra esta sanción planteado por Agustín Azparren, el abogado de la juez. ABC ha accedido a esta resolución en la que, entre otras afirmaciones, se sostiene que Pilar de Lara incurrió en «abandono de los más elementales deberes que deben presidir el desarrollo de la instrucción penal». Esta resolución, que fue comunicada a comienzos de mes a la interesada, da respuesta en sus más de cien folios al recurso de alzada presentado por Azparren, y en el que se acusaba a la Disciplinaria de desvío de poder, vulneración del principio de proporcionalidad en la sanción e incluso se insinuaba la politización del órgano de gobierno de los jueces en España en el marco de una hipotética vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una apelación «impertinente y extravagante», a ojos de la ponente. Una a una, la resolución aprobada desmonta estas acusaciones y considera que las irregularidades constatadas en el Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo «justifican la estimación de falta muy grave que ha sido sancionada», y ponen de manifiesto «un método de instrucción no ya alejado del estándar sino completamente al margen de una atención y control al que está obligado el juez de instrucción». Sacrificios innecesarios Frente a la reiterada alegación de su defensa de que Pilar de Lara es una juez entregada a su trabajo, con maratonianas jornadas en el juzgado y que incluso prescinde de periodos vacacionales —«es un hecho público y notorio en Lugo»—, la resolución replica que a un instructor no se le exigen «sacrificios ni un trabajo extenuante, sino simplemente una dedicación regular y adecuada». Igualmente, se desmonta la acusación de que se cruza la línea roja de invadir la esfera jurisdiccional de un magistrado. «Lo que se sanciona no es el desacierto del contenido jurisdiccional de lo que fuere acordado en las diligencias afectadas, sino las disfunciones señaladas» extensamente a lo largo de casi noventa casos concretos por la Disciplinaria en las principales macrocausas que instruye la juez, como «Pokemon» o «Carioca». De esta última, Azparren afirma que es «una de las causas más voluminosas de la historia judicial española», con 272 tomos y unos 130.000 folios, «muy por encima del sumario del 11-M». Diez años después de iniciar su instrucción, el pasado marzo se cerró su pieza principal con solo cinco investigados camino del banquillo para ser juzgados. «Lo que se sanciona no es el desacierto del contenido jurisdiccional, sino las disfunciones» señaladas y expuestas en casi noventa casos concretos Según la resolución, se aprecian en cada una de las causas que tramitaba la magistrada disfunciones tales como «paralizaciones o largos períodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción, ausencia de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables», otras «que fueron consideradas por la Audiencia Provincial prospectivas y por ello inadecuadas, recopilación ingente de documentos, desorden cronológico en la formación de autos (...) y falta de exigencia al personal del juzgado del oportuno cumplimiento de sus obligaciones». Esta última parte responde a uno de los argumentos esgrimidos por Azparren, que derivó la responsabilidad de los retrasos en «la insuficiencia de medios» y «la escasa formación y aptitud para el trabajo de algunos de los funcionarios» de su juzgado, entre los que «solo hay cuatro con experiencia y buena disposición para el trabajo». «Lo que menos puede imaginar un juez es que el secretario almacene atestados sin dar cuenta, ni unirlos al procedimiento, exhortos sin tramitar encima de su mesa, traspapele informes y documentación necesaria para periciales (...) a menos que se pretenda exigir también a los jueces que se dediquen a controlar lo que hay en los cajones» de sus subordinados. La resolución del Pleno es contundente en su réplica y apela «al deber de atención y control que pesa sobre un juez de instrucción sobre causas penales, ya sea con personas en prisión o no (...) preservando unas tareas de atención, supervisión, cuidado y control permanente». Desviación de poder «Es evidente que la finalidad del presente expediente es apartar a la magistrada del Juzgado de Instrucción de Lugo», sostiene con rotundidad la defensa de De Lara, y a ello atribuye la sanción de siete meses y un día que provocará la pérdida de su plaza y su traslado a otro juzgado. Esta supuesta intencionalidad quedaría demostrada, a juicio de Azparren, en «una serie de irregularidades» en los informes de la inspección que dieron pie a la incoación del expediente por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria, llegando a acusar a este servicio de inventarse trámites para rectificar errores en los documentos relativos al Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo. El Consejo afeó a la defensa de De Lara que empleara «de forma muy ligera» la acusación de «desviación de poder» para que la juez perdiera su plaza en Lugo «Se abrió un expediente de seguimiento en 2015 que nunca existió como tal, pues ningún seguimiento se hizo al estar el expediente sin actividad durante más de dos años», afirma Azparren. Si eso fue así «es porque la magistrada sancionada incumplió el deber impuesto por la Inspección de emitir informes mensuales, lo que sólo hizo desde abril de 2007», le puntualiza la ponente Cabrejas, quien reprocha además a Azparren que haya acudido «de forma muy ligera a la técnica de la desviación de poder, prácticamente a su mera invocación desprovista de elementos de juicio». El abogado invoca también una supuesta indefensión de la juez, al negársele por parte del Promotor las testificales de inspectores y personal de diversos juzgados que tenían previsto hablar del buen hacer de Pilar de Lara al frente de Instrucción nº1. «El parecer de los inspectores ya quedó reflejado en los correspondientes informes», contesta la resolución, y el resto de testimonios, por favorables que fueran «no disminuiría la incontestable elocuencia» del «estado y evolución de todas y cada una de las causas» asumidas por la juez en el periodo temporal evaluado. «Los medios de prueba solicitados no son útiles para rebatir la realidad que reflejan los hechos probados», insiste. Sanción proporcionada «Sorprende esta petición [de siete meses y un día] tan excesiva porque no tiene parangón en las actuaciones disciplinarias de los últimos años», sostiene Azparren, «no se tienen en cuenta las innumerables circunstancias favorables que han sido puestas de manifiesto en este recurso». Para el Pleno del Consejo, «la persistencia de la conducta infractora durante más de tres años, la magnitud del descontrol y la falta de supervisión, el número de asuntos afectados, la injustificada paralización durante años (...) y la falta de competencia demostrada para la gestión de la instruccion son factores que agravan la culpabilida d y justifican la proporcionalidad de la sanción impuesta» con la derivada de la pérdida de destino, «de ineludible aplicación». La defensa de la juez pedirá al Supremo la suspensión cautelar de la sanción En declaraciones a este periódico, el abogado de Pilar de Lara, Agustín Azparren, confirmó que el CGPJ notificó la sanción el pasado 8 de octubre, fecha a partir de la cual empiezan a contar los dos meses de plazo para presentar recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Así, la fecha límite será el 9 de diciembre. La defensa de la juez comunicó al CGPJ la intención de plantear recurso judicial ante el Supremo, y solicitar en paralelo la medida cautelar de la suspensión en la ejecución de la sanción. «Nos han contestado que esperarán a que resuelva el TS la medida cautelar» antes de pronunciarse sobre la ejecución efectiva de la sanción, que provocará la salida de Pilar de Lara de su juzgado. En estos momentos, Azparren trabaja «en la solicitud de la medida cautelar que va antes que la formulación del recurso».

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La Fiscalía reclamará sólo a tres de los exconsejeros huidos

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto pedir en los próximos días al juez Pablo Llarena que, al igual que hizo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , reactive las euroórdenes sobre tres de los cuatro exconsejeros que huyeron con él hace ahora dos años. Se trata de Toni Comin, Lluis Puig —ambos en Bélgica— y Clara Ponsatí, quien se encuentra en Escocia. Según señalaron a ABC fuentes del Ministerio Público, mientras que Comin y Ponsatí serían reclamados por sedición y malversación de fondos públicos, en un nivel similar de responsabilidad a la que tuvieron los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años, Lluis Puig lo sería sólo por el segundo de estos delitos. Respecto a la cuarta exconsejera huida, Meritxell Serret, la Fiscalía no tiene previsto ni pedir al instructor que la reclame, porque su situación sería parecida a la de los tres exconsejeros que fueron juzgados por malversación y desobediencia y finalmente sólo fueron condenados por el segundo de estos delitos: Santi Vila, Carlos Mundo y Meritxell Borràs. Al no conllevar la desobediencia una pena de prisión —sino sólo multa—, no se contempla la euroorden para estos casos. Lo mismo sucedió en su momento con la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, quien se fugó el día que tenía que comparecer ante el juez Llarena, y tras ser procesada por desobediencia, nunca llegó a ser reclamada por este delito. Mientras que la eurroorden contra Puigdemont fue activada de forma inmediata —el mismo día de la notificación de la sentencia del «procés»—, la Fiscalía ha tenido que analizar de forma pormenorizada cómo puede afectar esa resolución al resto de procesados en rebeldía, no sólo por el delito de rebelión, que ha tenido que ser descartado en la euroorden y modificado por el de sedición, sino en el de la malversación, del que el tribunal excluyó a algunos de los exconsejeros. Actos de ejecución Aunque todos ellos suscribieron el acuerdo por el que asumían de forma solidaria los gastos que promoviera el «Govern» para el referéndum, los magistrados sostuvieron en la sentencia que «la codelincuencia exige algo más que el previo acuerdo de voluntades para delinquir». Es «indispensable», dijo el tribunal, que el copartícipe realice actos materiales de ejecución, algo que no quedó acreditado en cinco casos y que, bajo esta premisa, la Fiscalía ve difícil contemplar para Serret. Por su parte, la otra procesada en rebeldía que también será reclamada es la exdirigente de ERC Marta Rovira, en Suiza, un país en el que no rige la euroorden, sino la extradición, un procedimiento algo más largo.

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La juez vio infracción penal en las ayudas al hermano de Ximo Puig

Las posibles irregularidades en las ayudas que el Gobierno valenciano ha otorgado durante varios años a empresas administradas por el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fueron detectadas por el primer juzgado que recibe el caso. En un auto dictado el pasado marzo, Instrucción 2 de Vinaroz, en el cual el PP interpuso la querella que ha dado origen a la investigación, manifiesta que los hechos descritos en ella «hacen presumir la posible existencia de una infranción penal». Por este motivo, y no siendo suficientes las actuaciones practicadas hasta ese momento, acuerda la incoación de diligencias para determinar la naturaleza y circunstancias de lo ocurrido. Aunque se trata de un primer escrito en el que la juez aprecia indicios de delito, emitió otro a continuación de archivo al entender que no era competente, lo que derivó en que los populares presentaran la querella en Instrucción 4 de Valencia. Tras varias idas y venidas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), resolvió que fuera este último el que ha de seguir tramitando el procedimiento. El magistrado encargado acordó ayer declarar compleja la causa después de la petición de la Fiscalía de Valencia. La medida se debe a que la investigación no va a poder realizarse en el plazo de seis meses, por lo que se fija uno nuevo de 18 meses –que no tiene por qué agotarse–. Por el momento, además de la petición de documentación a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, según el PP, el próximo 10 de diciembre tendrán que declarar como imputados tanto Francis Puig como el director general de Política Lingüística (de Compromís), Rubén Trenzano. El primero por un posible delito de fraude de subvenciones y el segundo por posible malversación y prevaricación. Las ayudas en las que se indaga son las referidas al fomento del valenciano concedidas a las empresas del hermano del presidente: Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions. En total, han recibido unos 379.000 euros por ese concepto entre 2015 y 2018. Falta de Transparencia El juzgado no es el único que se ha pronunciado sobre este asunto. El Consejo de Transparencia, órgano autónomo en la Comunidad Valenciana, estimó una queja de los populares sobre el incumplimiento de la ley de Transparencia precisamente de la mercantil Comunicació dels Ports. Ésta recibió subvenciones varios años por encima de 100.000 euros, lo cual supone, según la norma, que las cantidades deban de ser publicadas. La empresa alegó que no cuenta con una web en la que dar respuesta a esa obligación, aunque el semanario digital «comarquesnord.cat» se encuentra vinculado a ella. «¿Cómo es posible que reciba dinero público para el fomento del valenciano en medios digitales y no tengan web para publicitarlo?», se preguntaba ayer la número dos del PPCV, Eva Ortiz, para pedir seguidamente la comparecencia del presidente de la Generalitat en las Cortes el 7 de noviembre. Algo que no tiene visos de ocurrir a juzgar por las palabras del propio jefe del Consell, quien ayer señaló que no ha tenido «ninguna actuación directa» en las subvenciones. Tras mostrar su «absoluta confianza» en la Justicia y en los funcionarios de la Administración, trató de restar importancia a la investigación. «No estamos hablando del gran caso político ni de chorradas de este tipo que no tienen ningún tipo de sentido», indicó. Sobre si va a hacer algo al respecto, comentó que «el presidente se ocupa del interés general de los valencianos», que no se trata de un tema «que afecte a la gobernabilidad» y que el PP puede «inventar lo que quiera y hacer su teatro de marionetas».

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Los huelguistas tratan de ocupar el centro de Barcelona

Ante el fracaso de la huelga en los campus catalanes, los independentistas optaron por diversificar sus acciones y llevarlas a la calle. Concretamente, al centro de Barcelona. Así, mientras en algunas facultades los alumnos convocaron acciones reivindicativas que pasaron casi desapercibidas por su escaso seguimiento, un grupo de universitarios (no convocados por ningún sindicato) iniciaron una acampada en la plaza Universidad, frente al edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB). Les arroparon estudiantes de instituto que ayer secundaban su primer día de huelga de los dos convocados por el Sindicato de Estudiantes. Pasado el mediodía, los concentrados apenas alcanzaban el centenar —unas 50 tiendas de campaña—, pero poco a poco fueron sumando apoyos a través de las redes y a primera hora de la tarde un grupo de estos jóvenes, autodenominados «La generación del 14 de octubre» (por el día que se hizo pública la sentencia del «procés») cortaron la Gran Vía de Barcelona. «Sin futuro» También difundieron un manifiesto en el que se reconocían como una generación «sin futuro», sin acceso a la vivienda y víctima de un sistema que amenaza «la propia existencia de nuestro planeta». «Somos también la generación 14 de octubre, la que finalmente ha dicho basta y la que exige responsabilidades a sus representantes políticos para garantizarse un futuro digno», se indicaba en el texto. La intención de los universitarios es convertir este punto en el corazón de la Ciudad Condal en un campamento autogestionado similar al que ocupó la Plaza Cataluña con el movimiento 15-M. Así, los estudiantes organizaron varias comisiones temáticas y establecieron un sistema asambleario para organizar su estancia y plantear demandas sociales. También solicitaron recursos a los ciudadanos simpatizantes a través de una «caja de resistencia». Al cierre de esta edición seguía la acampada y la Gran Vía cortada.

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Ciclismo

Entre las tribus urbanas, el ciclista es una especie en auge porque se le ha ido abriendo un bosque de itinerarios, desde que Carmena descubrió la bicicleta como prodigio último, y hasta hoy. O mejor, hasta anteayer. Porque ahora quiere usted revertir algunos carriles bici de la ciudad, empezando por el de Gran Vía de Hortaleza. Resulta que ese carril, hoy, no le parece a usted, y a los suyos, un carril de clara movilidad ciclista y, por tanto, procede darle matarile al respecto, y por la vía de urgencia. La medida no me parece mal, alcalde, y yo creo que hay que obrar del mismo modo exhaustivo en algunos otros carriles de Madrid, como el de la calle de Toledo y aledaños, o como el de la glorieta de San Bernardo y aledaños. Y cito deprisa. Estos se los cito aquí, alcalde, porque me pillan a menudo de paso, y el riesgo del ciclista y el riesgo del peatón son ahí francamente altos. Preciso. Es alto el riesgo porque en el Madrid del Centro las rutas son rutas de cuesta de muy alta categoría, y porque a menudo las rutas se anudan o se desanudan, por entrecalles, glorificando un birlibirloque de sentidos que mete al peatón directamente en el despiste. O en el extravío. No pocas veces el ciclista asoma por la izquierda, y no por la derecha, con lo que el peatón vive entre la sorpresa y el susto. Esto ocurre escandalosamente en la mismísima Puerta del Sol, donde los turistas van a cruzar desde el centro de la plaza hacia Carretas, y al mirar a la derecha, por si viene un taxi, resulta que les desborda por la izquierda un ciclista resuelto que prospera tan alegre, como si aquello fuera el Retiro. Hemos citado aquí algunos tramos del Madrid céntrico, o castizo, donde se advierte un riesgo claro a nada que uno ejerza de paseante, pero hay más. El tramo de la calle de Alcalá, Cibeles arriba, Cibeles abajo, incluye el ciclismo como deporte de alto riesgo. Y cuando decimos alto riesgo incluimos ahí al piloto del velocípedo, al transeúnte inocente y al del coche de Madrid Central. La bici está bien. Si tiene su mapa.

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Dos hermanos roban 2.000 kilos de piñas de los parques de Vallecas

La Policía Municipal incautó la tarde de este miércoles 2.000 kilos de piñas piñoneras, que habían robado dos hermanos de los árboles de los parques del distrito de Villa de Vallecas. Los agentes localizaron a los dos varones en la calle Diego Olivera Victorio, mientras sacaban los sacos con las frutas de una furgoneta que estaba «hasta arriba», según ha explicado un portavoz de la Policía a Europa Press. 🚨Dos agentes de #VilladeVallecas encontraron en un vehículo 2.000kg de piñas. Explicaron que las habían cogido en un parque situado en el distrito. 🙄 🤔 Fueron a por piñas ... y se dieron un piñazo ‼️ 🚚 ➕🍍🔜👮‍♀️👮‍♂️#BuenTrabajo 👏👏 pic.twitter.com/LqmghxpRDz— Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) October 30, 2019 La pareja reconoció que ellos mismos habían recogido la fruta de varios parques. Pero, aunque se pueda pensar lo contrario, las piñas no se pueden coger. Por ello, los policías extendieron una denuncia por la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano y precintaron el vehículo hasta que llegaron efectivos del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) para llevarse la fruta a un centro de tratamiento.

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Pacma presenta 30.000 firmas contra el plan de Almeida de «exterminio» de las cotorras argentinas

El partido animalista Pacma ha entregado este miércoles en el Ayuntamiento de Madrid cerca de 32.000 firmas para reclamar al Consistorio que realice medidas de reducción «ética» de las cotorras argentinas en la capital y no se acometa su «exterminio», según inform Europa Press. Así lo ha trasladado a los medios de comunicación la coordinadora del partido en Madrid, Pilar de Mascarona, tras hacer entrega de estas firmas orientadas a buscar un «control ético» de estas aves que, a su juicio, no suponen un problema para los gorriones (especie autóctona) ni atacan a esta especie. «Los gorriones siguen en Madrid y si desaparecen no es por la cotorra ni porque la cotorra los ataque (...) a los gorriones les afecta los pesticidas, la contaminación de la ciudad...», ha apuntado la representante de Pacma para apuntar que ambas especies de aves conviven «perfectamente» en Madrid. Por ello, quiere que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, justifique su planes contra las cotorras porque «no ven gorriones descabezados» en Madrid, y convencerle de que aplique una esterilización de cotorras macho para, con el tiempo, reducir el número de ejemplares en la ciudad. La coordinadora de Pacma Madrid ha señalado que las cotorras «no han venido solas» y que han sido traídas de Argentina por personas que querían comercializar con ellas o las tenían como mascotas y luego las han soltado. «Son muy inteligentes y muy cariñosas, extremadamente apegadas a las personas con las que conviven y si están en libertad es porque se las ha soltado», ha agregado para apuntar que su «exterminio» no es algo que hoy en día «se pueda consentir». Plan en 2020 Carabante anunció a principios de mes un plan de control y reducción de cotorras en la ciudad de Madrid, ya que el número de estos animales ha aumentado en los últimos tres años un 33 por ciento y generan «diversos problemas para la conservación del ecosistema». El Consistorio estima en 12.000 ejemplares la población de esta especie. Según Carabante, el gran número de cotorras genera «diversos problemas para la conservación de la biodiversidad del ecosistema y genera problemas de salud a los ciudadanos», ha expuesto.

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Los mejores planes para disfrutar de Halloween y el Día de Todos los Santos en Madrid

La capital se engalana con motivo de Halloween y el Día de Todos los Santos. La noche de los muertos llena Madrid de las actividades más terroríficas y divertidas para disfrutar también en familia y con los más pequeños. Estaciones fantasma en el suburbano, discotecas móviles, experiencias en los cementerios y, cómo no, las montañas rusas de los parques de atracciones acompañadas de los personajes infantiles más queridos vestidos para la ocasión son algunas de las opciones para pasar uno de los días más esperados del año.

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La posguerra escrita en los tebeos

En la década de los años 40 algunos tebeos lograron deslizar algunas críticas a las penurias sociales y económicas que atravesó España en los primeros compases de la posguerra. Fueron contados los casos, dentro de un ambiente en el que cualquier soporte fue utilizado como propaganda oficial del régimen, pero muy significativos volviendo la vista atrás. Eso es lo que propone el Centro Cultural Conde Duque en su última exposición:«Los tebeos de la posguerra». Un recorrido por la España de 1940 a 1960 a través de estas publicaciones para niños, jóvenes y adultos que permite conocer la evolución de un soporte que albergó mensaje, además de entretenimiento. La muestra repasa 150 tebeos dentro de una selección con los ejemplos más arquetípicos y representativos de la época. El recorrido por la Sala Sur del centro cultural está dividida en cuatro grandes bloques en orden cronológico: «1940-45, Victoria y represión»; «1946-50, Aislamiento y autarquía»; «1951-55, El sendero hacia los pactos»; y «1956-60, Del campo a la ciudad». A través de cabeceras míticas publicadas en esas décadas, como «El Capitán Trueno», «Roberto Alcázar y Pedrín», «El Guerrero del Antifaz», «TBO», «Tío Vivo», «Pumby», «Sissi» o «Can Can» la exposición explica como ejercieron una «gran influencia» en varias generaciones de españoles. Comisariada por el coleccionista e historiador de tebeos Luis Conde, analiza algunos de los aspectos claves del contexto social y político. Entre ellos, los efectos de la censura, la propaganda política y religiosa, la derivación mercadotécnica, la influencia del cine, los cromos, la música y los discos, así como la incorporación a la juguetería en recortables y muñecos inspirados en los personajes de los tebeos. Muchos de estos objetos también se exhibirán, hasta el próximo 1 de diciembre, en vitrinas intercaladas en el recorrido. En sus paneles se explica además la transición temática que los tebeos experimentaron desde los años 40 hasta los 60. Por ejemplo, recogen la influencia que, en la década de los 50, tuvieron los acuerdos firmados entre España, el Vaticano y Estados Unidos con títulos en los que se luchó abiertamente contra el comunismo y se apoyaron las intervenciones de Estados Unidos en distintos países del mundo. La migración del campo a la ciudad, a finales de la misma década, se convirtió asimismo en un tema recurrente en los tebeos, en los que se empezaron a apreciar «síntomas de modernidad». Algunos de ellos se abrieron así a modelos que triunfaban ya en Europa como el género policiaco o la ciencia ficción. «El visitante puede hacerse una idea de lo que significaban los tebeos para las personas de la época a través del visionado de documentos cinematográficos y vídeo, también se puede tomar fotos con los personajes más populares y famosos o divertirse con las ocurrencias de los famosos “inventos del TBO”», explican desde el Cultura, Turismo y Deporte, que dirige Andrea Levy. Mesa redonda con Garci En el marco de esta exposición, el próximo lunes tendrá lugar una mesa redonda titulada «Los tebeos de nuestra infancia», en la que intervendrán el director de cine, José Luis Garci, y el poeta y ensayista, Luis Alberto de Cuenca. El encuentro entre ambos madrileños estará moderado por el director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, Emilio del Río. Se celebrará en el salón de actos del Centro Cultural Conde Duque, a las 19 horas.

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Las cinco noticias de Toledo que debes saber hoy, 31 de octubre

Buenos días, estas son las noticias del jueves 31 de octubre que debes conocer: 1. Aprobado el Plan de Empleo por la Igualdad, para cerca de 1.000 mujeres Contempla una inversión de 3,99 millones de euros, ampliables a cinco millones. 2. Arranca el «Conecta Joven 2019» con más de 30 actividades. El concejal de Juventud, Pablo García, presentó ayer el programa de ocio juvenil «Conecta Joven 2019» que contará con una treintena de actividades culturales, deportivas y artísticas para ofrecer a los jóvenes de la ciudad una alternativa lúdica «responsable, educativa y accesible a todos». Entre las propuestas, talleres, rutas, escape room, musicales y conciertos. 3. Detenido por atentado a la autoridad el cliente violento de un bar de Toledo La Policía Nacional de Toledo detuvo el pasado martes por la noche a un individuo que protagonizó un grave altercado en un bar del Paseo de la Rosa, en Toledo. La detención se produjo a las 23 horas por atentado a agente de la autoridad, según informaron ayer a ABC fuentes de la Policía Nacional y fue confirmado por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. 4. Tolón renuncia a las obras del nuevo recinto ferial de Safont El Ayuntamiento de Toledo ha iniciado el procedimiento administrativo para desestimar el contrato de obras de una primera fase enmarcada en el proyecto de recinto ferial destinada a zona de actividades al aire libre en el Parque de Safont. El Consistorio local informó, además, en un comunicado, de que este contrato se incorporará en el proyecto de parque fluvial que comprenderá desde el Puente de Alcántara hasta la rotonda del Salto del Caballo. 5. El sábado regresa el Mercado de las Flores al jardín de San Lucas Este sábado, 2 de noviembre, volverá a abrir sus puertas el Mercado de Flores dentro del espacio del Jardín de San Lucas, en Toledo. En el lugar se darán cita expositores profesionales y aficionados ligados con el verde que expondrán y venderán sus productos: viveros, floristerías, arte floral, asociaciones, huertos de ocio… El horario de apertura será de 11.00 a 14.00 h para el público asistente.

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Los «arietes contra la corrupción» de Carmena acaban en el banquillo por malversación

«¿Por qué van a tener que dimitir si no hay nada contra ellos?». La pregunta que Manuela Carmena lanzó a los periodistas en junio de 2017, tras la citación judicial de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer –entonces concejales de su Gobierno–, ha encontrado respuesta más de dos años después. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha acordado el procesamiento de los dos exediles por presunta malversación en el caso del Open de Tenis, cuando encargaron a dedo dos informes externos para denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción el convenio entre el Ayuntamiento gestionado por el PP y Madrid Trophy Promotion (MTP) por presuntas irregularidades. La exalcaldesa y exjuez negó en la fecha que Mayer y Sánchez Mato estuvieran imputados y Ahora Madrid, incluso, llegó a calificarlos como «arietes contra la corrupción». Su posición, sin embargo, contrasta ahora con la de la juez que instruye la causa, que concluye que existen indicios de una «infracción penal». En el auto, fechado el pasado día 22, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– y considera probado que tanto los dos concejales como la que fuera consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, pudieron malversar fondos públicos al saltarse el marco normativo de la empresa municipal. Los dos informes, encargados a dos bufetes externos después de que la propia Asesoría Jurídica del Ayuntamiento no hallara irregularidades, le sirvieron a Mayer y Sánchez Mato para denunciar a varios miembros del equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón por un supuesto daño a las arcas municipales en la firma del convenio con MTP, en 2011. Se hizo sin concurso público y por un importe de 24.000 y 26.000 euros, respectivamente. Así, la magistrada señala que, habida cuenta de que las normas que rigen a Madrid Destino establecen que debe elaborarse un pliego de prescripciones técnicas en servicios superiores a 50.000 euros, existe un presunto quebranto de la obligatoriedad de no trocear contratos. «Vulnera la prohibición de fraccionamiento de los objetos de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan», expone el auto. El escenario actual es que la Fiscalía Anticorrupción no solo no vio los delitos que planteaban en Ahora Madrid, sino que finalmente han acabado procesados por malversación. La juez, no obstante, no da lugar a la acusación del Grupo Municipal del PP –quien presentó la querella– de prevaricación y delito societario. El auto, contra el que cabe recurso, solicita al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares que formulen escrito de acusación antes de diez días. A espaldas del Gobierno La imputación de los concejales, entonces al frente de Economía y Hacienda y Cultura –ambos dentro de Madrid Destino–, supuso una de las grandes crisis de Gobierno en la marca municipal de Podemos. Primero, porque ignoraron su propio código ético y no dimitieron; segundo, porque presentaron la denuncia a espaldas del Consejo de Administración de la empresa pública y de la propia Carmena. Aunque la exregidora se afanó en restar importancia a este extremo, y alegó que no había «desconfianza», lo cierto es que el caso del Open de Tenis generó una gran tensión en Cibeles. Tanto, que a los pocos meses fueron destituidos; Sánchez Mato cesó de su puesto de presidente de Madrid Destino y Mayer fue apartada de Cultura. Antes de eso, no obstante, Carmena fue una más en el cierre de filas en Ahora Madrid, por encima incluso de la reprobación de la oposición en el pleno. «En calidad personal» La posición del partido ha sufrido un cambio radical en los dos últimos años, reflejo de sus luchas internas. Aunque la portavoz, Rita Maestre, hizo una defensa a ultranza de sus compañeros, denunciando una «maquinaría muy poderosa» en su contra, ayer no atendió a los medios, aunque posee el mismo cargo. En su lugar compareció el edil José Manuel Calvo, que desvinculó a ambos del Gobierno: «Es una decisión que se toma personalmente, los consejeros de las empresas públicas no están ejerciendo como representantes del Gobierno, sino en calidad personal».

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'MasterChef Celebrity 4': Ana Obregón, décima expulsada del programa

ADIÓS A COCINAS
La actriz no consiguió elaborar un buen plato con la anguila y el resto de ingredientes que tenía.

'MasterChef Celebrity 4': Ana Obregón, décima expulsada del programa

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