El Congreso tramitaba dos proposiciones de ley sobre igualdad retributiva o laboral entre hombres y mujeres cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones. Uno de los textos había sido impulsado por el PSOE y el otro por Unidos Podemos. La disolución de las Cortes puso fin a su desarrollo parlamentario y rápidamente, el Ejecutivo socialista aprobó un decreto-ley de medidas para la garantía de la igualdad de trato alegando razones de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, a pesar de esta justificación, las dos proposiciones de ley habían pasado sus últimos meses varadas en la Cámara baja. Y ello a pesar de que tanto PSOE como Unidos Podemos presidían las comisiones encargadas de su tramitación, teniendo, por tanto, la capacidad de acelerar su desarrollo parlamentario. No en vano, los presidentes de cada comisión son los encargados de convocar las sesiones de trabajo. El decreto-ley aprobado por el Gobierno pretende eliminar la brecha salarial, así como garantizar la conciliación familiar y laboral. Propugna el fin de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Un contenido que late en los dos textos que se estaban tramitando. La primera proposición de ley, «para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres», fue presentada por Unidos Podemos el 24 de octubre de 2017 y calificada por la Mesa del Congreso el 6 de noviembre de ese año. El pleno la tomó en consideración el 22 de febrero de 2018 sin ningún voto en contra y concluyó el trámite de enmiendas el 28 de noviembre de 2018. A partir de aquí, los grupos dejaron que el texto encallara. El informe de ponencia, un sencillo trámite que según el Reglamento del Congreso lleva quince días, seguía abierto el 5 de marzo cuando se disolvieron las Cortes. El texto estaba en manos de la comisión de Trabajo, presidida por el diputado de Podemos Alberto Montero. El objetivo de esta ley era trasponer las actuaciones propuestas por la UE para lograr una igualdad retributiva real y efectiva, implementar un plan de acción global con reformas laborales, procesales, funcionariales o estadísticas y normas sancionadoras, así como la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad. La segunda de las proposiciones, «para garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación», fue presentada por el PSOE el 1 de agosto de 2018, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa. El pleno la tomó en consideración el 16 de octubre de 2018 con todos los votos a favor salvo una abstención y los grupos acordaron su tramitación urgente. El 19 de diciembre ya había concluido el trámite de enmiendas. Pero de nuevo este texto volvió a encallar en el informe de ponencia, que también seguía abierto cuando se disolvieron las Cortes. En este caso, el texto estaba bajo jurisdicción de la comisión de Igualdad, presidida por la diputada socialista, Ángeles Álvarez. Esta proposición proponía «la elaboración de informes de impacto de género exhaustivos, el nombramiento y la designación equilibrada de cargos públicos, la promoción de la igualdad en la negociación colectiva y ciertos permisos ligados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». También apostaba por introducir la «transversalidad de género en todas las políticas públicas».De España http://bit.ly/2DbGKtP
0 comentarios:
Publicar un comentario