Infancia, familia y capacidad

En el primer Congreso de la Infancia y Adolescencia que hemos celebrado conjuntamente el Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Colegio de Abogados de Madrid y la Plataforma Familia & Derecho, ante una enorme expectación y de la mano de los más prestigiosos expertos en la materia, ha quedado patente la unívoca reivindicación de la improrrogable necesidad de especializar la planta judicial para atender de manera adecuada, ágil y satisfactoria la protección y el interés de las familias; y de forma singular el de los niños, las niñas y los adolescentes. El Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, actualmente en trámite, nos brinda la oportunidad para articular, de forma análoga a como se hizo con la violencia de género, un amparo holístico y multidisciplinar de los NNA (niños, niñas y adolescentes) basado en la prevención y el acompañamiento; como así lo señalaron las personas intervinientes en el foro, conscientes del interés que despertó no solo entre los profesionales y la sociedad civil, sino también en las autoridades, instituciones y grupos parlamentarios, quienes con atención recibieron las conclusiones alcanzadas tras dos días de responsable reflexión. A través de unos parlamentos de una calidad desbordante pudimos constatar las enormes ventajas de la especialización allí donde se han atribuido competencias en exclusiva a los Juzgados de Familia. Así, a quienes les corresponde resolver sus controversias familiares en ciudades como Madrid, Barcelona o Badajoz, son prestatarios de un servicio público de Justicia más ágil, con una dotación de recursos mayor y una respuesta más coherente con el sentir de la jurisprudencia interpretativa en este ámbito. La especialización orgánica responde a una cuestión de tutela judicial efectiva, pero sobre todo hace honor a la igualdad -prevista en el artículo 14 de nuestra Constitución- por la que la ciudadanía tiene derecho a un servicio público de Justicia en unas mismas condiciones, independientemente de su residencia. Si bien es cierto que en el retraso de la tramitación de los procedimientos subyace una lacerante falta de medios, la especialización de la planta judicial -al menos en una primera fase- sería posible mediante la reestructuración y optimización de los recursos ya existentes: así, a los actuales 148 juzgados especializados en Familia y 15 en incapacidades, sería cuestión de añadir 80 para atender de manera solvente los más de 550.000 asuntos que anualmente se registran en materia de Infancia, Familia y Capacidad; siendo ésta la nueva nomenclatura que deberían asumir los 243 Juzgados resultantes tras la reordenación del mapa judicial propuesta en las jornadas. Solo así conseguiremos reducir el irreversible efecto del transcurso del tiempo que tan graves consecuencias tiene en la estabilidad emocional de los NNA; a quienes debemos considerar como víctimas directas de los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar y a quienes debemos escuchar y reconocer como sujetos activos con capacidad para participar en la decisión de las medidas que les afectan, en consonancia con las últimas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La ley actualmente en proyecto pretende mejorar la coordinación entre los operadores, evitar la revictimización secundaria de los NNA e impulsar una formación continua y específica de todos los agentes implicados para prevenir, detectar y atajar situaciones de riesgo y desamparo de forma más eficaz. Un propósito por el que debemos avanzar juntos para ofrecer a los NNA y las personas con discapacidad el apoyo y el acompañamiento que por Justicia merecen, pues como aseveró la directora ejecutiva de Unicef Henrietta H. Fore, «ayudar a salvar las vidas de los niños, luchar por sus derechos y ayudarlos a alcanzar su potencial», contribuye al progreso de la humanidad bajo los principios de libertad y justicia. Maria Eugènia Gay Rosell es decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

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